Concesión del Chapelco: la justicia ordenó frenar el "saqueo" a las instalaciones del cerro

El fiscal de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, Maximiliano Breide Obeid, solicitó que se intervenga en el cerro Chapelco, para el cese de la tala (y el saqueo) en la parte superior del cerro, y toda actividad de desmantelamiento de las instalaciones. El pedido se hace en el medio de una transición, ya que el gobierno licitó la concesión del cerro de esquí más importante de la provincia de Neuquén.

El temor del gobierno provincial es que antes del inicio de la temporada invernal, haya inconvenientes en las instalaciones del cerro de esquí. Se denuncia un desmantelamiento del cerro, en las instalaciones, los equipos y el tendido eléctrico, con un riesgo ambiental latente. Es por eso que está interviniendo el Poder Judicial.

Hace una semana descubrieron una tala ilegal de muchos árboles nativos y guardafaunas de la provincia dieron aviso de inmediato al Ministerio Público Fiscal. Pero el problema es mucho más complejo, ante la nueva licitación. Se busca preservar las instalaciones, ante cualquier denuncia eventual saqueo.

tala ilegal cerro chapelco

La tala de lengas en el cerro Chapelco incendio las alarmas en el gobierno provincial que busca iniciar una temporada invernal estable.

Breide Obeid solicitó ante una jueza de garantías una medida cautelar con dos objetivos. Una que ordene a la empresa Nieves del Chapelco SA, que tiene la concesión del Cerro Chapelco, el cese de toda actividad de desmonte en el sector de la parte superior del cerro, que está en zona amarilla según la legislación nacional y provincial de bosques; y de toda actividad de desmantelamiento y retiro de bienes en el cerro.

Cerro Chapelco: las alarmas de la tala de lengas

El pedido de la medida cautelar surgió a instancias de dos hechos que quedaron bajo investigación del Ministerio Público Fiscal. El primero del 15 de marzo pasado, cuando personal guardafauna de la provincia advirtió sobre la supuesta tala de árboles lenga, para realizar un camino o pista de esquí de un ancho de 8 metros por 750 de apertura, aproximadamente.

Alrededor de cinco días después, por orden de la Fiscalía de Delitos Ambientales, se realizó un allanamiento con personal de la Policía provincial, en el que se detectó la tala de 71 árboles y la existencia de otros 75 marcados con aerosol.

Al requerir la medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal indicó que “el desmonte se produjo en una zona boscosa caracterizada como 'amarilla', por la legislación nacional y provincial”, categoría que integran los bosques de mediana conservación. Estas actividades “deben ser expresamente autorizadas y compatibles con el mantenimiento de los servicios ambientales que dichos bosques nativos prestan a la sociedad, situación que no se acredita en el caso”.

En tanto que se informó que el segundo hecho tiene que ver con una situación denunciada el 27 de marzo de este año por la fiscalía de Estado de la provincia, a través de la cual advirtió que desde la empresa Nieves del Chapelco SA, tuvieron conductas que “ponen en riesgo el ambiente, por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en el suelo, y por el desmantelamiento de equipos eléctricos del cerro, con riesgo de incendio para tales instalaciones y el bosque circundante”.

Se planteó que el vertido de líquidos cloacales “sería consecuencia de la rotura intencional de los caños de instalación de los baños”, en la zona del “parador Rancho Grande”, que generó que efluentes cloacales sin tratamiento sean vertidos directamente al suelo, poniendo en riesgo el curso de agua cercano y las aguas subterráneas del predio”. Además, se indicó que “en el parador Mallín se retiraron módulos sanitarios”, al igual que en la base del cerro y las cotas 1.600 y 1.700, “dejando expuestos los caños cloacales sin protección para el ambiente y la fauna”.

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El gobierno llamó a licitación para la concesión del cerro Chapelco. Pero la transición parece desordenada con las denuncias de tala de árboles y desmantelamiento de instalaciones.

El agravante de esta situación es que un arroyo aguas abajo atraviesa el paraje Payla Menuco donde habita la comunidad mapuche Curruhuinca, “poniendo en riesgo su salud”.

También se mencionó que, de acuerdo a un informe del Ministerio de Turismo de la provincia, existe “inminente riesgo de incendio, debido al daño del sistema eléctrico producto del desmantelamiento del mismo y de la presencia de cableado visible, sin protección”.

Entre los argumentos para requerir la medida cautelar, el fiscal jefe destacó que existen antecedentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que habilitan al MPF a “adoptar y peticionar medidas urgentes tendientes a impedir la comisión de un ilícito denunciado continúe, incluso, cuando los resultados de las pericias requeridas en la investigación se encuentren pendientes. Esto, conforme los principios de política ambiental y a fin de mitigar la producción de los presuntos daños ambientales y su impacto en la salud pública, en resguardo de los derechos de jerarquía constitucional…”.

La jueza hizo lugar a la cautelar

La jueza de garantías Carolina González, hizo lugar a la medida cautelar el viernes pasado y, tal como lo requirió el MPF, dispuso “ordenar el cese de toda actividad de desmonte; el cese de toda actividad de desmantelamiento y retiro de bienes del “Complejo Cerro Chapelco”, de propiedad del Estado Provincial y bajo concesión de la empresa “Nieves del Chapelco SA.

Sostuvo que se autoriza a la Policía de la Provincia del Neuquén a notificar la presente orden al encargado o personal de mayor jerarquía de Nieves del Chapelco SA en el establecimiento “Complejo Cerro Chapelco” u oficina comercial existente en la localidad; y, a la Unidad Fiscal requirente a solicitar la cooperación de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, a través de Policía de dicha ciudad, se notifique la orden en la sede social de la empresa Nieves del Chapelco S.A, en Ciudad Autónoma De Buenos Aires”.

Sobre la duración de la medida cautelar, la magistrada estableció que “subsistirá mientras duren las circunstancias que las determinaron; o se disponga judicialmente lo contrario”.