Cooperativa 127 Hectáreas: los damnificados ocupan el ministerio y esperan una respuesta

Un grupo de damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas inició este martes una medida de permanencia dentro del edificio del Ministerio de Infraestructura de Neuquén, que conduce Tanya Bertoldi. Afirman que no se retirarán hasta que la ministra o su coordinador los reciban y les den una respuesta concreta.

Un grupo está adentro del edificio de la calle La Rioja casi Carlos H Rodríguez, mientras que, otros socios permanecen en la puerta con carteles que explican la situación a quienes pasan.

"Estamos acá con los compañeros del colectivo de damnificados, que hace más de dos años venimos luchando judicialmente y a la vez presentando notas en el Ejecutivo provincial", explicó a LM Neuquén Víctor Guerrero, uno de los socios afectados.

"Vamos a hacer estas medidas de permanencia hasta que no venga la funcionaria. Nosotros no nos vamos a retirar del lugar", advirtió.

Cooperativa 127 Hectáreas: "Aún no tenemos respuestas"

Según relató, en el lugar ya se montó un protocolo de seguridad con la Policía de Neuquén y, hasta el momento, solo tuvieron contacto con empleados del ministerio. "Hasta ahora no nos dan respuesta sobre los dos escritos que hemos pedido, por la audiencia y por una solución habitacional", sostuvo.

El reclamo es por las familias que pagaron durante años lotes y viviendas que nunca recibieron. "La gente viene pagando hace más de década y media", dijo Guerrero.

Y describió el perfil de muchos de los afectados. "Son adultos mayores que ya tienen arriba de 70 años esperando una vivienda hace más de 15 años, gente con discapacidad, con prioridades", dijo.

El malestar también apunta al contraste con la agenda oficial. "El gobierno provincial vive anunciando entrega de lotes y de viviendas y a los damnificados no nos están dando ninguna solución", se quejó.

Jorge Salas en el juicio por la Cooperativa 127 Hectáreas y los abogados de la querella por el estudio de Mariano Mansilla.

Guerrero dirigió sus críticas contra Jorge Salas, expresidente de la cooperativa, quien además fue funcionario provincial como director de Hábitat del IPVU hasta su renuncia en febrero de 2025, cuando estallaron las denuncias.

"Como es de público conocimiento, fuimos estafados por un funcionario provincial", afirmó el damnificado. Salas y los otros acusados no tienen condena y rige para ellos la presunción de inocencia.

Una comisión auditora con plazo vencido

La ocupación fue en el Ministerio de Infraestructura donde los damnificados encontraron, a mediados de este año, el primer gesto fuerte del Estado. A partir de sus reclamos, Bertoldi y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, firmaron una resolución conjunta que creó una Comisión Auditora interministerial para investigar las tierras del IPVU/ADUS cedidas en tenencia precaria a la cooperativa.

Esa comisión debía revisar poco más de 38 hectáreas de la ex chacra La Sirena, que la Provincia recibió del Estado nacional en 2003 a cambio de obras para el Ejército, y que fueron entregadas a la cooperativa mediante los decretos 790/10, 1800/12 y 963/15.

El objetivo era detectar ocupaciones o construcciones sin autorización e individualizar a las personas y empresas que planificaron, financiaron o ejecutaron esas obras.

El lote de La Meseta que quedó fuera del ejido municipal durante la ampliación en la Legislatura de Neuquén.

El plazo fijado para el informe final era de 60 días desde la notificación de sus integrantes, prorrogable. Ese tiempo ya transcurrió.

La causa penal avanza

En paralelo, el frente judicial tuvo su paso más importante en septiembre. El 4 de ese mes, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos por estafas reiteradas contra Salas y otras dos integrantes de la excomisión directiva, Roxana Huircaman y Beatriz Lebrero, por 49 hechos vinculados al loteo de La Meseta, tierras que quedaron fuera del ejido de la ciudad de Neuquén. La acusación está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero.

El magistrado declaró la causa compleja y otorgó seis meses de investigación. Además, le dio a la Fiscalía dos meses más para formular cargos en el expediente de Sirena Unificada, donde se tramitan otras denuncias contra la entidad.

Al expediente se sumó ATEN como querellante, que reclama 44 viviendas adeudadas a docentes afiliados y calificó el esquema como un "fraude institucionalizado". Referentes de los damnificados sostienen que los afectados podrían superar las 1.400 personas, con aportes de entre 5.000 y 8.000 dólares cada una.

"No nos vamos"

Para los damnificados, la vía judicial castiga pero no devuelve casas. Por eso insisten en que la respuesta habitacional tiene que venir del Estado provincial, que durante años tuvo a la cooperativa como aliada en su política de vivienda y le cedió tierras públicas.

"Se llevaron todos los ahorros que teníamos", resumió Guerrero desde el interior del ministerio. La medida, aseguran, seguirá hasta que alguien con capacidad de decisión se siente a escucharlos.