¿Cuándo y por qué cerrarán los Parques Nacionales en la Argentina?

De cara al inicio del juicio oral por la causa que investiga la lamentable muerte de dos niños debido a la caída de un árbol en un camping de San Martín de los Andes, los trabajadores de todos los Parques Nacionales del país realizarán medidas de fuerza en apoyo a los cuatro guardaparques que están imputados por homicidio culposo agravado por el número de víctimas y lesiones graves culposas.

En ese marco, desde la Intendencia del Parque Nacional Lanín informaron que desde el lunes 30 de octubre hasta jueves 2 de noviembre inclusive no habrá atención al público en las sedes administrativas y operativas de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé, Centro de Visitantes y Museo. No obstante, remarcaron que están aseguradas las guardias mínimas, en caso de emergencias y rescates.

La medida tiene alcance nacional dado que desde el próximo lunes (día en que comienza el juicio en el Tribunal Oral Federal de Neuquén) y y hasta el jueves 2 de noviembre cerrarán sus puertas el Parque Nacional Lanín, Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, el Parque Nacional Chaco, y el área del Valle Encantado en el PN Los Cardones.

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El jueves 2 de noviembre, en tanto, se suman con restricción total El Palmar, Monte León, Leoncito, Talampaya, Quijadas, Arrayanes, Huapi, Alerces, Chaco, Cardones, Pre-Delta, Iberá, Mburucuyá, Bosques Petrificados de Jaramillo, Ciervo de los Pantanos y el Parque Nacional Iguazú.

Luego de aconsejar a los visitantes que consulten las redes de cada Parque o se contacten de manera telefónica para obtener información respecto a las actividades que pueden realizar o no, el cuerpo de guardaparques pidió "disculpas por las molestias que puedan ocasionar estas medidas" y solicitaron "comprensión dado que la perspectiva de responsabilizar a los guardaparques por las consecuencias de los fenómenos naturales pondría en riesgo el turismo y la posibilidad de visitar las áreas protegidas".

Un año nuevo marcado por la tragedia

El hecho ocurrió el 1° de enero de 2016 en el complejo Lolen. Los fuertes vientos ocasionaron la caída de un roble pellín de 40 metros provocando la muerte de Matías Mercanti y Martina Sepúlveda, de 7 y 3 años. Los niños se encontraban pasando el día junto a sus familiares en el camping ubicado en Bahía Catitre, a orillas del lago Lácar.

Santiago Martínez Winter, el abogado defensor de dos de los guardaparques acusados, manifestó en varias ocasiones que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables. "Cuando me refiero a causas naturales, hablo de factores climatológicos, geológicos y lacustres”, señaló en una nota con Realidad Sanmartinense.

"Nos solidarizamos con los familiares. No debe haber nada tan doloroso como la muerte de un hijo”, recalcó el letrado, para luego expresar: "El Parque Nacional Lanín tiene 412 mil hectáreas. Es imposible controlar cada árbol. Estando dentro de un área protegida existen riesgos que hay que asumir desde el momento en que se ingresa. En este caso se cayó un árbol, pero podría ser una picadura de avispa, el ataque de un puma, un resbalón y la caída por un barranco. No se le puede atribuir al personal de la Administración de Parques Nacionales, ni a mis defendidos ni a los otros, ni a ninguna persona física, la responsabilidad de lo que es un suceso natural”.

El Parque Nacional Lanín es área protegida y está en el centro de la polémica.

El Parque Nacional Lanín es área protegida y está en el centro de la polémica.

“Si la Justicia entendiera que un fenómeno natural es responsabilidad humana, habría que cerrar el acceso al público en todos los parques nacionales, porque no se puede garantizar en un cien por ciento la seguridad en un área agreste y salvaje”, añadió. “Jurídicamente, es completamente ridículo”, advirtió.

“Basándonos en los peritajes que se realizaron, se habla de un árbol añejo, en una propiedad privada, que no estaba al lado de un fogón ni de una oficina ni nada parecido”, dijo para luego cuestionar el accionar de la fiscal provincial.

“Ordenó detener a funcionarios públicos nacionales, algo que es improcedente porque está fuera de su jurisdicción. Debería haberse declarado incompetente y delegado el tema a la Justicia federal”, señaló. "Además se designó como defensor oficial al marido de la fiscal, algo que es completamente incompatible”, advirtió.

"Por otro lado, ordenó la destrucción de la prueba fundamental: el árbol, que estaba sano y en la mitad de su vida", indicó Winter. “El hecho se ha utilizado con algunos fines políticos. La tarea de una fiscal, sea provincial o nacional, no es realizar marchas con familiares, sino trabajar en un despacho y llevar adelante una investigación en el caso que le competa”, postuló.