A 50 años del golpe del 24 de marzo: detenciones, desapariciones, centros clandestinos y quienes fueron las víctimas del terrorismo de Estado.
El centro clandestino de represión La Escuelita.
A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los registros oficiales permiten dimensionar el alcance del terrorismo de Estado en la Norpatagonia. En Neuquén y Río Negro, al menos 390 personas fueron detenidas durante la última dictadura cívico-militar, de las cuales 54 permanecen desaparecidas, según datos del Observatorio de Derechos Humanos.
El relevamiento incluye casos ocurridos entre 1974 y 1983 dentro de la Subzona 5.2, una jurisdicción militar que abarcaba la totalidad de Neuquén y gran parte de Río Negro. Esa estructura formaba parte de la Zona de Defensa 5, bajo el control del V Cuerpo del Ejército con asiento en Bahía Blanca, lo que explica el traslado de detenidos hacia centros clandestinos fuera de la región.
La información sistematiza no solo la cantidad de víctimas, sino también su perfil, los lugares de detención y la lógica operativa de la represión. De las personas detenidas, más del 50% tenía entre 20 y 29 años, mientras que un 17% se ubicaba entre los 30 y 34 años. Se trata, en su mayoría, de una población joven, con inserción en espacios de militancia política, social o sindical.
El informe también señala que 336 personas recuperaron su libertad dentro de la subzona, mientras que otras 31 que residían en la región continúan desaparecidas tras haber sido detenidas en otros puntos del país. A su vez, al menos 25 fueron asesinadas en operativos que luego fueron presentados como enfrentamientos.
Estructura represiva
La organización territorial del sistema represivo fue clave para su funcionamiento. La Subzona 5.2 operó bajo el comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña, con sede en Neuquén capital, y articuló acciones con fuerzas federales y de seguridad.
En ese esquema, se identificaron al menos 27 centros clandestinos de detención en la región. Entre ellos, se destacaron la Unidad 9 de Neuquén y “La Escuelita”, que funcionó en el predio del Batallón de Ingenieros 181. En estos lugares se concentró la mayor cantidad de personas detenidas.
Además, comisarías, delegaciones policiales y dependencias de fuerzas federales funcionaron como espacios de detención ilegal, donde se realizaron interrogatorios bajo tortura. La clandestinidad no residía necesariamente en la ubicación de estos lugares, sino en las condiciones en las que permanecían las víctimas.
Una parte significativa de los detenidos fue trasladada a otros centros fuera de la subzona, principalmente a la Unidad 6 de Rawson y a “La Escuelita” de Bahía Blanca, lo que evidencia la articulación del aparato represivo a escala regional.
Las víctimas
El 28% de los detenidos eran obreros: como albañiles, pintores o jornaleros. También se registró un 3% de trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera. El ámbito universitario aparece como otro foco de persecución. El 19% de las víctimas eran estudiantes, el 4% docentes y el 3% no docentes.
También se identificaron profesionales (12%), docentes de nivel primario y secundario, comerciantes y empleados administrativos. En menor proporción, hubo funcionarios públicos, técnicos y estudiantes secundarios.
En términos de militancia, el 23% de los casos correspondía a integrantes de la Juventud Peronista, seguido por el PRT-ERP (19%) y Montoneros (18%). También se registraron militantes sindicales, religiosos y barriales, lo que muestra la diversidad de espacios alcanzados por la represión.
Operativos y secuestros antes y después del golpe
El informe detalla que los operativos comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. En agosto de 1975, por ejemplo, se registraron detenciones en el barrio Sapere de Neuquén, vinculadas a reclamos por vivienda. En septiembre de ese año, fueron secuestrados exiliados chilenos en Cipolletti.
Tras el golpe, la represión se intensificó. En marzo de 1976 se registraron alrededor de 100 detenciones en la región. En junio de ese año, un operativo dirigido contra el PRT-ERP terminó con al menos 32 personas secuestradas.
También se documentaron detenciones de docentes rurales, abogados y militantes sociales en distintas localidades, así como acciones vinculadas a visitas oficiales, como ocurrió en 1979 durante la presencia de Jorge Rafael Videla en San Martín de los Andes.
El informe registra al menos cinco nacimientos en cautiverio en la región y seis niños fueron detenidos junto a sus padres durante operativos.
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