A través de la Subsecretaría de Articulación y Control de Gestión, las autoridades asisten a cinco de las ocho familias víctimas del dramático episodio.
El incendio que destruyó por completo una colchonería del Bajo neuquino continúa generando consecuencias para las ocho familias que vivían en los departamentos ubicados sobre el comercio, en Félix San Martín al 350. Tras perder sus hogares y quedar imposibilitadas de recuperar sus pertenencias, los damnificados comenzaron a recibir asistencia del Gobierno provincial para afrontar la emergencia.
A través de la Subsecretaría de Articulación y Control de Gestión, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, las autoridades pusieron en marcha un operativo de acompañamiento que contempla alojamiento provisorio, asistencia económica y asesoramiento jurídico gratuito.
En diálogo con LM Neuquén, la subsecretaria Claudia Braceras confirmó que actualmente trabajan con cinco de las ocho familias afectadas y explicó que el objetivo es garantizar una respuesta inmediata, mientras se buscan soluciones habitacionales definitivas.
"Estamos en proceso, esto no es una ayuda de un día", aseguró. Además, detalló que el equipo de servicio social tomó contacto con los damnificados el lunes por la noche, luego de conocer la situación en la que se encontraban.
Alquilaron un complejo de departamentos para las familias afectadas
Según explicó Braceras, inicialmente las familias fueron alojadas en un espacio dispuesto por la colchonería, aunque esa asistencia fue limitada. Ante la necesidad de garantizar un lugar seguro para los damnificados, desde Provincia se dispuso el alquiler de un complejo de departamentos amueblados, donde las familias podrán permanecer durante los próximos días.
La funcionaria precisó que se ofreció un departamento a cada uno de los cinco grupos familiares con los que lograron establecer contacto. Sin embargo, señaló que algunos damnificados todavía evalúan si aceptarán la propuesta.
"Hay un par de familias que están muy conmocionadas por lo que ha pasado, están muy enojadas con la colchonería y están decidiendo si van a querer ese alojamiento o si van a querer permanecer en el lugar para presionar a los responsables del siniestro", indicó.
Respecto de las otras tres familias afectadas, Braceras aclaró que hasta el momento trabajaron con las cinco que pudieron reunir y que se contactaron con el organismo.
Asistencia económica y acompañamiento
Además de garantizar un alojamiento temporal, Braceras confirmó que solicitaron autorización al área de Hacienda para disponer de recursos correspondientes al programa de vulnerabilidad, aprobado por decreto, que permite intervenir ante situaciones catastróficas y siniestros.
La funcionaria señaló que la asistencia resulta fundamental debido a que los damnificados debieron abandonar sus viviendas de manera repentina y, en muchos casos, perdieron sus pertenencias.
El acompañamiento no se limitará a la emergencia inicial. Según adelantó, el Ministerio también prevé colaborar con las familias para que puedan acceder a un nuevo alquiler y recuperar parte de los elementos necesarios para comenzar de nuevo.
"Vamos a acompañar la entrada en alquiler de las familias en la vivienda definitiva que elijan y vamos a acompañar con un amoblamiento y enseres mínimos", detalló.
La intención es que, una vez superada la primera etapa de asistencia, los damnificados puedan instalarse en viviendas cuyos alquileres estén en condiciones de afrontar con sus propios ingresos.
"Vamos a acompañarlos en esta primera quincena y después vamos a acompañarlos en la entrada en un alquiler que ellos consideren que después puedan seguir pagando, porque es gente trabajadora que tiene sus recursos y vamos a ayudarlos a equiparse", sostuvo.
Asesoramiento jurídico y posibles acciones contra los responsables
Otro de los aspectos centrales del acompañamiento estatal será el asesoramiento jurídico gratuito para las familias que perdieron sus viviendas.
Braceras confirmó que se ofreció una reunión con el equipo de abogados de la cartera de Trabajo para orientar a los damnificados sobre los pasos legales que pueden seguir. El objetivo es unificar la información que recibieron de distintas instituciones y brindarles herramientas para evaluar posibles reclamos por los daños sufridos.
La subsecretaria aclaró que el Gobierno todavía no tomó contacto con los propietarios de la colchonería, debido a que necesita contar con la autorización de las familias para intervenir en esas gestiones.
En ese contexto, la funcionaria no descartó que el propio Estado provincial pueda iniciar acciones para reclamar el reintegro de los fondos públicos destinados a la asistencia, en caso de que se determine la responsabilidad civil correspondiente.
"Esto no quita que tengan la posibilidad de hacer, tanto ellos como nosotros desde el Estado, todas las acciones judiciales que correspondan o extrajudiciales para que la empresa que causó el siniestro responda por estos daños", concluyó.
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