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Estafa con los planes sociales: en el segundo semestre se haría el juicio

El fiscal Pablo Vignaroli dijo que trabaja a contrarreloj para terminar de fundar las acusaciones y mantener en prisión a los imputados hasta que sean juzgados.

Apuran la investigación contra los imputados por estafar a la provincia con el cobro de planes sociales para llevar el caso a juicio en el transcurso del segundo semestre de este año. El fiscal Pablo Vignaroli declaró que en su dependencia trabajan con peritos informáticos en el procesamiento de los datos recabados de los dispositivos que fueron secuestrados en el marco de la causa.

"Es un trabajo muy arduo peritar todo lo secuestrado en relación a esta estafa. Estamos en una una etapa de trabajo en la cual estamos queriendo apuntalar todas las evidencias que tenemos. Nos falta procesar información", dijo el funcionario judicial en una entrevista con la radio LU5.

"Estamos trabajando con un efectivo policial que se encarga de analizar toda la información que ya descargamos de todos los dispositivos electrónicos secuestrados y a medida que van surgiendo novedades nosotros vamos llevando adelante otro tipo de medidas o pidiendo informes o renovando algún tipo de informe relacionado con situaciones financieras", agregó.

Los investigadores son presionados por los tiempos, el 10 de julio quedarían sin efecto las prisiones preventivas en el marco del caso, si no se suman pruebas para fundamentar una prórroga de esa situación. Para entonces, la Fiscalía espera fundamentar las acusaciones de modo de elevar la causa a juicio. Vignaroli consideró que en la segunda mitad del año podría sustanciarse el debate oral y público. "Si todo sigue como va para esa época se podría hacer el juicio", sostuvo.

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Pablo Vignaroli

Pablo Vignaroli

En el marco de la causa por la estafa al fisco con los planes sociales de la provincia se ordenó el embargo de diversas propiedades, entre las que se cuentan algunas cuya adquisición se sospecha que se hizo con fondos mal habidos y otros que habían sido comprados con anterioridad al inicio de la presunta comisión de delito. En concreto, un tribunal dejó sin efecto el embargo de una casa y dos vehículos comprados por un imputado antes de que comenzara el presunto delito investigado.

El tribunal que desafectó esos bienes del embargo consideró que no era procedente la medida porque la adquisición de los mismos no podía vincularse con el presunto robo al Estado. Vignaroli informó que la Fiscalía apeló la decisión ante el máximo tribunal de justicia de la provincia por considerar errada la interpretación que desembargó los bienes en cuestión.

Vignaroli defendió el embargo de bienes como herramienta para recuperar los fondos robados, sin necesidad de que los bienes a embargar hayan sido comprados con el dinero producto del delito investigado.

"Es una cuestión muy técnica nosotros hemos recurrir al Tribunal Superior de Justicia porque entendemos que que no es así. El Código Penal no solamente habilita embargar acceso bienes sujetos decomiso, que son los que fueron obtenidos con con dinero mal habido o que son productos de la maniobras, sino que también permite embargar bienes para hacer frente a los efectos del delito y uno de los efectos en este caso es el prejuicio económico al Estado. Nosotros entendemos que tenemos que asegurarle al estado la posibilidad resarcimiento con bienes de quienes le causaron el daño", se explayó el funcionario del Ministerio Público.

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