Estafa con planes sociales: por violar la domiciliaria, a Pablo Sanz le dieron seis meses de prisión preventiva

Después de trascender que Pablo Sanz, uno de los cabecillas de la organización criminal que va a juicio por defraudar en más de 153 millones al estados, había violado el lunes la prisión domiciliaria, la fiscalía ordenó su demora y en una audiencia realizada este mediodía se definió su detención en prisión preventiva por un plazo de seis meses.

La audiencia se realizó en la sala 11 de la Ciudad Judicial y el fiscal de Delitos Económicos Juan Manuel Narváez brindó los fundametos de la violación de la medida judicial que estaba cumpliendo en su domicilio el imputado Pablo Sanz. Ante los elementos presentados el juez Lucas Yancarelli resolvió revocar la domiciliaria y dictarle seis meses de prisión preventiva. De esta forma, perdió el beneficio de poder estar en su casa con su familia.

Sanz estaba con el beneficio de la domiciliaria desde noviembre del año pasado y llegará a juicio acusado por los delitos asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial.

La maniobra de estafa con cheques y tarjeta superó los 153 millones de pesos que estaban destinados a subsidios por desempleo.

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El fiscal Juan Manuel Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli enviaron a prisión efectiva a Pablo Sanz.

Claudio Espinoza

Así incumplió la domiciliaria

De acuerdo lo relevado por LMNeuquén y ratificado por el fiscal en la audiencia de este mediodía, el lunes, pasadas las 20:30 surgieron varias alertas de salidas no permitidas en el sistema del Centro de Despacho y Emergencias que monitorea estos casos.

En total se trató de 14 salidas del domicilio regresando en cuestión de minutos. Supuestamente, iba y volvía a una casa vecina. Toda salida tiene que ser autorizada y Sanz incumplió incluso en horario nocturno.

El fiscal Juan Manuel Narváez solicitó un informe y ordenó en la mañana de este martes el traslado de Pablo Sanz a la Comisaría Primera que fue trasladado en móvil y sin oponer resistencia alguna.

La fiscalía solicitó una audiencia para revocar el beneficio y así obtuvo la prisión preventiva, es decir tras las rejas, de Pablo Sanz.

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Pablo Sanz, acusado por los delitos asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial, ingresó a la audiencia de donde le revocaron la domiciliaria y salió esposado rumbo a una alcaidía donde permanecerá detenido.

Claudio Espinoza

El rol de Sanz en la defraudación

Néstor Pablo Sanz, era el director de Fiscalización de la Unidad de Gestión de Planes y como cabecilla de la maniobra se encargaba captar/reclutar a personas que introducían como beneficiarios falsos y coordinaban la extracción de dinero en efectivo mediante la utilización de tarjetas de débito y el cobro de cheques.

Las mismas tareas las realiza Sanz en conjunto con Marcos Ariel Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas.

Además, Pablo Sanz se benefició económicamente y también desvió fondos a su pareja Isabel Natalia Montoya y su ex Valeria Noemí Honorio. Ambas involucradas en la maniobra.

Con esos fondos públicos, Montoya adquirió un terreno en un barrio privado de Plottier y montó un centro de estética en Centenario. En tanto, Honorio adquirió un terreno en un barrio privado de Plottier donde instaló una casa prefabricada.

estafa planes sociales Ricardo Soiza, Abel di Luca, Pablo Sanz y Marcos Osuna

Ricardo Soiza, Abel di Luca, Pablo Sanz y Marcos Osuna, señalados como los principales jefes de la asociación ilícita.

Los otros cabecillas

Por encima de Sanz y Osuna, pero siempre integrando el grupo de los cinco cabecillas de la maniobra había otros funcionarios de mayor rango.

Por encima de ellos, pero también cabecillas de la maniobra de defraudación que se extendió desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, había tres funcionarios más del gobierno de Omar Gutiérrez.

Orlando Abel Di Luca, quien desempeñaba el cargo de subsecretario de Desarrollo Social hasta diciembre de 2021 y luego asumió como ministro de Desarrollo Social de Neuquén.

Tomás Siegenthaler, quien como titular de la Coordinación de Administración del Ministerio de Desarrollo Social tenía la responsabilidad de iniciar los trámites administrativos para la asignación de los subsidios.

Y Ricardo Nicolás Soiza, a cargo de la Dirección Provincial de Planes Sociales, elaboraba los listados paralelos de beneficiarios, certificando que las personas incluidas habían cobrado los subsidios cuando en realidad el dinero era desviado.