La Cooperativa CALF le demanda la rendición inmediata de documentación de grandes comercios que fueron beneficiados con descuentos en las tarifas, y debían asumir un compromiso ambiental.
El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (ACIPAN), Dante Scantamburlo, fue intimado por la Cooperativa CALF. La distribuidora eléctrica le demanda la rendición inmediata y detallada de la documentación que justifique los millonarios beneficios y descuentos en las tarifas aplicados a grandes consumidores industriales y comerciales de la ciudad, que debían cumplir con compromisos ambientales.
El origen del conflicto radica en el Programa de Promoción e Incentivo a la Eficiencia Energética. Este surgió de tres convenios de colaboración mutua suscriptos con fecha 29 de noviembre de 2022, julio de 2023 y noviembre de 2023.
Estos acuerdos estratégicos contaron con el aval y la articulación de la Provincia, la Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa de servicios públicos y la entidad mercantil liderada por Dante Scantamburlo.
La iniciativa se estructuró con el objetivo primordial de incentivar el uso eficiente de la energía en el entramado productivo, promoviendo la optimización y conservación del recurso para morigerar el impacto ambiental y favorecer la incorporación de energías renovables frente al escenario de cambio climático global.
Descuentos en las tarifas a cambio de compromiso ambiental
Para dar viabilidad a esta propuesta, se acordó un esquema de importantes reducciones y descuentos directos en la facturación del suministro eléctrico, orientados de forma exclusiva a los usuarios comerciales y de servicios encuadrados dentro de las tarifas de medianas y grandes demandas, técnicamente denominadas T2 y T3.
Sin embargo, la normativa contractual fijaba un requisito para sostener este millonario alivio económico: las firmas beneficiarias debían realizar inversiones verificables y reformas de infraestructura técnica dentro de sus instalaciones operativas para garantizar un ahorro energético real.
El núcleo de la actual demanda legal expone que el rol asumido por Dante Scantamburlo conllevaba la total responsabilidad civil, penal y contractual de fiscalizar, seleccionar y auditar transparentemente a los comercios postulados, garantizando que cumplieran rigurosamente con los requisitos fijados por las autoridades.
No obstante, el seguimiento del programa se vio drásticamente interrumpido. El detonante definitivo ocurrió tras una requisitoria formal del municipio solicitando con celeridad el listado final de comercios favorecidos y el detalle pormenorizado de las inversiones ambientales realizadas por cada uno de ellos.
Al procesar la solicitud, CALF comprobó una alarmante ausencia de respuestas institucionales por parte del titular de la entidad empresaria. Según dieron a conocer, Scantamburlo acumuló reiteradas omisiones ante los requerimientos promovidos originalmente en diciembre de 2023 y ratificados a través de cartas documento en junio de 2025.
Frente a esta preocupante falta de registros que avalen las millonarias sumas de dinero descontadas, la Cooperativa le otorgó un plazo improrrogable de 48 horas hábiles para presentar las carpetas técnicas pendientes.
El incumplimiento administrativo no solo traba el flujo de información hacia las autoridades municipales, sino que además impide evaluar si el millonario esfuerzo fiscal realmente se tradujo en una disminución efectiva del consumo de energía eléctrica dentro del ejido urbano.
Las autoridades advirtieron que, en caso de no remitirse los informes que acrediten que las empresas asociadas cumplieron con las adecuaciones del sistema eléctrico, se iniciarán demandas por daños y perjuicios bajo la figura de un obrar malicioso, exigiendo la devolución total de los fondos aportados más sus respectivos intereses punitorios.
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