Juicio por la explosión en Aguada San Roque: ¿por qué eran diez acusados y quedaron seis?
Este martes se lleva adelante la segunda audiencia del juicio, que se extenderá hasta el 28 de agosto. Hay seis imputados.
Desde este lunes y hasta el próximo 28 de agosto se llevará adelante el juicio por la explosión en la Escuela 144 de Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio de 2021, que provocó las muertes de la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi.
El presidente del tribunal colegiado que está al frente del juicio, Maximiliano Bagnat, informó que se escucharán los testimonios de 108 testigos, y las audiencias se realizarán de lunes a viernes, de 9 a 17, con una pausa al mediodía. Además de Bagnat, integran el tribunal los jueces Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo.
“Estamos finalmente en esta etapa –por el juicio- de este complejísimo legajo. Debemos poner de resalto, no solo el contexto social, geográfico y sociológico de la escuela de Aguada San Roque, sino en que hay un factor común en todo el debate: la desidia”, planteó el fiscal Gastón Liotard durante su alegato de apertura. Precisó que “se trata de la falta de cuidado y de la negligencia” que atribuyó a todas las personas acusadas, funcionarios públicos o privados que intervinieron en las distintas etapas administrativas y ejecutivas de la construcción de la escuela.
Aguada San Roque: seis de diez imputados llegaron a juicio
Inicialmente los imputados en la causa fueron diez, pero finalmente seis llegaron a juicio. El primero que quedó afuera fue Gabriel Potás -quien se desempeñaba como coordinador interinstitucional de la Unidad de Planificación e Infraestructura, dependiente del Ministerio de Educación-, en octubre del 2022.
En aquel momento, la defensa del funcionario pidió la impugnación al entender que se había afectado "el derecho de defensa en juicio, el acceso a la jurisdicción y el derecho a guardar silencio como derivación de la prohibición de autoincriminación forzada". El fundamento fue que durante la investigación preliminar de la Fiscalía se le tomó declaración testimonial y luego resultó imputado. El fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consideró que se afectó su derecho de defensa.
En tanto, el 27 de marzo pasado fueron sobreseídos los únicos dos funcionarios que quedaban imputados del Ministerio de Educación: Fabio Luna (exdirector general de la Modalidad Rural del Consejo Provincial de Educación) y Patricia Cressatti (directora provincial de Nivel Primario del CPE). En ambos casos se les había imputado el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. En este caso, el juez de Garantías Mario Tommasi dispuso el sobreseimiento de ambos al entender que no estaba especificada en la acusación la norma o reglamento incumplida por los funcionarios.
Por último, el pasado 7 de junio, el TSJ confirmó la situación judicial de Eduardo Afione, maestro mayor de obras -subcontratado por la empresa Arte Construcciones-, quien accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation), por lo que no fue a juicio. El argumento fue que la pena prevista por el delito que se le atribuyó va desde 1 mes a los 5 años de prisión y, según interpretó el Tribunal de Impugnación por unanimidad, cumplía con el requisito para acceder a ese beneficio.
La decisión fue tomada por un Tribunal de Impugnación conformado por las juezas Liliana Deiub y Florencia Martini y por el juez Richard Trincheri.
En cambio, en aquel momento el mismo pedido fue rechazado para el arquitecto Diego Bulgheroni ya que los delitos que se le imputan (estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública) prevén penas más altas (de 2 a 11 años de prisión) y su situación es distinta, por lo que finalmente fue a juicio.
De esta forma, por parte de la empresa -además de Bulgheroni- también es juzgado Héctor Villanueva (socio gerente de la empresa). En tanto, los funcionarios públicos que están en banquillo son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (director de Obras Contratadas).
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