La paritaria de Sejun cosecha críticas contra la "casta judicial" de Neuquén

La paritaria del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) quedó estancada y bajo la lupa en las finanzas, donde el lema “no hay plata” de Javier Milei, llegó hace tiempo al Poder Judicial de Neuquén.

La reunión que mantuvieron los vocales del tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el gobernador Rolando Figueroa fue clara: hubo un pedido de ajuste, como lo hicieron los demás poderes del estado neuquino. Pero eso estaría lejos de pasar y ningún sector se autopercibe como variable de ajuste. Y mucho como una “casta”.

A todo esto, se suma otro tema candente. Hay un pedido a la Legislatura de Neuquén por parte de todos los colegios de abogados de la provincia para reformar la ley 2670 de negociaciones colectivas, ya que no quieren darle solo las facultades al TSJ para aprobar un convenio laboral con los judiciales como se hizo en 2023.

El servicio de justicia es complejo de ajustar por el funcionamiento, y todo indica que el achique que pide el gobierno será en gastos superfluos, sueldos e ítems, que llevan el salario de los judiciales a los mejores de la provincia.

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Rolando Figueroa se reunió con os vocales del TSJ donde les trasmitió la delicada situación financiera de la provincia y la dependencia que tiene el Poder Judicial de la Tesorería Provincial. Sejun quedó en medio de este debate.

Sejun busca que el TSJ aplique el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), con siete títulos (con un protocolo de violencia) que dan beneficios a empleados y magistrados que, para muchos, es inaplicable por la erogación de partidas que se tiene que hacer.

Los abogados critican el paro de Sejun

El paro de Sejun es fuertemente cuestionado por los Colegios de Abogados y Procuradores de toda la provincia. No solo por la paralización del sistema, sino por la eficiencia. Una de ellas, es la falta de publicidad de las sentencias, que ya le ha sido señalado por nota del colegio de abogados de la capital, a la presidenta del TSJ, Soledad Gennari.

Desde hace años, y hasta fue reconocido recientemente por el vocal Germán Busamia, el Poder Judicial tiene que ser asistido por la Tesorería Provincial. Es decir, tiene independencia funcional, pero está condicionado financieramente por el gobierno de turno.

En 2024 el presupuesto del Poder Judicial es de 102.500 millones de pesos, de los cuales solo 1.600 es la recaudación propia por la Tasa de Justicia. Es decir, el 0,77%. El resto del dinero es la coparticipación hasta llegar al 45% y un 50% de fondos tiene que poner de adicional el tesoro provincial.

El CCT de los judiciales no engloba solo a los trabajadores y su carrera en el escalafón, sino también a funcionarios judiciales, letrados, asistentes y hasta defensores adjuntos. Es decir, todos aquellos que no fueron designados por el Consejo de la Magistratura.

El gobierno neuquino bajó la orden al TSJ de manera solapada de ofrecer la actualización de febrero a enero de 2025, con un IPC de actualización trimestral y dos bonos de 150 mil pesos.

Sin embargo, la aplicación del CCT requiere puntos como licencias largas por enfermedad, horas extras en horario vespertino, y algunas licencias especiales que tienen los judiciales por tareas académicas. Cada uno de los siete títulos “es plata” para el TSJ, que requiere del oxígeno del gobierno de Figueroa.

Pero el tironeo del debate judicial no es solo con los sueldazos diferenciales (creación de concursos y jueces que cumplen funciones extras en otros fueros con sueldos millonarios) en comparación con el resto de los empleados del estado neuquino, sino en el funcionamiento burocrático del estado.

Poco movimiento de papeles

Una nota enviada el 9 de febrero a Soledad Gennari, el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén le hace una seria observación al TSJ, y es con relación a la dinámica de trabajo, donde también se involucra a Sejun.

Sostuvo que tras un “análisis meticuloso” del sistema de búsqueda de la Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia del Poder Judicial se observaron que solo se publicaron 1.411 sentencias, de los fueros Civil y Comercial, Ejecutivo y Laboral de la Primera Circunscripción, durante todo el período comprendido entre los años 2016 y 2022. Es decir, unas 235 sentencias por año.

María Soledad Gennari TSJ

María Soledad Gennari, presidenta del TSJ.

La crítica es que si en ese periodo de seis años se habrían dictado 168.717 sentencias en los fueros Civil y Comercial, Laboral y Ejecutivo”, se dieron a publicidad solo el 0,5% de los dictámenes judiciales.

“Llama la atención que las sentencias divulgadas provienen exclusivamente de la Cámara de Apelaciones y que no es posible encontrar siquiera un solo fallo emanado de juzgados de primera instancia de esta circunscripción en tales fueros”, prosigue la nota.

“El mismo problema se replica en el fuero penal. A modo de ejemplo, observamos que en la plataforma de búsqueda ‘Koha Penal’ solo se publicaron 16 sentencias de responsabilidad dictadas durante el año 2022, cuando en dicho período se habrían dictado un total de 150, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial”, indican en la nota.

Y acotaron “La situación que venimos describiendo deja en evidencia un severo déficit de este Poder Judicial frente al deber republicano de dar publicidad a los actos de gobierno. Desde esta perspectiva, la publicación de las sentencias se impone para dotar de transparencia a la administración de justicia de cara a los y las ciudadanas de esta provincia.

Así las cosas, el debate de los sueldos viene enganchado a la punta de un iceberg que poco se ve en las profundidades de u sistema, que parece tener todo encriptado.