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La Mañana allanamientos

Las organizaciones sociales denunciaron irregularidades en los allanamientos

Ante Fiscalía, denunciaron que siguen sin conocer la causa de los operativos. Además, reclaman que la Cooperativa Viento Sur está embargada y no pueden trabajar.

A más de un mes de los 14 allanamientos a Libres del Sur, FOL y la Cooperativa Viento Sur, las organizaciones sociales presentaron una denuncia ante fiscalía este jueves porque detectaron una serie de irregularidades en esos procedimientos.

Lilian Larosa, una de las 10 mujeres demoradas durante los allanamientos, comenzó hablando en la conferencia de prensa que se llevó adelante afuera del Poder Judicial y recordó que fueron violentadas en sus hogares. "Hoy estamos haciendo esta denuncia porque no nos avisaron de ningún allanamiento, no nos avisaron qué faltaba en la cooperativa y fuimos allanadas igual", marcó.

Agregó, también, que durante los procedimientos no se respetaron ninguno de sus derechos, además de no dejar ninguna copia de las actas que justifique los allanamientos. Recién cinco días más tarde accedieron a la documentación, pero las órdenes no fueron ni leídas ni entregadas antes de los procedimientos policiales.

Por otro lado, Mariano Pedrero, uno de los abogados, informó que se trata de una denuncia formal para que "se investiguen las irregularidades y la violencia con que se llevaron adelante los distintos allanamientos que fueron absolutamente coordinados".

Aseguró también que, según los testimonios que recogieron de las situaciones que vivieron las personas allanadas, pudieron confirmar que "mientras se llevaban adelante los actos de violencia en cada uno de los domicilios, la Policía decía que contaban con orden fiscal y que la Fiscalía estaba en conocimiento de esta manera de proceder".

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Por estas razones, pusieron en duda las responsabilidades de los funcionarios y aseguraron que no se siguieron las reglas previstas en este tipo de procedimientos. "No se puede hacer de la manera que se hizo. Acá la policía actuó mal y la Fiscalía estaba en conocimiento. De hecho, el fiscal Vignaroli estaba presente en uno de los allanamientos y estuvo todo el tiempo en conocimiento de lo que estaba pasando", indicó el abogado.

Asimismo, solicitaron información, ya que a más de un mes de los allanamientos, siguen sin conocer las causas por las que se llevaron adelante. "No hay formulación de cargos, no sabemos en qué estado está la investigación porque se mantiene el más absoluto silencio. Entonces, ¿cómo puede ser que, si ellos tenían una hipótesis investigativa (porque por algo pidieron un allanamiento) al día de hoy no puedan ni siquiera decir qué es lo que supuestamente hicieron mal las organizaciones sociales?", lanzó.

Como en anteriores conferencias, recordaron que desde la cooperativa Viento Sur y desde las organizaciones, presentaron todas las documentaciones, los balances y los informes contables por lo que "no hay ninguna justificación para haber realizado el allanamiento como lo hicieron y mucho menos de la manera violenta que lo hicieron", dijo Pedrero y agregó que "si había alguna duda, podían preguntar".

"Queremos que se investigue y que la Fiscalía actúe con la misma velocidad que actuó cuando el Estado provincial pidió que se allanen a las compañeras", insistió y atacó al gobierno provincial: aseguró que todo esto forma parte una "campaña política" y que se enmarca en una situación nacional, en la que también se criminaliza a las organizaciones sociales.

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En cuanto a la denuncia, esperan que la Fiscalía investigue y otorgue responsabilidades: en principio a la Policía que llevó adelante los allanamientos y, en segundo lugar, al fiscal jefe, Pablo Vignaroli. "Llegado el caso, veremos si pedimos el apartamiento de él de la investigación principal".

Por último, remarcaron que la cooperativa se encuentra embargada y que hay un intento para desplazarla como proveedora del Estado. "Esto complica el día a día en el barrio. Hay obras que se están paralizando, comedores que no están contando con los fondos, compañeros que no tienen cómo desplazarse porque todavía tienen los vehículos retenidos. Hace más de un mes que está todo esto paralizado, por eso insistimos que es criminalización y estigmatización. Porque no sabemos de qué se los acusa", concluyó el abogado.

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