Qué dice la ordenanza que legaliza Uber y Cabify en Neuquén

Con el voto mayoritario del oficialismo y bloques aliados, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves la ordenanza que establece el marco regulatorio para el funcionamiento de servicios de transporte privado de pasajeros mediante plataformas tecnológicas. De esta manera, la ciudad se suma a las jurisdicciones que legalizan el uso de aplicaciones como Uber, DiDi o similares, estableciendo un sistema integral con obligaciones claras para empresas, conductores y usuarios.

La normativa autoriza la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT) que ofrezcan servicios a través de apps móviles, conectando a pasajeros con conductores habilitados. A su vez, permite que taxis y remises se integren al nuevo esquema tecnológico, manteniendo sus licencias vigentes y sumando la posibilidad de operar mediante plataformas digitales, en igualdad de condiciones.

Los requisitos para conductores y vehículos

Según se detalló en el proyecto, los vehículos afectados a esta actividad deberán cumplir con una serie de requisitos técnicos: tener una antigüedad no mayor a siete años, estar en óptimas condiciones mecánicas y contar con seguros específicos, tanto para terceros como para los pasajeros. Además, se establece la obligación de exhibir obleas identificatorias y contar con sistemas de calefacción y aire acondicionado.

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Los conductores, por su parte, deberán estar debidamente registrados y cumplir con condiciones similares a las exigidas al transporte público: licencia profesional, certificados de antecedentes y capacitación obligatoria en seguridad vial y atención al usuario. Cada titular podrá registrar hasta cuatro choferes por vehículo, y todos ellos deberán operar exclusivamente a través de la plataforma habilitada, sin posibilidad de levantar pasajeros en la vía pública sin pedido digital.

Podrá haber uno o varios titulares por unidad, y hasta cuatro personas habilitadas para conducir ese transporte. En comparación con el esquema de los taxistas, que pueden tener hasta cinco choferes, se optó por un sistema similar, aunque con un límite ligeramente menor. Además, se contempló la posibilidad de incorporar a esos conductores como monotributistas, colaboradores o empleados en relación de dependencia. En este último caso, deberán realizarse los aportes correspondientes y garantizar la cobertura de una ART.

La ordenanza también regula el rol de las empresas tecnológicas, que estarán obligadas a inscribirse en un registro municipal, pagar una tasa anual de 15 millones de pesos y presentar garantías de cumplimiento. Además, deberán implementar sistemas de evaluación para que los usuarios califiquen a los conductores, mantener un registro digital de los viajes realizados y colaborar con las autoridades ante requerimientos judiciales o administrativos.

De acuerdo a la ordenanza, "solo podrán prestar servicio cuando la solicitud del viaje haya sido procesada y aceptada por la plataforma", y se agrega que "está prohibido levantar pasajeros directamente en la vía pública sin previa solicitud digital".

Se establecieron dos obleas obligatorias, una en el exterior de cada vehículo en la que diga que se encuentra afectado a plataformas tecnológicas de intermediación de transporte y una oblea interior que tiene que identificar al conductor, el número de habilitaciones, las características del vehículo asignado.

En cuanto a las tarifas, se establece que cada plataforma podrá fijar sus propios valores, aunque deberá informar sus estructuras tarifarias y someterse a revisiones técnicas. Asimismo, se habilita a los permisionarios de taxis y remises a integrar este sistema por una tasa menor, de 100 mil pesos anuales.

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Gentileza

Uno de los puntos más destacados por los concejales fue la incorporación de sanciones al Código Contravencional. Prestar servicio sin habilitación será considerado una infracción grave, con multas económicas que podrían superar los 10 mil módulos (cada uno corresponde a un litro de nafta), y posibles inhabilitaciones temporales o definitivas.

Con esta decisión, Neuquén busca garantizar condiciones de seguridad, competencia leal y acceso equitativo a un servicio que ya es parte de la vida cotidiana en muchas ciudades del país. La implementación de la ordenanza dependerá ahora de la reglamentación que el Ejecutivo deberá emitir en los próximos días.