Tensión y orden de desalojo en el corralón de Centenario: cuál es el reclamo

El conflicto estalló en Centenario cuando dos trabajadores con contrato en el área de Defensa Civil fueron desafectados. Con el apoyo del gremio ATE, tomaron el corralón y el reclamo lleva varios días sin resolverse. Ahora, llegó una orden judicial de desalojo firmada por la fiscal Paula González, que los intima a retirarse, este jueves por la tarde.

"Vino la Policía, nos notificó de la orden y acá estamos. Vamos a resistir. Estamos todos en el corralón", expresó la delegada gremial Liliana Farías, en diálogo con LMNeuquén.

Dijo que no le "cabe la menor duda de que pueden sacarlos por la fuerza" pero aun así aseguró que el objetivo es permanecer hasta que reincorporen a los compañeros de trabajo cesanteados. "Por el momento solo retenemos la maquinaria. Los compañeros están ingresando al corralón, funcionarios no. Es lo que decidimos en asamblea", agregó la delegada de ATE.

Cuestionó que durante estos cuatro días ninguna autoridad municipal se acercara para dialogar con ellos. "Sabemos que no son ajenos al conflicto. Pero hasta ahora no nos atendió nadie", sostuvo.

Mientras tanto, los trabajadores se van rotando para sostener la toma en el corralón, en tres turnos y durante las 24 horas. "Reclamamos la continuación de los dos compañeros que quedaron afuera, con contratos de más de tres años", reiteró.

Se trata de Tomás González y Emilia Jasin, quienes se desempeñaron con contrato en Defensa Civil. Habían ingresado a la repartición en 2021, cuando gobernaba el peronista Javier Bertoldi, aliado al gobernador Rolando Figueroa.

En diálogo con LMN, sostuvieron que los desplazados de sus puestos son cinco, y que ninguno dio razones en su trabajo como para ser cesado. "No entendemos por qué se cortaron los contratos si estamos trabajando como corresponde", dijo la damnificada por la gestión municipal. "Tomás González y yo somos soporte de hogar", enfatizó como argumento contra la no renovación de los contratos.

Centenario, caliente

Los contratos caídos expiraron el 30 de junio, no obstante, los contratados siguieron trabajando hasta la semana pasada, contó la mujer. ATE había denunciado antes 16 contratos no renovados.

La gestión de Esteban Cimolai se encontró al asumir con 243 contratos, de los cuales renovó más del 96%. Setenta y siete contratos eran de ATE y el resto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario (Soemc). Entre los caídos están los contratos de los dos trabajadores que se desempeñaban en Defensa Civil y terminaron encadenados en el hall de la sede comunal.

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Tomás González y Emilia Jasin se encadenaron en la sede municipal de Centenario.

A más de ocho meses del cambio de gobierno en Centenario, los conflictos por los contratos heredados siguen candentes. El municipio es gobernado por Bertoldi y Cimolai, de forma alternada desde hace más de 15 años. Además de los trabajadores de Defensa Civil, hay contratos caídos en Ayuntun y en la planta de agua.

El conflicto

El conflicto municipal en Centenario está centrado en los contratos, pero de fondo hay un tema puntual con un grupo de empleados municipales que pertenecen a Defensa Civil, y que son los que estaban en la mira por las “horas extras” que cobraron.

También hay trabajadoras del sector de Ayutun, que es un centro de atención municipal para las víctimas de violencia. “Tenemos bajas en Defensa Civil, el corralón municipal, el crematorio, administrativos y dos o tres compañeras que prestan servicios en Ayutun”, denunció ATE.

El fiscal Manuel Narváez lleva una causa en Delitos Económicos. Aparentemente, en una de las medidas de fuerza que realizó ATE en el edificio municipal, se impidió el acceso a la dirección de Recaudaciones, y los contribuyentes no pudieron realizar pagos. Dijeron que fue un boicot a la recaudación. Esto tuvo un impacto en la recaudación diaria, de acuerdo a lo que reveló el secretario de Hacienda y Finanzas, Leandro Lucero.

La acusación municipal

Gabriel Pavletic, secretario Legal y Técnico de la gestión Cimolai, dijo en su momento que el intendente renovó la mayoría que venían de la gestión anterior, menos 9, que son los que están bajo denuncia judicial y sumarios.

“Se decidió respetar el plazo del contrato bajo revisión, lo cual a raíz de los informes de directores y secretario se decidió renovar un número de contratos que lleva a nueve, que es la raíz del conflicto actual”, sostuvo el funcionario.

Y acotó: “Es gente con sumarios y denuncia por las horas extras, algo que fue muy comentado. En su momento hubo 11 contratos que no se renovaban, hay dos personas que no reclamaron porque hicieron otro camino”.