Ya hay fecha para la impugnación: piden revisar la condena por la estafa con planes sociales

La Justicia neuquina fijó la fecha de inicio para las audiencias de impugnación en la causa por la estafa con planes sociales. Después de un extenso juicio oral y público que se extendió durante más de dos meses, el proceso judicial por el polémico caso de corrupción avanzará a una nueva instancia en la que el tribunal tomará una decisión respecto a las 13 impugnaciones presentadas tanto por la Fiscalía como por las defensas.

El pasado 11 de diciembre, el tribunal conformado por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla dio a conocer su veredicto por la causa que investigó a funcionarios públicos por el desvío de fondos originalmente destinados al pago de planes sociales para personas de sectores vulnerables de Neuquén.

En total, doce ex funcionarios provinciales de distintas jerarquías, desde el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, hasta empleados administrativos y asesores legales recibieron distintas penas tras serconsiderados culpables de haber desviado fondos del Estado para el financiamiento de campañas políticas. Ocho de ellos fueron condenados con penas de prisión efectiva, mientras que los cuatro restantes cumplirán penas de ejecución condicional.

Sin embargo, el proceso judicial todavía no terminó. Este viernes se celebró una audiencia ordenatoria en la que se fijó la fecha de inicio para las audiencias de impugnación. En este encuentro, encabezado por la Directora de la Oficina judicial Penal, Vanina Bravo, y la funcionaria Verónica Silveri, se evaluó la disponibilidad de las defensas y de la fiscalía y la querella para fijar una nueva instancia.

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Tras analizar distintas opciones, finalmente se decidió fijar las audiencias de impugnación para el próximo 27 de julio, con fecha probable de finalización el 12 de agosto.

La decisión fundamentó no sólo por la disponibilidad de los actores involucrados sino por la potencial necesidad de sumar más jornadas a esta nueva instancia judicial. Desde el Poder Judicial aclararon que en esta fecha no hay complicaciones para agregar más jornadas de ser necesario.

Qué son las audiencias de impugnación

Pese a que ya existe un veredicto por parte del tribunal, tanto la Fiscalía como las defensas tienen la posibilidad de impugnar la decisión para solicitar cambios en la postura que tomaron los jueces. Desde las partes se puede solicitar una revisión, modificación, revocación o anulación del veredicto ya tomado si es que las partes consideran que la decisión fue injusta o errónea.

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En este caso en particular, el tribunal de impugnación deberá resolver sobre las 13 impugnaciones presentadas. Por un lado, la fiscalía y la Fiscalía de Estado solicitaron impugnar las absoluciones con respecto al delito de asociación ilícita. A su vez, las defensas presentaron diversas impugnaciones de sentencia y de los montos de la pena impuestos.

De esta manera, se dará un paso más para conocer la suerte de los doce funcionarios públicos y empleados administrativos condenados por el desvío de fondos provinciales que debían sustentar el pago de planes sociales. La resolución tras este debate podría sostener el veredicto dictado en diciembre de 2025 o modificar las penas para los acusados.

La postura del gobierno provincial

Tras la difusión del veredicto de los jueces, el gobernador Rolando Figueroa se refirió al caso y confirmó que el Estado provincial apeló para que se revise la decisión que descartó el delito de asociación ilícita.

Este mes, aseguró que busca que la causa “siga un juicio distinto” y que se investigue a fondo la posible existencia de una organización destinada a delinquir. No osbntante indicó que "no está pidiendo nada", sino que la justicia "actúe libremente" para saldar la "deuda moral" de la política con Neuquén.

“Nosotros instruimos a la Fiscalía del Estado (el fiscal Raúil Gaitán) para que presente una apelación. Queremos probar que existió la asociación ilícita, porque creo que existió una organización, pero no es porque estoy pidiendo algo, sino pórque creo que el Estado ha sido estafado”, sostuvo.

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El tribunal condenó a 12 personas por administración fraudulenta, pero rechazó la figura de asociación ilícita. Algunos eran exfuncionarios de Desarrollo Social, pero la mayoría empleados a los que no se les encontró la plata. De hecho, no se produndizó en la investigación de a donde fueron a parar concretamente alrededor de 1 millón de dólares desviados en dos años.

El último gesto condenatorio que tuvo el gobierno neuquino se conoció esta semana, cuando Figueroa firmó un decreto para exonerar del Estado provincial a otros dos condenados en el marco de la causa de planes sociales: el mediático abogado Alfredo Cury y la agente Laura Reznik.

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En el caso de Cury, que llegó a ostentar un cargo de planta política en la gestión anterior del gobierno provincial, la Justicia lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión al comprobar que había cobrado diez cheques por un monto total de 490.500 pesos cada uno, con la particularidad de que en siete de ellos resultó ser el beneficiario directo y los otros tres habían sido endosados a su favor.

El decreto de exoneración fue firmado por Figueroa este miércoles, con un castigo más severo que la cesantía, ya que implica la pérdida de derechos. Los casos se sumaron a los otros tres ex funcionarios que ya habían sido exonerados en enero último: Marcos Osuna, Pablo Néstor Sanz y Ricardo Soiza.