Ataque a piedrazos a Alberto Fernández en Chubut: seis acusados donarán $480 mil para evitar el juicio
Fue en marzo de 2021 en Lago Puelo, tras incendios forestales que destruyeron unas 200 casas. La plata irá a una asociación de ayuda a los ciegos.
Seis imputados por apedrear la camioneta que usó el expresidente Alberto Fernández para una visita oficial a Chubut en 2021 acordaron donar $80.000 cada una a beneficio de la “Asociación Amigos de Discapacitados Visuales de la Comarca Andina”, en un acuerdo con la Justicia Federal que les permite evitar el juicio oral y público.
La visita del ex presidente fue tras los incendios forestales que destruyeron cerca de 200 casas en la zona, y la agresión se produjo cuando se aprestaba a iniciar una recorrida en una camioneta de Medio Ambiente provincial por la zona afectada.
El grupo que encabezaba la protesta se oponía al extractivismo y la megaminería en Chubut y se identificaba con carteles que decían “No a la mina” y “No es no”. En su momento, el episodio tuvo repercusión nacional. Las declaraciones de solidaridad con el exmandatario convivieron con las críticas y cierta preocupación por la ausencia absoluta de custodia, que dejó a Fernández virtualmente desprotegido.
Incluso, desde algunos sectores kirchneristas lanzaron cuestionamientos a la provincia, y a la gestión del entonces gobernador Mariano Arcioni.
Quienes ahora admitieron el acuerdo conciliatorio son Daniela Verónica Flacquier, Julieta Belén Gutiérrez Muñoz, Guillermo Hipólito Ramírez, Lucía Maddalena, Andrea Yanina Millañanco y Sol Basurto Muñoz, todos sin antecedentes penales.
Viven en distintos lugares de la comarca andina de Chubut, como el propio Puelo, Esquel, Las Golondrinas y la comunidad mapuche de Cushamen, además de El Bolsón, cruzando el límite de la provincia con Río Negro.
Todos estaban imputados ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia por daño a bienes del Estado y perturbaciones al ejercicio de la función pública.
Una víctima de los incendios en Chubut
Entre los involucrados, además, se encontraba Horacio Marcelo Florentin, uno de los damnificados por el fuego, quien acordó la suspensión del proceso a prueba por un año, a cambio de fijar domicilio y no cometer nuevos delitos.
Su abogada aclaró que Florentin ni siquiera estuvo presente en esa marcha y además su casa se quemó en el incendio. “Sufrió injustamente el proceso, además de haber perdido todo”, describió en el acta del acuerdo.
Finalmente, en la lista de acusados se contaba una persona identificada como A.G.C que en el momento de los hechos era menor de edad. En su caso, se lo declaró responsable penal de lo sucedido, pero no fue sancionado ya que posteriormente no cometió otros delitos, es estudiante y desarrolla una huerta comunitaria.
El acuerdo con la justicia federal
La audiencia del caso, difundida este martes, se realizó el 15 de noviembre y la encabezó el juez Alejandro Silva, quien explicó a los imputados la oportunidad de resolver el conflicto con el Estado a través de un acuerdo, evitando condenas.
Según precisó el fiscal Teodoro Nürnberg, la luneta trasera de la camioneta oficial que fue destruida en los incidentes está valuada en $424.600. El acuerdo homologado cubre con donaciones algo más de ese monto.
Al homologarlo, el juez Silva subrayó que la reparación “restaura el equilibrio y paz social”. Según lo establecido, ahora sólo falta que los imputados concreten los pagos para que la acción penal en su contra se extinga.
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