Comodoro Rivadavia: prisión efectiva para funcionarios y empresarios por un fraude de más de 400 mil dólares

En una audiencia que se realizó en la tarde de este jueves, la Justicia de Chubut impuso penas de entre 3 y 5 años de prisión para empresarios y funcionarios e inspectores municipales de Comodoro Rivadavia por haberse quedado con fondos que debían destinarse a la recuperación de la ciudad tras un temporal que duró más de 10 días, en 2017.

El monto estimado del fraude que se investigó en la causa conocida "Emergencia Climpática I" es de un total de 408 mil dólares, obtenidos a partir de fraguar certificados de tareas de recuperación en el espacio público que en realidad no fueron realizadas.

Tanto los municipales como los privados aprovecharon la falta de control que se habilitó ante la urgencia que requería la situación, luego de los múltiples daños y trastornos que dejó en distintas zonas de la ciudad el inusual fenómeno meteorólogico. Ahora, deberán devolver lo que se quedaron indebidamente.

El jurado integrado por los jueces Martín Cosmaro, Mariano Nicosia y Carlos Tedesco aclaró de entrada en la audiencia que su decisión era “contraria” a las penas que había propuesto la defensa cuando se definió la culpabilidad de los imputados, el último 8 de julio (hubo tres empresarios sobreseídos).

El 8 de julio pasado, el tribunal había declarado a los funcionarios Rubén Palomeque y Abel Boyero penalmente responsables del delito de “estafa en perjuicio de la Administración Pública”, mientras que condenó por fraude a los empresarios Roberto Monasterolo, Javier Morales, Cristian Pérez y Hernán Lobos Rosas.

Los inspectores municipales Joaquín Mansilla, Juan Carlos Lara, Eduardo Van Heerden y Rubén Sartori, en tanto, fueron declarados penalmente responsables como partícipes de fraude a la administración pública y falsedad ideológica de instrumento público.

Los representantes legales de los condenados habían propuesto penas que no eran de cumplimiento efectivo, por no superar los tres años de reclusión. Además, rechazaban la inhibición de bienes.

Las penas por el fraude en Comodoro Rivadavia

Monasterolo, de la empresa Golfo San Jorge, fue el que tuvo la pena más elevada, ya que los jueces consideraron como agravante que fuera socio de uno de los funcionarios implicados y porque en su caso, la estafa ascendió a 116 mil dólares, monto que deberá devolver billete por billete. Los jueces le impusieron 5 años de cárcel.

A su socio Abel Boyero, ex secretario municipal, le dieron los mismos años de prisión, además de una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

Temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia

En 2017, un temporal provocó destrozos durante más de 10 días seguidos en Comodoro Rivadavia.

A Rubén Palomeque, un veterano de Malvinas que hoy está jubilado como municipal, el jurado le fijó una pena de 4 años y la misma inhibición, al igual que al bombero voluntario Joaquín Mansilla, quien -de quedar firme su condena- pasará 3 años y 8 meses tras las rejas.

Otros tres empresarios recibieron penas de cumplimiento efectivo: a Cristian Pérez le dieron 3 años y 6 meses; a Javier Morales 3 años y 8 meses y a Hernán Lobos Rosas, 3 años y 3 meses.

Ellos también deberán devolver la plata mal habida. Lobos Rosas es el mayor deudor, con 125,645 dólares. Morales deberá devolver 61 mil y Pérez, 40 mil.

Todos tendrán inhibición general de sus bienes.

Dos condenados evitarán la prisión, al recibir 3 años en suspenso. Se trata de Rubén Sartori y Juan Carlos Lara, quienes deberán cumplir con 30 horas de trabajo comunitario y reglas de conducta.

Por último, Eduardo Van Heerden fue sentenciado a 2 años en suspenso y 100 horas de trabajo comunitario.

Pedidos de prisión preventiva

Los fiscales, que obtuvieron condenas muy cercanas a sus requerimientos, pidieron que algunos a algunos de los condenados se les imponga además la prisión preventiva hasta que la condena quede firme, ya que a su criterio podrían fugarse (algunos viajaron al exterior durante el proceso).

Esa solicitud alcanza a Cristian Pérez, Javier Morales, Monasterolo y Hernán Lobos Rosas. Además, el Ministerio Público presentó un informe médico para sostener que no hay razones para que Palomeque no deba cumplir su pena en una cárcel.

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La audiencia del 8 de julio, cuando declararon culpable a 10 de los 13 procesados en la causa.

La investigación de la causa “Emergencia Climática I” se originó como consecuencia del ciclón extra-tropical que azotó Comodoro entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, entre esos días se produjo la precipitación de casi 400 mm. de agua, lo que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad con el anegamiento de calles y viviendas.

En medio del fenómeno climático, el 5 de abril de 2017, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y liberó de ese modo al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos, dándole libertad de contratación para hacer frente a la situación.

De tal modo, con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta, se contrataron desde el Municipio 197 empresas para realizar las tareas proporcionando personal y maquinarias.

A partir de eso comenzó la confección de partes diarios fraguados, que eran autorizados para sus pagos por Boyero y Palomeque, en los que se registraban tareas supuestamente realizadas pero que no se llevaban a cabo.