¿Cristina Kirchner con tobillera electrónica? Los detalles del pedido de prisión domiciliaria tras la condena

Tras conocerse la resolución de la Corte Suprema en la que confirma la condena a prisión por seis años a Cristina Fernández de Kirchner, su abogado defensor, Carlos Beraldi, criticó duramente la decisión y aseveró que ya presentó el pedido para que sea otorgado el beneficio de prisión domiciliaria.

Luego del fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 ordenó su inmediata detención y ejecución de la pena. El letrado indicó que se encuentran esperando una respuesta en relación al pedido de domiciliaria, que debería tener una resolución en un plazo de cinco días hábiles.

Y aclaró que en caso de que sea efectiva, la ex presidenta no tendrá permitido salir de su casa del barrio Constitución, lugar en el que solicitó cumplir la condena, aunque no habrían restricciones en las visitas que pueda recibir.

El pedido de prisión domiciliaria se fundamenta en lo previsto por la ley para personas mayores de 70 años, ya que Cristina ya cumplió 72. Sin embargo, la concesión no es automática.

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El pedido de prisión domiciliaria se fundamenta en lo previsto por la ley para personas mayores de 70 años.

Mientras se encuentran esperando la respuesta del TOC para la domiciliaria, el abogado advirtió que la resolución sobre ese pedido permitirá evaluar si los jueces involucrados "van a actuar como un tribunal de justicia o si se van a encolumnar en esta idea de que se le puede hacer cualquier cosa al peronismo".

Asimismo, comentó que el procedimiento estándar indica que Cristina Kirchner deberá llevar tobillera electrónica, aunque podría negociar no tenerla, lo que sería reemplazado por la permanencia de seguridad en las inmediaciones de su domicilio.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos

Sobre la confirmación de la inhabilitación a ejercer cargos públicos por vida, Beraldi explicó que analizan recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prevé mecanismos especiales para situaciones urgentes. Según precisó, todas las instancias nacionales quedaron agotadas y una eventual resolución de ese organismo podría dar lugar a la presentación de un recurso de revisión en la justicia argentina, con el fin de aplicar de forma inmediata los efectos del pronunciamiento internacional.

Cristina con abogado Beraldi

"Saben que de esta manera sacan a Cristina de la cancha, al menos en términos electorales, durante un tiempo", indicó Beraldi en relación a que quienes la condenaron saben que estas instancias llevan un largo tiempo.

"Por estas personas que no cumplen con sus deberes constitucionales, el país va a ser el que termine castigado", indicó haciendo alusión a su vez de la inconstitucionalidad por este caso y que Argentina podría recibir una sanción.

"Una Corte vergonzosa"

El letrado denunció irregularidades en la elaboración del fallo, ya que indicó fue un proyecto de sentencia redactado por el secretario Diego Seitún, cuya intervención no está debidamente regulada y fue determinante en el resultado final.

El abogado recordó que el juez Ricardo Lorenzetti, en una disidencia anterior, había cuestionado la intervención de secretarios en causas sensibles sin controles transparentes, lo que, según Beraldi, demuestra una "descomposición total" de la Corte.

En sus declaraciones, sostuvo que la resolución del máximo tribunal es "muy lamentable no solo para Cristina sino también para la democracia y fundamentalmente para el poder judicial de la Nación". Dijo además que "de una Corte vergonzosa no se podía esperar otra cosa".

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Asimismo, el dnfensor de la ex mandataria denunció que se violó la garantía del juez natural y que en varios momentos del proceso, algunos magistrados actuaron como fiscales, incorporando en la sentencia argumentos que ni siquiera fueron planteados por el Ministerio Público.

También puso en duda la base misma de la condena. Según explicó, se habla de 51 obras públicas adjudicadas de forma irregular, pero el único fundamento concreto fue la firma del decreto 54, aún vigente. Citó incluso un dictamen del exministro de la Corte Rodolfo Barra, quien consideró improcedente el inicio de la causa por no haberse probado administración directa de fondos por parte de la expresidenta.