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La Mañana Denuncia

Denunciaron a Bettina Angeletti, la esposa de Adorni por presuntos contratos de su empresa con el Estado

La consultora está en la mira y fue denunciada por conflicto de intereses, ya que habría tenido beneficios irregulares. Los detalles de la denuncia de la diputada Marcela Pagano.

En las últimas horas se conoció una denuncia que pone en el ojo de la tormenta a Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Esto se da tras la polémica que se desató por su presencia en el avión presidencial, durante un viaje oficial del presidente Javier Milei y su gabinete a Estados Unidos.

Fue la diputada nacional Marcela Pagano quien presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°11, a cargo de Ariel Lijo, donde apunta contra los contratos de la consultora +BE, propiedad de Angeletti. La demanda expone contratos y vinculaciones empresariales de su consultora con el Estado.

La presentación señala que esa empresa habría mantenido vínculos comerciales con compañías que tienen negocios o relaciones directas con el Estado. Según la denuncia, esto podría configurar un esquema de conflicto de intereses dada la posición de Adorni en el Gobierno.

El punto central de la ampliación presentada por la legisladora apunta a un presunto "circuito triangular de flujos económicos". El escrito establece un vínculo entre la petrolera estatal YPF, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti.

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Los detalles de la denuncia contra la esposa de Adorni

Para la diputada, exintegrante del espacio de La Libertad Avanza, este esquema involucra a firmas que contratan con entidades bajo la órbita del funcionario. La Justicia deberá ahora determinar si hay irregularidades o si se trata de actividades comerciales legítimas.

Según la documentación aportada, la consultora de la esposa de Adorni brindó capacitaciones a directivos de la naviera National Shipping SA por un total de $ 6.370.000 entre 2024 y 2025.

La diputada sostiene que ese vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera en representación del Estado.

Desde la empresa indican que con YPF existen contratos hace 28 años y remarcaron que la designación de Adorni fue posterior a las capacitaciones cuestionadas.

adorni viaje

Un contrato con Tecnópolis y el Grupo Foggia, en la mira

La presentación judicial también cuenta con otro capítulo, que incluye la licitación del predio de Tecnópolis, cuyo proceso está bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Entre las firmas preseleccionadas figura DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, señalado como cliente de la consultora +BE.

El escrito incorpora también a otras empresas que habrían tenido vínculos comerciales con la consultora, entre ellas el Grupo Datco, proveedor de servicios para distintos organismos estatales como el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y AySA.

La denuncia no aporta cifras concretas sobre estos contratos, pero los menciona como parte del esquema general de vínculos entre la consultora y empresas que facturan al sector público.

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Marcela Pagano, la outsider que se despegó del oficialismo y realizó esta denuncia.

Marcela Pagano, la outsider que se despegó del oficialismo y realizó esta denuncia.

Otro de los puntos de la denuncia apunta a presuntas irregularidades en licitaciones para el envío de comunicaciones oficiales, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría configurar una simulación de competencia.

Investigación del aumento patrimonial de la familia Adorni

El escrito judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Manuel Adorni. Según la denuncia, su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento.

Asimismo, se menciona la existencia de deudas con cuatro acreedores privados, entre los que figurarían familiares del funcionario.

La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.

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