La mujer trabaja en una posta sanitaria y denunció que cobraban facturas a su nombre. Lo advirtió porque le sacaron planes sociales.
Un allanamiento en oficinas del hospital de General Acha, en La Pampa, sorprendió en la mañana de este martes tanto al personal como a las personas que fueron a atenderse en el centro de salud.
La Fiscalía local y personal de la División Seguridad Rural de la Policía realizaron el procedimiento en busca de documentación relevante para una investigación por presunta estafa, iniciada en agosto tras la denuncia contra las autoridades del Hospital Padre Buodo por parte de una empleada contratada como monotributista para manejar la ambulancia de una posta sanitaria, a la que luego se sumaron dos denuncias más.
En paralelo, se hizo otro procedimiento en la Municipalidad de General Acha, que colaboró entregando documentación vinculada a la cooperadora del centro de salud a los investigadores que siguen el caso.
El engaño que investigan en La Pampa
Según las primeras informaciones, los procedimientos en el hospital y la comuna responden a la denuncia de un presunto fraude a través de la cooperadora del hospital: la conductora de la ambulancia afirmó que facturaron servicios a su nombre sin su consentimiento.
En detalle, la denunciante explicó que a raíz de esta situación no solo se vio afectada económicamente, sino que además perdió las asignaciones universales que percibía por sus cuatro hijos.
La mujer, quien trabaja en la Posta Sanitaria de Unanue y recibe un salario de 150.000 pesos, dijo en su presentación ante la justicia que el 5 de octubre de 2023 comenzó a trabajar como chofer en la posta sanitaria bajo un acuerdo verbal con el director Rodrigo Ortiz.
En su declaración, presentada el 26 de agosto de este 2024 en la Unidad de Atención Primaria de Santa Rosa, expresó que la promesa inicial fue recibir 80.000 pesos mensuales durante el primer mes y posteriormente 150.000 pesos por su labor.
La denunciante mencionó que, meses después de iniciar la tarea, en noviembre, el director Ortiz le solicitó que se inscribiera en el Monotributo, indicándole que el trámite lo llevaría a cabo el contador Agustín Alcalde y que este último no le cobraría nada por el servicio.
De acuerdo con el testimonio, la trabajadora confió en las instrucciones y dejó la gestión en manos del contador sin saber que su nombre —como denuncia y se investiga— sería utilizado para sobrefacturar servicios a la cooperadora del hospital.
Según contó, advirtió esta situación luego de una advertencia que le hicieron desde el sindicato de estatales ATE y terminó de comprobarla cuando, por los supuestos altos ingresos que percibía, le sacaron los planes sociales que recibía por ser madre de 4 hijos.
De hecho, con asistencia de ATE «hacen nuevamente la clave fiscal y ven que el Hospital de General Acha estaba facturando prestación de servicios a su nombre, utilizando su Monotributo sin pagarle a ella el mismo", consigna la denuncia.
"Jamás firmé un recibo"
Según la conductora de la ambulancia, hicieron facturas a su nombre «por ‘servidos prestados’ los cuales nunca realicé ni cobré. Jamás firmé un recibo ni nada».
En declaraciones a medios locales cuando se conoció el caso, a principios de septbiembre, expresó: «Para mí esto lo crearon ellos -Ortiz y Alcalde- cuando me crearon el Monotributo. Yo actualmente debo desde noviembre a la fecha, se ve que ellos nunca lo pagaron, ni tampoco nunca me descontaron nada».
«Con esta denuncia me gustaría dejar en claro todo el perjuicio que me produjeron. Me quitaron las cuatro asignaciones por hijo que estaba percibiendo y me vi perjudicada con todo lo que ello implica. En el caso de mi hijo más chico, perdí la asignación por embarazo y por nacimiento. Me gustaría que me reintegren lo que deben, que se pague el Monotributo y poder trabajar sin que facturen a mi nombre. Y también quiero sanciones para ambos», dijo la miujer.
La trabajadora acompañó ambas presentaciones con facturas del Monotributo y los movimientos de su cuenta bancaria. Mientras que Norma Ojeda, dirigente de ATE que la asistió, aseguró:; «A ella le estaban pagando 150.000 pesos y acá tengo las facturas en mano donde le facturaban 550.000, 600.000, 850.000, hasta más de un millón de pesos», señaló.
«A todo esto, también para el mes que viene si la compañera no paga la deuda que tiene en la AFIP de casi 200.000 pesos le dan de baja», aseguró en una entrevista con Telega. «Pero eso no es todo, en la parte de Dirección General de Rentas de la Provincia la compañera no está registrada en Ingresos Brutos», añadió sobre la situación irregular en la que -por confiar en los denunciados- se vio la empleada del hospital.
El allanamiento en el hospital
Durante el operativo en el centro de salud, la policía requisó documentación vinculada a la cooperadora, conocida como la "Simple Asociación Centro Asistencia General Acha".
El fiscal de la causa, Juan Bautista Méndez, explicó que la investigación abarca "tres denuncias acumuladas por mal manejo de fondos de la cooperadora", refiriéndose a la sobrefacturación de servicios presuntamente prestados a la institución.
El procedimiento incluyó la incautación de computadoras y teléfonos en las oficinas administrativas de la cooperadora del hospital, en la que se desempeñan su titular y el secretario. El material será analizado en profundidad por la Oficina Pericial Contable del Ministerio Público.
El fiscal Méndez agregó que también se realizó un secuestro de documentación en la Municipalidad, concretamente en lo relativo a las rendiciones de cuentas de la cooperadora, lo cual será evaluado por los peritos para esclarecer los montos y la ruta de los fondos manejados
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