Qué provincia le otorgó un 100% de aumento de sueldo a los empleados estatales

Lejos de la política fiscal y monetaria del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, una provincia argentina decidió otorgar un aumento de sueldo del 100% a empleados estatales. Y no solo eso: la postura oficialista incluye también bonos y descuentos en tarifas.

Fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien anunció un incremento salarial del 100% en el básico para empleados de la administración pública provincial, que se hará efectivo a partir de febrero. Además, el acuerdo contempla una suba del 90% en los contratos de servicio y establece un piso salarial de $800.000 para docentes con hasta dos cargos.

Los anuncios, realizados en el marco de la Mesa de Diálogo y Trabajo, incluyeron la creación de un Fondo Estival Provincial con un 40% de descuento en las tarifas eléctricas para usuarios residenciales durante dos meses, junto con un bono extraordinario de $220.000 para los empleados públicos que se abonará el próximo 14 de febrero. Este beneficio excluye a ministros, secretarios, subsecretarios, magistrados judiciales y diputados provinciales.

Además del aumento, los bonos

Zamora también informó la entrega de tres bonos adicionales a lo largo del año:

• Uno antes del Día del Trabajador (1 de mayo).
• Otro en julio, con carácter de bono “aguinaldo”.
• Uno más en diciembre, como bono de fin de año.

Gerardo Zamora buscaba la re- reelección en los comicios del domingo.

Zamora determinó un aumento del 100%.

Estos montos replicarán la modalidad establecida en 2024. Asimismo, la ayuda escolar para el ciclo 2025 será de $180.000 por hijo, mientras que se confirmaron futuras mejoras en programas sociales como el Plan de Emergencia y la Tarjeta Alimentaria Provincial, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

Impacto fiscal y autonomía provincial

El mandatario subrayó que estas medidas son "exclusivamente provinciales" y no aplican a los municipios, que podrán establecer sus propias pautas salariales en función de sus recursos. La decisión marca una diferencia respecto a las políticas de ajuste que se prevén a nivel nacional bajo el gobierno de Javier Milei, al priorizar el aumento del ingreso de los trabajadores estatales y el fortalecimiento de la demanda interna.

El gobierno de Javier Milei, bajo una orientación libertaria y de ajuste fiscal, considera que el tamaño del Estado argentino es excesivo y plantea una reducción drástica del empleo público como parte de su estrategia para disminuir el déficit fiscal y promover la eficiencia económica. Milei ha calificado al sector estatal como "parasitario" y sostiene que muchos empleados públicos son parte de una estructura clientelar que drena recursos sin generar valor real. Su administración propone eliminar ministerios, privatizar empresas estatales y despedir a trabajadores considerados "innecesarios", con el objetivo de reducir el Estado al mínimo indispensable.

Respecto a los aumentos salariales, el gobierno nacional prioriza la contención del gasto. Milei argumenta que los incrementos automáticos, sin vinculación con la productividad, agravan la inflación y la distorsión económica. En su lugar, promueve ajustes basados en índices de precios oficiales, aunque críticos señalan que, en un contexto inflacionario alto (superior al 200% anual en 2023), esto erosiona el poder adquisitivo. Además, propone reformas laborales para flexibilizar contratos y vincular salarios al rendimiento, algo rechazado por sindicatos que denuncian precarización.

La oposición y organizaciones sindicales advierten que estas políticas afectarán servicios públicos esenciales y profundizarán la desigualdad, mientras el oficialismo insiste en que son necesarias para sanear la economía. En 2024, el conflicto se agudizó con protestas masivas contra el "Decreto de Necesidad y Urgencia" (DNU) 70/2023 y la "Ley Ómnibus", que buscaban reformas estructurales, incluyendo limitaciones a paros y negociaciones colectivas. En resumen, Milei vincula el recorte del empleo estatal y la moderación salarial a un proyecto de liberalización económica radical, aunque enfrenta resistencias sociales y políticas significativas. (250 palabras)