La joven tenía 30 años y se confirmó que recibió cinco disparos. Su cuerpo fue hallado tras permanecer desaparecida durante un día.
A casi un año del crimen de Romina Karban, la causa avanza hacia el juicio por jurados, pero no sin obstáculos. La investigación, que señala como único imputado a su hermano, expone un entramado de violencia extrema, posible motivación económica y fallas procesales que ahora podrían retrasar el avance del expediente.
Romina tenía 30 años. El 9 de mayo de 2024 fue encontrada sin vida en un campo familiar de Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, luego de haber sido reportada como desaparecida el día anterior. La autopsia confirmó un dato que marcó el rumbo de la causa: recibió cinco disparos y no presentaba signos de defensa, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado.
Un crimen con sospechas de trasfondo económico
Desde el inicio, la investigación apuntó a un móvil concreto: la herencia familiar. Tras la muerte de su padre en 2023, Romina se encontraba en condiciones de recibir parte de los campos. Según la fiscalía, ese contexto económico pudo haber sido determinante.
El único acusado es su hermano, Renzo Karban, quien permanece detenido con prisión preventiva. Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y codicia, una calificación que refleja la gravedad del hecho y la presunta intencionalidad detrás del ataque.
Los investigadores sostienen que el crimen no fue improvisado. La ausencia de lesiones defensivas, sumada a la cantidad y ubicación de los disparos, sugiere una acción ejecutada sin posibilidad de reacción por parte de la víctima. Esa línea refuerza la hipótesis de que Romina fue sorprendida en un entorno conocido y vulnerable.
Pruebas clave y reconstrucción del hecho
El hallazgo del cuerpo ocurrió al día siguiente de su desaparición. Personal policial encontró la moto con la que se había trasladado abandonada en el campo, a unos 23 kilómetros de la ciudad. A pocos metros, entre la vegetación, estaba el cuerpo.
A partir de ese momento, la fiscalía avanzó con una serie de peritajes que resultaron determinantes. Entre ellos, análisis de teléfonos y registros de cámaras de seguridad. Esos elementos permitieron reconstruir movimientos previos y posteriores al crimen.
Uno de los datos más relevantes es que el acusado habría intentado conseguir un arma días antes del hecho, además de realizar acciones que, según los investigadores, podrían haber buscado construir una coartada.
El análisis forense confirmó que el ataque fue directo y sorpresivo. No hubo indicios de lucha ni resistencia. Ese punto resulta clave para sostener la figura de alevosía dentro de la imputación.
Un juicio en pausa por fallas en la causa
Cuando el proceso parecía encaminarse hacia el juicio por jurados, surgieron nuevos obstáculos. En la audiencia preliminar, la fiscal María Rosa Osiska detectó inconsistencias en la imputación y pidió que el expediente regrese a la fiscalía para su corrección.
Entre los problemas señalados figuran errores en la descripción del hecho, el lugar exacto del crimen y la calificación legal. También se cuestionó la falta de precisión en aspectos clave como la mecánica del homicidio y el recorrido del agresor.
El planteo fue acompañado por la defensa, lo que refuerza la necesidad de revisar el expediente antes de avanzar. Según la fiscal, estas fallas son subsanables, pero podrían afectar el proceso si no se corrigen a tiempo.
Ahora, la causa de Romina queda a la espera de una resolución judicial que defina cómo sigue el camino hacia el juicio.
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