Chubut: cae una "mula financiera" de la banda de sextorsión que recaudó $60 mil millones desde la cárcel

La Justicia de Chubut dio un nuevo golpe contra la organización criminal que desde hace más de dos años viene haciendo sextorsión a personas con contenido íntimo robado. Esta vez, el imputado es un vecino de Comodoro Rivadavia identificado como M.A., acusado de ser la pieza clave en el lavado del dinero obtenido ilegalmente.

El hombre fue señalado por integrar una asociación ilícita y por ser partícipe secundario del delito de extorsión. Su función dentro de la banda era específica: hacer que el dinero circulara entre distintas cuentas bancarias y billeteras virtuales para borrar el rastro. La herramienta principal era Mercado Pago.

La trama tiene como epicentro el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), situado entre Trelew y Puerto Madryn. Desde ahí, dos presos comandaban toda la operación y mantenían contacto permanente con personas en la calle. Entre esos colaboradores externos había familiares y conocidos que se ocupaban de mover los fondos conseguidos mediante amenazas.

El esquema delictivo arrancaba en las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Los integrantes de la banda conseguían mediante engaños fotos y videos de contenido sexual de sus víctimas. Una vez en su poder, el chantaje era inmediato: o pagaban o el material se difundía públicamente.

Las víctimas, acorraladas por el terror y la vergüenza, terminaban depositando sumas importantes en cuentas que enseguida quedaban vacías. El dinero pasaba entonces por las manos de intermediarios como M.A., quienes lo redistribuían para simular transacciones legítimas.

Las pruebas contra el vecino de Comodoro Rivadavia

El fiscal general Fernando Rivarola expuso durante la audiencia de apertura que el acusado participó en por lo menos tres operaciones que sumaron 9.900.000 pesos. "Su participación fue clave para darle movimiento al dinero y simular operaciones legales", afirmó el funcionario judicial.

La causa contra esta red lleva más de dos años en curso. Durante ese tiempo, los investigadores de a Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Ciberdelito de Chubut realizaron allanamientos, secuestraron celulares y analizaron en detalle los movimientos de dinero. Ese trabajo permitió desarmar la estructura interna del grupo y entender cómo funcionaba cada engranaje.

Hasta el momento, varios integrantes de la banda ya fueron imputados con diferentes niveles de responsabilidad penal. Ahora, se suma M.A., que . siguió la audiencia desde Comodoro Rivadavia, donde vive. Lo asistió el defensor oficial Miguel Moyano, quien no presentó objeciones al planteo de la Fiscalía.

Dos cabecillas que recaudaban desde la cárcel de Chubut

Cuando en junio pasado una jueza ordenó la ampliación de investigación el caso sumaba 25 personas acusadas de integrar la sofisticada red de estafas y sextorsión y se había establecido que en apenas un año, había logrado hacerse de más de 60 millones de pesos.

Según la investigación, los cabercillas identificados como E.G.R. y L.A.O. lograron ingresar de manera clandestina varios chips y teléfonos celulares al centro de detención, burlando todos los controles de seguridad.

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Los dos cabecillas lograron ingresar teléfonos celulares a la cárcel para poder engañar a sus víctimas en las redes sociales.

Con estos dispositivos coordinaban las extorsiones desde sus celdas, contando con la colaboración de otros internos y múltiples cómplices en libertad que actuaban como enlaces externos de la red. Uno de ellos, el ahora imputado de Comodoro Rivadavia.

Justamente, fue aquella decisión de la jueza lo que habilitó, en los hechos, la ampliación de una investigación que ahora cierra el cerco sobre otros integrantes del grupo delictivo.

El modus operandi para la sextorsión

Los investigadores determinaron que las extorsiones seguían un patrón específico dividido en tres fases claramente definidas. En primera instancia, los delincuentes contactaban a sus víctimas utilizando perfiles falsos y fotografías truchas a través de redes sociales como Facebook, o aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Messenger.

Durante la segunda etapa, establecían conversaciones íntimas con los damnificados hasta lograr que les enviaran fotos de contenido sexual comprometedoras. Una vez obtenido este material, comenzaba la fase final: la extorsión propiamente dicha.

Los criminales amenazaban con iniciar acciones judiciales o hacer públicas las imágenes íntimas en las redes sociales si las víctimas no transferían importantes sumas de dinero. En muchos casos, una vez concretado el primer pago, las extorsiones continuaban de forma sistemática.

Para dar mayor credibilidad a sus amenazas, la organización llegó a fraguar documentación judicial utilizando nombres de funcionarios judiciales, fiscales y jueces de la provincia, con una sorprendente capacidad de organización.

La compleja investigación, que lleva más de un año en desarrollo, implicó el procesamiento de enormes volúmenes de información obtenida no solo de los celulares secuestrados, sino también del sistema financiero, bancos y billeteras virtuales utilizadas para transferir y movilizar el dinero ilícito.

Los casos que documentó la fiscalía de ciberdelitos

Hasta aquel momento, los investigadores habían logrado documentar al menos doce hechos puntuales de extorsiones y estafas. Entre los casos más graves se encuentra el de la víctima A.O.Y., quien transfirió más de $5.800.000 a las cuentas controladas por la organización.

Sin embargo, el caso más impactante fue el de la víctima identificada con la sigla C.E.A., que llegó a transferir la cifra récord de $38.675.000 a los extorsionadores.

Las cuentas receptoras estaban abiertas a nombre de allegados a los internos, como familiares o parejas, quienes se encargaban de redistribuir rápidamente los fondos para evitar su rastreo.

Por otra pare, las víctimas de la organización son de distintas provincias argentinas y varias ciudades del Chubut. En marzo se habían informado casos en Comodoro Rivadavia, pero también en lugares como Córdoba, Formosa y Bahía Blanca.

La cantidad de engaños, por otra parte, seguía creciendo a medida que avanzaba la investigación, por lo que los 60 millones de pesos obtenidos con los que fueron documentados hasta ahora podrían aumentar considerablemente.