Comodoro Rivadavia: los 24 acusados de robar vacunas contra el Covid en la pandemia, a un paso del juicio

La Justicia Federal dispuso que la causa por el robo de vacunas en Comodoro Rivadavia durante la pandemia de Covid-19 continúe tramitando en ese fuero, y no en la Justicia provincial de Chubut, al rechazar un planteo en ese sentido.

De este modo, y con la investigación del Ministerio Público Fiscal ya concluida, quedaron a un paso del juicio oral los 24 acusados de haber robado 60 dosis de los vacunatorios comodorenses a principios de 2021, en un caso que involucra al sindicato local de Camioneros.

La denuncia refiere a dos presuntos robos de vacunas Sputnik-V ocurridos en enero y febrero de 2021, cuando comenzaba el plan de inmunización contra el Covid-19 en la Argentina y no se sabía si habría suficientes dosis para toda la población.

En cada una de las dos ocasiones habrían sido robadas 30 vacunas. De acuerdo con la investigación, una enfermera habría recibido dinero de alguien del Sindicato de Camioneros para conseguir esas dosis, que luego se habrían usado para vacunar a empleados del gremio y su obra social.

El TOF de Comodoro Rivadavia es Competente

Ahora, a más de cuatro años de los presuntos hechos que se investigan, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó una decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que en junio de 2023 había declarado su incompetencia y había dicho que el caso debía ser juzgado por la Justicia de Chubut.

En 2019, el juez Gemignani había mandado a detener a su secretaria.

Juan Carlos Gemignani, uno de los jueces que dispusieron que el caso continúe en el TOF de Comodoro Rivadavia.

La sala integrada por Carlos Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos decidió que el caso siga en el fuero federal. Como la investigación está completa, el episodio quedó a un paso de tener fecha para el juicio oral y público.

Los camaristas admitieron de este modo la apelación presentada por el fiscal general Teodoro Nürnberg tras la declaración de incompetencia.

La postura del fiscal, que tomó la Cámara, fue que aunque la implementación de las vacunas había sido delegada en las provincias en virtud del Plan Estratégico contra el Covid en Argentina, y las dosis ya estaban en poder del sistema de salud chubutense, no significaba que las vacunas dejarán de ser parte del erario nacional.

Dejar el caso en manos provinciales “dificultaría el adecuado esclarecimiento de los hechos y la efectiva persecución penal, más aún cuando la causa ya se encontraba encaminada sin inconvenientes hacia el debate”, argumentó Nürnberg.

Qué pasó en 2021

Quien hizo la primera denuncia, en febrero de 2021 la hizo Miryám Monasterolo, por entonces directora del Área Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, tras el faltante de 30 dosis.

Luego de los primeros allanamientos y secuestros, en febrero de 2021 la Justicia provincial se declaró incompetente y remitió el caso al Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, que indagó a los involucrados.

La hipótesis presentada por la Fiscalía fue que en enero de 2021 una integrante del Sindicato de Camioneros le había ofrecido dinero a una enfermera para conseguir 30 vacunas para empleados del gremio y de su obra social.

La enfermera habría sustraído dichas dosis de Sputnik-V, y coordinó con otra enfermera su conservación y su inoculación al personal del Sindicato, a cambio de dinero.

Obra Social de Camioneros de Chubut.jpg

El Sindicato de Camioneros de Comodoro Rivadavia y la Obra Social de Camioneros de Chubut están involucrados en el caso.

Para llevar a cabo la maniobra, sostuvo el fiscal, aprovecharon el “caos reinante en torno al proceso de vacunación, al no existir medidas de seguridad en relación con las vacunas, un deficiente control, registros y protocolos”.

Más tarde desaparecieron otras 30 vacunas, mediante un procedimiento que habría sido similar.

En base a estas presunciones, 24 personas iban rumbo al juicio imputadas por hurto, cohecho y encubrimiento.

No obstante, en julio de 2023, cuando el Tribunal Oral Federal citó a las partes a ofrecer prueba, la defensa planteó la incompetencia federal para juzgar el caso y el Tribunal coincidió bajo el argumento de que al momento de los hechos, las vacunas ya no eran propiedad del Estado Argentino sino de Chubut.

Al borde del juicio oral y público

Esa declaración de incompetencia fue la que apeló el fiscal Nürnberg y fue revocada por Casación. Los camaristas indicaron que debía tenerse en cuenta lo avanzado de la investigación, que si pasara al fuero provincial provocaría “sin lugar a dudas una dilación jurisdiccional perjudicial para el éxito del proceso, cuestión absolutamente inaceptable”.

Sin entrar en la cuestión de a qué administración pertenecían las vacunas contra el Covid en el momento del robo, postularon que “se priorizan en la resolución de conflictos de competencia razones de economía procesal y mejor administración de justicia que asegure el derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.

“El estado avanzado de la investigación, ya pronta para la realización del debate oral y público, permite vislumbrar en la declaración de incompetencia una dilación que podría ser perjudicial para el éxito del proceso, por lo que debe ser revocada”, concluyeron.