Siete gremios pidieron que el STJ avale una cautelar y suspenda la consulta popular de octubre. También hay rechazo entre jueces y exdiputados.
El panorama que avizora Javier Milei de cara a las próximas elecciones 2025.
Mientras continúa la fuerte disputa y los cruces entre el gobierno de Ignacio Torres y la Asociación de Magistrados de Chubut por el proyecto de eliminar los fueros especiales de autoridades públicas de los tres poderes del Estado y de dirigentes gremiales, un grupo de siete sindicatos se sumó al rechazo a la propuesta y busca, contrarreloj, que se suspenda el referéndum popular programado para octubre, junto con las elecciones legislativas nacionales, para que los ciudadanos de la provincia expresen si apoyan o no la medida.
Mientras un recurso de inconstitucionalidad planteado por los jueces que rechazan perder sus fueros fue desestimado (está en curso una apelación ante la Corte Suprema de la Nación), la iniciativa avanzó al punto de que ya fue presentada la boleta para el plebiscito.
Pero ahora, los cuestionamientos tomaron fuerza también desde el único sector por fuera de los tres poderes estatales que se vería alcanzado por la enmienda a la Constitución provincial que ya aprobó la Legislatura y que quedaría en pie en caso de que los votantes la avalen en octubre.
El abogado Eduardo Hualpa, que representa al grupo de gremios, explicó en diálogo con Jornada Radio los argumentos desde el ámbito sindical a la propuesta del Gobierno de Nacho Torres de eliminar los fueros, y la estrategia para pedir que -por lo menos- el referéndum sea pospuesto hasta que se resuelva el cuestionamiento de fondo.
En concreto, la demanda presentada busca que el Superior Tribunal de Justicia otorgue una medida cautelar urgente que retire de la votación del mes próximo la consulta popular. El abogado Eduardo Hualpa, representante de los gremios, explicó que consideran la propuesta como "equivocada" y que "se aparta de lo que dice la Constitución de Chubut".
Según su análisis, la enmienda constitucional ya aprobada por la Legislatura de Chubut, que quedaría firme si los ciudadanos la convalidan con un “Si” mayoritario en las urnas, viola las normas provinciales porque la Constitución "permite la enmienda de hasta dos artículos pero en este caso se están modificando más".
Los argumentos de los sindicatos de Chubut
Los sindicatos sostienen que la medida carece de fundamentos sólidos y que constituye una limitación injustificada a las garantías que protegen a los dirigentes gremiales. "Esto nosotros lo hemos calificado como una medida distinta y completamente demagógica que lo único que intenta es dar solución a un problema que no existe", declaró Hualpa.
El abogado sostiene que no hay argumentos de peso detrás de la enmienda constitucional y el referéndum. “Si vos tenés un problema donde un artículo de la Constitución es un obstáculo para resolverlo, entonces ahí tenés un argumento de peso. Si me decís, hay una discusión fuerte en la sociedad por el uso del agua, y bueno, vamos a proteger el agua en la Constitución de una forma X. O vos tenés un problema en la Constitución por la forma en que se trata a las mujeres, o por el problema de la vivienda. Estoy hablando de problemas reales. Acá no hay ningún problema”.
De este modo, Hualpa rechazó el fundamento del gobierno provincial, sobre la existencia de privilegios indebidos de los sindicalistas. Según su posición, la Constitución provincial no impide ninguna investigación judicial contra dirigentes sindicales, como lo hace en el caso del gobernador, donde sí existe impedimento para avanzar en causas.
"Que cuenten un caso, que digan, ‘en este caso no se pudo investigar porque el Consejo Deliberante o porque la legislatura avaló a tal o cual dirigente", desafió el abogado. Y agregó que "hay privilegios en la Provincia de Chubut, pero no tiene que ver con esto, tiene que ver con otras cosas".
Los fueros de los dirigentes gremiales
También explicó el mecanismo vigente de protección a los dirigentes gremiales, y lo diferenció del que ampara a jueces, autoridades del Estado y legisladores provinciales, que para poder ser juzgados deben ser desaforados expresamente.
“Las entidades sindicales deben ser informadas cuando se pretende avanzar en acciones que afecten la libertad de sus representantes, y tienen derecho a aconsejar, pero el juez no está obligado a seguir esas recomendaciones”, diferenció.
"Es importante el respeto a que detrás de cada dirigente sindical hay una entidad sindical, y ese dirigente sindical, que pertenece a esa entidad, tiene un rol público de defensa de los trabajadores y las trabajadoras", argumentó.
Las garantías constitucionales buscan proteger la función más que a la persona, evitando que el derecho penal interfiera en las actividades propias de cada funcionario. "Obviamente no es para proteger a ese funcionario en aspectos de su vida personal, en aspectos ajenos a la actividad funcional", aclaró.
Con la presentación de su medida, los sindicatos pidieron que el Superior Tribunal de Justicia se apartara de la causa, por tener interés propio, ya que los magistrados también están alcanzados por la enmienda. Pero los integrantes de la máxima autoridad judicial de la provincia consideraron que pueden resolver con imparcialidad.
De este modo, ahora solo falta que el tribunal supremo se pronuncie sobre el pedido de medida cautelar para suspender la votación de octubre.
"Si se está discutiendo si es constitucional o no (la enmienda), tiene poco sentido avanzar con la consumación de esta ilegalidad (a través de un referendum)", sostuvo Hualpa.
El abogado argumentó que el perjuicio que plantea el recurso presentado radica en realizar la votación en octubre, pero aclaró: "Si nosotros no tenemos razón y finalmente la demanda es rechazada, se puede votar en el 2027".
Las boletas del referéndum
A pesar de que el gobierno provincial ya tiene las boletas preparadas para el referéndum, los gremios insisten en su posición. "Pueden estar armadas las boletas, pueden haber dictado normas (en referencia a la enmienda ya aprobada en la Legislatura), y eso es lo que estamos pidiendo que se suspenda", manifestó Hualpa.
El letrado considera que "el gobierno (provincial) no tiene derecho a vulnerar la constitución provincial y a vulnerar la constitución nacional que establece protección para los representantes y que establece garantías para el ejercicio de las funciones".
Además de la demanda sindical, existen otras acciones judiciales presentadas por magistrados y exdiputados que cuestionan la constitucionalidad del referéndum. La justicia de Chubut deberá resolver estos planteos antes de la fecha prevista para la consulta popular junto a las elecciones legislativas nacionales, en una polémica que seguirá abierta antes y después del referéndum, se realice en octubre o no.
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