Trabajadores del centro de salud presentaron la denuncia y pidieron ser testigos protegidos. Para la Fiscalía federal fue "claro" el objetivo "ilegítimo".
Un juez federal ordenó que la justicia provincial de Chubut lleve a cabo una investigación sobre la desaparición de más de 230 ampollas de medicamentos controlados en el Hospital Santa Teresita, de la ciudad de Rawson.
La causa iniciada tras detectarse el faltante de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol había sido trasladada al fuero federal por una jueza chubutense que se declaró incompetente antes de iniciar cualquier tipo de pesquisa.
Ahora, el juez federal Gustavo Lleral dispuso la devolución de las actuaciones al tribunal de la provincia de Chubut y ordenó que se activen medidas de investigación básicas que no se realizaron hasta el momento.
Fentanilo: el origen de las sospechas
Lleral hizo lugar a un pedido del fiscal federal Fernando Gélvez, quien tomó la causa luego de que la jueza chubutense Karina Breckle declaró la incompetencia del fuero provincial.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada en abril de 2026 por personal del Hospital Sub Zonal Santa Teresita en la Oficina Judicial de Rawson.
Trabajadores del centro de salud entregaron un sobre en el que detallaban el faltante de las ampollas de fentanilo y propofol en la Unidad de Terapia Intensiva, y solicitaron ser considerados testigos protegidos.
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Rawson consideró que se trataba de un “faltante significativo” que podía constituir una “desviación de sustancias desde el circuito legal hospitalario hacia un destino ilegítimo”.
En base a ese argumento y dado que el fentanilo está regulado por la ley de estupefacientes, la jueza Breckle declaró la incompetencia provincial y remitió el expediente al fuero federal.
Rawson: "Ninguna pesquisa"
El fiscal Gélvez, no obstante, se opuso a este traslado automático de la causa.
Consideró, en ese sentido, que antes de declarar la incompetencia provincial era necesario realizar diligencias tales como tomarles declaración a los denunciantes y solicitar al hospital los registros de ingreso y egreso de los medicamentos controlados.
«No puede trasladarse automáticamente a la justicia federal una investigación que la justicia provincial declinó sin realizar ninguna pesquisa», enfatizó el fiscal.
Por otra parte, indicó que si se confirmara que los medicamentos fueron retirados sin que los funcionarios provinciales lo hubieran denunciado, podrían configurarse delitos de competencia provincial como hurto, encubrimiento o administración fraudulenta.
La denuncia presentada en abril tiene origen en hechos que presuntamente comenzaron a ocurrir varios meses antes.
Durante una reunión institucional de septiembre de 2025 ya se habían advertido inconsistencias en el manejo de la medicación e incluso se mencionó a un empleado como posible sospechoso, aunque sin que esto se tradujera en una denuncia.
Todo apunta a un circuito ilegal
En un dictamen de mayo de este año, la Fiscalía habló de “un faltante significativo de medicación controlada”, de un lugar de acceso muy restringido.
Por el volumen del faltante, no se consideró la posibilidad de un error administrativo, un desvío menor o una situación de consumo personal.
“Es un indicio claro de desviación de sustancias desde el circuito legal hospitalario hacia un destino ilegítimo", se indicó en aquel dictamen.
Tras la devolución del caso por parte de la Justicia federal, no trascendió hasta el momento ninguna información acerca de eventuales medidas de investigación dispuestas por la Fiscalía de Rawson.
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