Una joven denunció que entre los 7 y 9 años sufrió tres abusos de un familiar. La fiscalía no avanzó y luego, lo hizo con graves fallas. Cuando presentó la acusación, la causa había prescrito.
La mujer obtuvo una reparación millonaria tras demostrar años de violencia física, verbal y económica dentro del matrimonio.
Dos denuncias por abuso sexual contra una menor de edad fueron declaradas prescriptas en Rawson y el acusado quedó sobreseído por errores garrafales en la investigación fiscal.
La decisión la tomó la jueza María Laura Martini, quien además remitió el expediente al procurador general Jorge Miquelarena, con la intención de evitar que se repitan las graves irregularidades detectadas, que en este caso implicaron que se frustrara el intento de una joven de tener justicia por dos hechos que habría sufrido cuando tenía apenas 8 y 9 años.
La magistrada fue contundente al señalar que hubo "una mala actuación del Ministerio Público Fiscal haciendo incurrir en error al magistrado interviniente e insistiendo con la presentación de una acusación cuando los hechos habían prescripto en manos de la Fiscalía", según consignó Diario Jornada.
Los hechos investigados comprendían un episodio calificado como abuso simple y otro como abuso con acceso carnal. La denuncia se radicó en 2021, cuando la joven declaró que el primer abuso había ocurrido entre sus 7 y 8 años, mientras que el segundo se produjo entre los 8 y 9 años de edad.
Años de inacción fiscal en Rawson
Según se concluyó, la investigación mostró una negligencia sistemática por parte del Ministerio Público Fiscal. Durante todo el 2022 y hasta marzo de 2023, no se realizó ninguna medida investigativa, pese a contar con los testimonios iniciales de la víctima y sus familiares.
En marzo de 2023, la fiscal Florencia Gómez recibió una nueva entrevista con la joven donde esta agregó un tercer abuso. Sin embargo, ese testimonio crucial nunca se incorporó al legajo, no cuenta con firmas y el CD con la grabación desapareció.
La inacción continuó durante todo 2023. Recién en 2024 se entrevistó a una persona en cuyo cumpleaños habría ocurrido el tercer episodio que la víctima ya había revelado un año antes.
El 22 de febrero de 2024, la Fiscalía pidió finalmente abrir la investigación formal. Se realizaron allanamientos, inspecciones, planimetrías, informes fotográficos, pedidos al Hospital de Rawson y hasta una pericia genética en el Laboratorio Regional de Investigación Forense de Comodoro Rivadavia.
El 30 de agosto de 2024 se presentó la acusación a nombre de la fiscal Gómez, solicitando un jurado popular. Pero para entonces, los plazos legales ya habían vencido hacía años, dado que los hechos juzgados habían ocurrido mucho antes.
La jueza Martini explicó que si el primer abuso simple ocurrió en el verano de 2012, entonces estaba prescripto desde el verano de 2022, mucho antes de que el sospechoso fuera citado a la primera audiencia en 2024.
Pero los errores fueron aún más profundos. El año del presunto abuso no era 2012 sino 2011, y la pesquisa original no detectó este error fundamental. El hecho había ocurrido cerca del cumpleaños de una persona cercana a la víctima, pero nadie pidió la partida de nacimiento ni realizó las verificaciones básicas para establecer fechas precisas.
"Un hecho sacado de la galera"
"Fue un hecho sacado de la galera", graficó duramente la jueza Martini al referirse a cómo surgió uno de los cargos, basado en aquella entrevista del 16 de marzo de 2023 que "incomprensiblemente no se agregó al legajo de prueba".
Cuando finalmente se verificó que la persona había cumplido 15 años en 2011, quedó claro que habían pasado diez años y el hecho vinculado al cumpleaños había prescripto.
El episodio más grave, el abuso con acceso carnal ocurrido el mismo 2011, también estaba caído: su plazo era de 12 años y prescribió en enero de 2023, apenas dos años después de radicada la denuncia y sin que el MPF hubiera solicitado la apertura.
Las irregularidades no se limitaron a los plazos. La denuncia estaba agravada por el vínculo familiar, pero nunca se certificó si el imputado era realmente familiar de la víctima.
Incluso se pidió una pericia genética con una muestra de ADN del padre del imputado "sin acta ni constancia alguna de su conformidad ni de que se le hubiera explicado que con esa diligencia podría perjudicar a su hijo", subrayó la magistrada.
"Es decir, la inconsistencia de la acusación fue más allá del planteo de prescripción", sostuvo Martini.
Un problema que no se da por primera vez
La jueza reveló que este no es un caso aislado en Rawson. Durante el proceso, la parte acusadora -ahora a cargo de otro fiscal- invocó un antecedente similar donde "ocurrió una situación semejante con intervención de los mismos actores del MPF, prescribiéndose un hecho de abuso sexual por la inacción estatal".
El actual fiscal Cheuquemán, quien no estuvo a cargo de la causa, admitió en audiencia que el tercer presunto abuso "no surge de ninguna de las declaraciones de la víctima dentro del legajo de evidencias".
"Sostener una acusación sabiendo que la acción penal está legalmente extinguida sería contrario al principio de objetividad que rige la actuación del MPF y un actuar negligente pues la Fiscalía está llamada a resguardar los recursos del Estado, y no exponerlo a un dispendio patrimonial innecesario", reconoció.
El defensor público Miguel Moyano también fue contundente. Habló de "cierta tozudez" de la fiscal Gómez: "Presentó acusación frente a un caso que ya estaba prescripto, se seguía insistiendo e insistiendo. Debió haberse evitado todo este dispendio o desgaste jurídico que es innecesario e inconveniente".
La jueza Martini subrayó lo grave de que la mala pesquisa haya "frustrado" las expectativas de la joven de llevar su caso a juicio y la confianza depositada en la Fiscalía.
"Habiendo analizado todas las opciones posibles surgidas de una investigación fiscal poco comprometida, cualquiera sea la elegida todas conducen a la extinción de la acción", sentenció.
Cheuquemán entrevistó personalmente a la denunciante para explicarle la caída de la causa. Según se informó, la joven seguirá asistida por el Servicio de Atención a la Víctima del Delito.
El llamado de atención de la jueza
"Se debe reflexionar seriamente sobre el tratamiento que debe darse a estos casos donde se investigan hechos de los más aberrantes como los delitos contra la integridad sexual de las personas, donde la presunta víctima revestía la doble condición de niña/mujer", advirtió la jueza.
La magistrada señaló que la joven "pretendió obtener la tutela judicial efectiva garantizada por nuestras leyes y Tratados Internacionales; sin embargo por inobservancia de los plazos, por inacción estatal, no se impulsó la acción dentro del tiempo que se tuvo".
La jueza calificó de "llamativo y grave" que desde la denuncia y hasta prácticamente dos años después, los plazos estuvieron vigentes y la Fiscalía pudo pedir la apertura de la investigación, pero pasó otro año más hasta que finalmente lo hizo en febrero de 2023.
"Los Estados están obligados a ejercer una debida diligencia reforzada para prevenir casos de violencia contra las mujeres y en caso de que suceda, procurar su debida investigación y persecución, garantizándole su participación en el proceso, y evitando su revictimización institucional", concluyó Martini.
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