En 2022 le dieron 8 meses en suspenso sólo por tenencia, pero ahora la fiscalía especializada en ciberdelitos de Chubut comprobó que también difundió las imágenes.
Si la apelación no prospera, el joven de 23 años deberá cumplir las dos condenas que le impuso la Justicia de Chubut, y pasará 4 años y 8 meses preso.
La justicia de Chubut halló culpable y condenó a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento a un joven de 23 años de la ciudad de Rawson, por el delito de distribución de material de abuso sexual de menores de 13 años, informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
El condenado, identificado con las siglas E.I.A.D, ya había sido condenado a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de tenencia de este tipo de material, pero ahora su situación se agravó considerablemente.
Ahora, la sentencia de la jueza Eve Ponce puede ser revisada por la Cámara Penal y por el Superior Tribunal a pedido de la defensa, pero en caso de que el fallo quede firme, se unificarán las condenas y ambas serán de cumplimiento efectivo en una cárcel.
Según se explicó, el delito que se logró probar a partir de la investigación de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen está previsto en el artículo 128 del Código Penal.
Tenencia y ahora también distribución
En el segundo juicio en su contra, el joven condenado anteriormente por tenencia fue declarado autor del delito de distribución de videos que exhibían a menores de 13 años en actividad sexual explícita.
En el proceso judicial realizado en octubre de 2022, el juez que intervino lo había absuelto del delito de distribución de pornografía infantil, condenándolo solamente por la tenencia de ese material ilegal.
Pero el fallo fue cuestionado por los fiscales. De este modo, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anuló parcialmente la primera sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio.
En esta ocasión se imputó el delito de distribución de material de abuso sexual infantil agravado.
Qué comprobó la justicia de Chubut
Ahora, dieron por probados los hechos que ocurrieron el 2 de agosto de 2020, con registro de horario muy preciso: exactamente a la 1:46:30 horas de aquella madrugada de invierno, el condenado E.I.A.D compartió un video a través de su chat room en Facebook.
Ese material audiovisual, según comprobaron los investigadores de delitos informáticos, fue distribuido al menos a nueve usuarios que estaban registrados en esa sala virtual de conversaciones.
Poco más de 13 minutos después, a la 1:59:51 de ese 2 de agosto, el mismo usuario “utilizando nuevamente la red social Facebook, compartió en el chat room otros dos archivos en formato video, ambos con contenido ilegal”, informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Los investigadores pudieron determinar que las imágenes se compartieron desde el domicilio particular del acusado en la capital de Chubut.
En ambos juicios la investigación y persecución penal estuvieron a cargo del fiscal general Fernando Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez, que integran la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Chubut.
En representación directa de las niñas y niños vulnerados en las imágenes, por parte de la Asesoría de la Familia, estuvo la abogada Liliana Ríos. El ahora condenado fue defendido por Pablo y Santiago Aguilera.
El rol de la Fiscalía de Cibercrimen
Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó que antes de la creación, en 2020, de la Fiscalía de Cibercrimen (UFECyED), no existían en Chubut condenas por esta clase de delitos en casos originados por reportes de la National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), la organización civil de Estados Unidos que presta asistencia para difundir secuestros infantiles, recuperar a los niños perdidos y brindar servicios para impedir y combatir la explotación sexual infantil.
Hasta la creación de la unidad especializada de investigación, únicamente se habían dado hallazgos de material de abuso sexual infantil ocasional, en el contexto de la investigación de otros delitos dentro de la provincia.
Hoy, la Fiscalía Especializada en Cibercrimen funciona como punto de contacto de la llamada “Red 24/7” de lucha contra la explotación sexual infantil, creada en el Convenio internacional contra el Ciberdelito de la convención de Budapest, al que la Argentina adhirió por la ley 24.711.
En el artículo 35 del convenio, se estipula que cada Estado parte debe contar con un punto de contacto localizable las 24 horas, los 7 días de la semana, y que su función principal es “asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos o en la recolección de pruebas electrónicas de una infracción penal.”
De este modo, la fiscalía especializada realiza y contribuye permanentemente desde Rawson al monitoreo online, pedidos de captura, alertas rojas y listados de personas desaparecidas.
En el marco de esa función, hasta el momento se llegó a 11 condenas en la Provincia. Además, hay 10 procesos que se encuentran en la etapa de juicio y 4 a la espera de la realización de la audiencia preliminar al juicio.
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