Santa Cruz: lo condenaron por la muerte de un joven en un accidente y seguía manejando con registro trucho

Un escándalo golpea a la localidad de Río Turbio, en Santa Cruz, donde la Agencia Vial de Seguridad denunció que un conductor profesional que fue condenado por el homicidio culposo de Ezequiel "Sapito" Víctor Orellano en una tragedia vial, presuntamente siguió conduciendo vehículos libremente, con documentación trucha, incluido un camión de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio,

Enterada de las sospechas del organismo provincial, que vuelve a poner en duda las fallas en el sistema judicial y de control vehicular, la familia del joven de 24 años fallecido casi diez años atrás, en 2015, salió a manifestar su indignación.

"Todo está arreglado a favor de este asesino", manifestó indignada Patricia González, madre de Ortellano, quien anteriormente ya había denunciado irregularidades desde el inicio del proceso judicial.

El accidente que le costó la vida a Sapito Orellano ocurrió el 23 de noviembre de 2015 en la ruta complementaria Nº 20, cuando el Renault Clío que conducía Ariel Tamayo impactó violentamente contra un Volkswagen Voyage manejado por Tamayo. El choque también dejó herido a un peatón que recibió esquirlas de los vehículos.

La Justicia dictaminó para Tamayo una condena de 3 años de prisión en suspenso y 10 años de inhabilitación para conducir, una sanción que fue amargamente cuestionada por la familia de Sapito Orellano, y que además -según denuncia ahora.- aparentemente nunca se cumplió efectivamente.

"Nos enteramos por casualidad del juicio. Ni siquiera nos notificaron", reveló González, quien ahora exige una investigación a fondo por la presunta complicidad o impericia que habría permitido al responsable evadir su condena.

Lo que les resulta más indignante a los denunciantes es que Tamayo, siendo chofer profesional, habría continuado trabajando normalmente para YCRT, violando flagrantemente la prohibición judicial de conducir vehículos.

Karen Cader, abogada de la APSV, confirmó la presentación de una denuncia penal por falsificación de documento público y quebrantamiento de pena, con pruebas ya entregadas a la Fiscalía de Río Turbio.

"Es inadmisible que un conductor profesional, responsable de una muerte, circule impune", subrayó en diálogo con La Opinión Austral la representante legal del organismo, que tras la denucnia en fiscalía evalúa sumarse como querellante a la causa.

El episodio deja al descubierto problemas estructurales en el sistema: desde la falta de transparencia en las notificaciones judiciales hasta la facilidad para eludir inhabilitaciones. Las estadísticas son alarmantes: cerca del 40% de las licencias en Argentina son fraudulentas, según la ANSV, y la provincia patagónica no escapa a esta realidad.

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Sapito Orellano, de 24 años, murió al chocar con Ariel Tamayo, condenado y ahora sospechado de no cumplir con la habilitación para manejar.

La Opinión Austral

Con la indignación acumulada durante casi diez años, Patricia González advierte: "Voy a luchar por justicia". Su reclamo resuena con fuerza en una provincia donde los accidentes viales son frecuentes y las condenas suelen ser demasiado benévolas, y en la que hace muy poco esto dio nuevas señales con una condena inédita para un conductor declarado responsable de otra tragedia vial.

Una condena reciente y durísima en Santa Cruz

La denuncia de la Agencia de Seguridad Vial de Santa Cruz se conoce pocos días después de una sentencia inédita de la justicia de Santa Cruz, que condenó a 12 años de prisión efectiva a un conductor que atropelló a una chica de 17 años en Río Gallegos y, tras arrastrarla varios metros en el capot, huyó del lugar.

El miércoles 7 de mayo, en una sentencia sin precedentes, el tribunal le impuso al responsable, el empleado bancario Esteban Adrián González, una pena de 12 años por homicidio simple, y no culposo, como suele aplicarse alos responsables de accidentes viales.

Esa decisión marcó un antes y un después en causas por tragedias de tránsito con víctimas fatales, aunque la decisión no fue unánime: uno de los tres jueces del tribunal votó en disidencia.

El veredicto se leyó en medio de una alta expectativa en toda la provincia, en torno a un caso que se convirtió en un símbolo de la inseguridad vial y el reclamo de justicia ante la imprudencia y la desidia al volante.

González llegó al juicio con prisión preventiva, detenido desde el 31 de diciembre de 2022, cuando la policía lo fue a buscar a su casa, al día siguiente del accidente que un grupo de taxistas pudo ver y luego testificar.