Condenaron a una empleada del Registro Civil por cobrarle $90 mil a una pareja para casarse

Una mujer que trabajaba en el Registro Civil de Neuquén fue condenada por haberle cobrado dinero a una pareja que quería casarse y por registrar datos falsos en el acta de matrimonio. La resolución judicial incluyó una pena de prisión condicional, una multa económica y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La condena fue dictada por el juez de garantías Juan Ignacio Guaita, quien homologó un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de la imputada. La audiencia se desarrolló este martes por la mañana y la fiscal del caso, Rocío Rivero, fue la encargada de exponer los hechos investigados y los términos del acuerdo.

La mujer recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional por los delitos de exacciones ilegales y falsedad ideológica. Además, deberá pagar una multa de 450 mil pesos y quedó inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, una sanción directamente vinculada con la función que desempeñaba al momento del hecho.

Según detalló la fiscalía, la condenada se desempeñaba como oficial pública en la sede del Registro Civil ubicada en Venado Tuerto 1899, en la ciudad de Neuquén. Desde ese lugar, durante enero de 2025, tomó contacto con una pareja que había iniciado consultas para contraer matrimonio.

En ese marco, la mujer les informó cuáles eran los costos del trámite, la cantidad de testigos necesarios y la documentación que debían presentar para concretar la ceremonia. Hasta ese momento, se trataba de una gestión habitual dentro del Registro Civil.

Registro Civil Neuquen generica

Sin embargo, de acuerdo con la acusación, luego les manifestó que el sellado que habían abonado no correspondía al trámite de matrimonio. Ante esa supuesta situación, les indicó que el inconveniente podía corregirse mediante el pago de otro sellado, cuyo valor era de 90 mil pesos.

La particularidad fue que ese dinero no debía ser abonado por los canales oficiales del organismo, sino que, según la explicación brindada por la imputada, la pareja tenía que transferirlo a una cuenta personal de ella. La mujer les aseguró que luego se encargaría de concretar el pago correspondiente.

Esa conducta fue encuadrada por la fiscalía como exacciones ilegales, un delito que alcanza a funcionarios o empleados públicos que, abusando de su cargo, exigen o hacen pagar sumas de dinero que no corresponden o que no se perciben por la vía legal establecida.

Menos de 900 casamientos se hicieron durante 2020 en los registros civiles de Neuquén a causa del coronavirus. En 2019, habían sido más de 2000.

Datos falsos y omisiones en el acta de matrimonio

La investigación no se limitó únicamente al cobro de los 90 mil pesos. La fiscal Rivero también explicó que, cinco días después de esa maniobra, la misma mujer intervino en la confección del acta de matrimonio de la pareja e incorporó información falsa.

Según la acusación, en el documento omitió consignar que el matrimonio se había realizado a domicilio. Ese dato no era menor, ya que este tipo de ceremonia requiere cumplir con condiciones específicas y abonar una tasa distinta a la de un casamiento realizado en una sede del Registro Civil.

Además, la mujer tampoco incluyó en el acta a los cuatro testigos que correspondían de acuerdo con la normativa vigente. Para la fiscalía, esas omisiones y datos falsos configuraron el delito de falsedad ideológica, porque el documento público terminó reflejando una situación distinta a la que realmente había ocurrido.

La acusación sostuvo también que la imputada no abonó la tasa correspondiente al trámite de matrimonio a domicilio, que era de 125 mil pesos. Esa falta de pago generó, además, un perjuicio patrimonial al Estado.

SFP Ciudad Judicial

Sebastián Fariña Petersen

Un acuerdo homologado por la Justicia

Durante la audiencia, el juez Juan Ignacio Guaita analizó los términos del acuerdo presentado por la fiscalía y la defensa. Finalmente, resolvió homologarlo y dictar la condena contra la mujer.

La pena de dos años de prisión será de ejecución condicional, por lo que la condenada no irá a la cárcel salvo que incumpla las condiciones impuestas o cometa un nuevo delito durante el plazo legal correspondiente. De todos modos, la sentencia incluye consecuencias directas sobre su vida laboral, ya que no podrá volver a ejercer funciones públicas.

La inhabilitación perpetua es uno de los puntos centrales de la resolución, debido a que el hecho investigado ocurrió en el marco de una tarea estatal y en contacto directo con vecinos que acudieron al organismo para realizar un trámite personal y familiar.

Con la homologación del acuerdo, la causa quedó resuelta con una condena por los delitos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. La mujer deberá cumplir las pautas fijadas por la Justicia, afrontar la multa económica y quedará apartada de por vida del ejercicio de cargos en la administración pública.