Contundente fallo contra una familia gitana que obligó a casarse y ser madre a una nena de 13 años

En un contundente fallo, la Cámara Federal de Casación Penal descartó los planteos de la defensa del matrimonio de gitanos que vivieron en Neuquén y fueron condenados por el delito de trata de personas tras obligar a una adolescente de otra familia a casarse con uno de sus hijos. El hecho se remonta a 2022 y generó una gran conmoción en la región y el país.

Los camaristas ratificaron las condenas a diez años de prisión para un matrimonio y su hijo que captaron, trasladaron y explotaron a una adolescente entre sus 13 y sus 16 años. Además, la forzaron a casarse con el joven, que por entonces tenía 20 años y la víctima 7 menos. En la resolución, el juez Daniel Petrone rechazó la impugnación que presentaron los tres imputados y consideró que la pertenencia de los acusados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres “no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.

En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal de San Juan pudo probar que la víctima de 13 años fue captada mediante el pago de un "precio dotal" de 825 mil pesos. Tras el matrimonio, la víctima fue sometida a explotación laboral, doméstica y a graves abusos físicos.

El fallo dictado de forma unipersonal por el juez con funciones de juicio y ejecución, Daniel Doffo, incluía una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la joven, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La comunidad gitana bajo la lupa de la Justicia: Alberto e Isabel Cristo al ser detenidos por Gendarmería.

Gentileza Gendarmería Nacional

Según se estableció, los acusados, Isabel y Alberto Cristo, sometieron a una menor, identificada bajo sus iniciales como V.S.Y., de 13 años, a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil con su hijo Franco, de 20 años, entre marzo y abril de 2022, en Neuquén. Para concretar la unión, entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente. La fiscalía también atribuyó a Franco haber mantenido relaciones sexuales con la menor, que hasta entonces no había tenido, al menos tres veces durante el rito matrimonial. Una de esas situaciones derivó en un embarazo que llegó a término.

El viaje desde Neuquén a Santa Fe

Tras la unión, los tres acusados trasladaron a la adolescente a Santa Fe, donde hasta diciembre de 2024 habría sido sometida a explotación mediante servidumbre sexual, doméstica y laboral. Según su testimonio, durante ese período fue golpeada, quemada con cigarrillos y agua caliente, insultada y amenazada. Además, fue obligada a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia. El dinero obtenido debía ser entregado íntegramente a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida ni recursos propios. Las exigencias se mantuvieron incluso durante enfermedades, condiciones climáticas adversas y sus embarazos.

En diciembre de 2024, V.S.Y. se trasladó a San Juan junto a Franco y el hijo que tienen en común, y comenzó a vivir con su familia de origen. El 5 de abril de 2025, Alberto e Isabel Cristo llegaron a la provincia. Al día siguiente, aprovecharon una distracción de los padres de la joven para obligarla por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de trasladarla nuevamente a Santa Fe.

Una dramática huida con su hijo en brazos

Durante una detención en Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la víctima intentó escapar con su hijo en brazos. Isabel Cristo la persiguió a pie mientras los demás la seguían en la camioneta. Finalmente, la mujer la alcanzó y la obligó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito. El episodio fue denunciado al 911 por una persona que se encontraba en una estación de servicio y quedó registrado por el Centro Integral de Seguridad Emergencia y Monitoreo 911 de San Juan. Tras el aviso, personal policial de la Unidad Rural 1 logró detener el vehículo y rescatar a la joven y a su hijo.

Gentileza Fiscales.gob.ar

Luego de la condena, la defensa impulsó la impugnación. Sin embargo, Casación rechazó todos los planteos. Sobre el punto específico donde hizo mención de que la comunidad gitana tiene determinadas costumbres culturales, la respuesta fue enfática: “la pertenencia de los imputados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.

"Conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional"

Finalmente, los camaristas indicaron que los hechos endilgados a los tres acusados (matrimonio infantil mediante el pago de una dote, el traslado de una niña a cientos de kilómetros de su familia de origen y su sometimiento a trabajo forzado y violencia física) “configuran la comisión de conductas expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

El proceso que terminó con la condena estuvo representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos San Juan, representada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez; el Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia; la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mángano; junto con la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es Fernanda Bergalli; y la Dirección General de Recuperación de Activos (DGRADB) a cargo de María del Carmen Chena. En la instancia de Casación, actuó la Fiscalía General 1 ante ese tribunal, a cargo del fiscal general Mario Villar y representada por la auxiliar fiscal Natalia Crede.