De los nueve femicidios, ocho no estaban en el radar

Los nueve femicidios cometidos este año en la provincia pusieron en alerta a distintos organismos que se vieron obligados a revisar en qué fallaron. En ese desandar del camino advirtieron que en ocho casos no había ningún tipo de alerta, y en el último -el de Rosana Artigas- las partes habían llegado a un acuerdo y estaba todo encaminado desde lo legal cuando se produjo el crimen.

Los femicidios, que parecen no tener freno, están arrastrando a los tres poderes del Estado y los obliga a mejorar la articulación entre ellos y cumplir cada uno con un rol vital para evitar estos desenlaces.

El vocal del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, confió a LMNeuquén: “Coincido en que es una temática que exige una articulación muy fina de los tres poderes. El Legislativo, en cuanto a la normativa que tiene que dictar y mantener actualizada para generar los dispositivos y las herramientas necesarias para la prevención en el Poder Ejecutivo y para la intervención en casos de emergencia de episodios que deben tener una respuesta judicial inmediata. Si todo esto simultáneamente no funciona, es decir, si la normativa provincial no es la adecuada, si los dispositivos de prevención y de contención no son los adecuados y si la intervención judicial no es la adecuada, en tiempo y tipo de medida que se adopta, es muy difícil que el sistema de protección integral funcione”, explicó el vocal.

Germán Busamia

La búsqueda y revisión sobre si se intervino y cómo, desgraciadamente, se produce cuando hay hecho consumado, ya sea una tentativa o un femicidio.

“En ese momento, todo el mundo revisa cómo fue la actuación y empiezan los cuestionamientos críticos de qué se debió hacer o pudo haber hecho. Incluso, qué más se podría haber hecho”, detalló Busamia que sabe que cada uno de los poderes, principalmente ejecutivo y judicial, tienen intervenciones distintas y necesarias.

Por ejemplo, “el poder judicial tiene la posibilidad de intervenir con medidas rapidísimas y de urgencia cuando está ocurriendo un hecho de violencia según la ley 2785, pero el antes y el después tiene que estar coordinado muy finamente entre el poder judicial y el ejecutivo”, aclaró el magistrado.

En ese acto de revisión e intercambio de información entre organismos surgió un dato tan develador como preocupante: “De los intercambios realizados con la línea 148, observamos que de los nueve femicidios que se registran en la provincia este año, en ocho de los casos no había ninguna intervención previa de ningún dispositivo del sistema integral de protección de violencia contra las mujeres. Y en ninguno de los casos se trató de alguna situación que el dispositivo de la línea 148 tuviera calificado como riesgo de femicidio”, detalló el magistrado.

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Omar Novoa

El dato aporta algo de espanto, porque amplifica la idea de la desprotección y la invisibilidad en la que están cientos de mujeres.

De hecho, hay estadísticas que dan cuenta que “en el sistema de protección integral en violencia contra las mujeres, de acuerdo a la información que registra la Oficina de Violencia del Poder Judicial, hay mil denuncias por mes. De ese volumen, entre el 30 y el 35 por ciento se termina judicializando porque están dentro del marco de la ley”, reveló el funcionario que sigue muy de cerca la evolución del fenómeno.

Pero la problemática es mucho más profunda y compleja desde donde se la mire, por eso es que se sigue revisando y tratando de avanzar sobre alertas y/o detectores para identificar casos, pero la imprevisibilidad es un factor que juega un rol clave.