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Torturas en la exU9: volverán a discutirse las penas que recibirán seis condenados

Se trata de una vieja resolución de la Cámara de Casación y que se demoró por varios recursos. Los castigos en discusión recaerán en exautoridades de la cárcel.

Varias autoridades de la exU9 neuquina volverán al banquillo de los acusados para que se establezcan las penas que deben cumplir por un hecho de torturas seguida de muerte. En un primer momento, se habían fijado los castigos pero una serie de presentaciones posteriores determinaron un nuevo juicio de cesura ordenado por la Cámara Federal de Casación Penal.

cárcel federal U9
Los presos alojados en cárceles federales recurren al habeas corpus para realizar múltiples pedidos.

Los presos alojados en cárceles federales recurren al habeas corpus para realizar múltiples pedidos.

La confirmación de la audiencia se concretó esta semana luego de que el Tribunal Oral Federal de Neuquén (TOF) descartó un reclamo de dos defensores. Desde la fiscalía se habían cuestionado los argumentos de los representantes de los condenados y se resaltó que solo perseguían dilatar el proceso.

La resolución que estableció la discusión de nuevas penas se remonta a 2020. En este marco, la semana que viene, se llevará a cabo el juicio de cesura para establecer las penas a Miguel Ángel Carrilao, Héctor Oscar Ledesma, Juan Carlos Heredia, Gabriel Eduardo Grobli, Daniel Huenul y José Roberto Sosa.

Un juicio con más de una decena de condenados

El proceso que involucra a los condenados se definió en 2019, con un fallo elaborado por el TOF integrado por Alejandro Silva, Marcelo Grosso y Orlando Coscia. Los jueces declararon la responsabilidad de ocho penitenciarios y los condenaron a prisión perpetua. De forma paralela, dispusieron penas de entre tres y seis años de prisión para otros acusados. En la causa se juzgaron las torturas seguidas de muerte del interno Argentino Pelozo Iturri alojado en la exUnidad 9 del Complejo Penitenciario de máxima seguridad de Neuquén. Los condenados fueron un total de 14 personas entre agentes y médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El fallo del Tribunal fue en línea con lo pedido por el Ministerio Público Fiscal en sus alegatos.

Tanto el celador Carlos Roberto Vergara como el cuerpo de requisa de la Unidad, integrado por Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Elix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal y José Walter Quintana fueron condenados a prisión perpetua por el delito de imposición de torturas seguidas de la muerte de la víctima, y quedaron detenidos una vez finalizada la audiencia.

A pesar de las ganas de muchos, la U9 seguirá funcionando como tal. Aseguran que la cárcel de Senillosa no puede absorber más presos federales.
A pesar de las ganas de muchos, la U9 seguirá funcionando como tal. Aseguran que la cárcel de Senillosa no puede absorber más presos federales.
A pesar de las ganas de muchos, la U9 seguirá funcionando como tal. Aseguran que la cárcel de Senillosa no puede absorber más presos federales.

En relación al director Héctor Oscar Ledesma y el subdirector José Roberto Sosa del penal, los jueces les impusieron penas de seis años y seis meses, y seis años de prisión, respectivamente, por el delito de omisión de evitar la comisión del delito de aplicación de torturas. Por igual tipo penal condenaron al jefe de seguridad interna y externa, Daniel Huenul, a siete años de prisión.

Casación ordenó fijar nuevas penas

Para Gabriel Eduardo Grobli, inspector de Región, el Tribunal dispuso la misma pena que solicitó la Fiscalía -seis años-, por los delitos de encubrimiento doblemente agravado -por la gravedad del ilícito y por su condición de funcionario público- y omisión de denunciar un acto propio de su oficio.

Finalmente, para Juan Carlos Heredia, médico de la Unidad, los magistrados ordenaron la pena de cuatro años e inhabilitación por ocho años para ejercer su profesión; al enfermero Miguel Ángel Carrilao, tres años y seis meses, ambos por el delito de omisión de denunciar -doblemente calificado por la índole del delito ocultado y por tratarse de funcionario público-. El único absuelto fue Miguel Ángel Leyría.

En 2020, la Cámara de Casación confirmó las condenas pero determinó que se fijen nuevas penas para seis de los funcionarios juzgados.

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