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Primera probation a incumplidor: donará máscaras al hospital zapalino

El nuevo proceder, que contempla la suspensión del juicio a prueba a los incumplidores, estipula donaciones a acordar con cada imputado, que contribuyan al sistema de salud provincial en el contexto pandémico.

Un hombre zafó del juicio por incumplir la cuarentena, al acordar una donación de máscaras 3D para el hospital de Zapala. El arreglo es el primero de esta naturaleza, y va en línea con lo anunciado por el Ministerio Público Fiscal neuquino, acerca de la disposición que prevé las contribuciones al sistema de Salud en el contexto pandémico como probation.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, en una audiencia realizada el jueves desde la ciudad de Zapala, el fiscal Marcelo Jofré presentó un acuerdo entre la fiscalía y un hombre que incumplió el aislamiento social, preventivo y obligatorio, mediante el cual se estableció la donación de 30 máscaras 3D al hospital de dicha localidad.

El acuerdo se realizó luego de que la semana pasada, el fiscal general José Gerez dispusiera que los casos penales iniciados por el incumplimiento del aislamiento se resuelvan mediante la aplicación de la figura de suspensión de juicio a prueba o “probation”, y que las personas acusadas realicen una donación destinada al sistema de salud provincial ante la pandemia de coronavirus.

El hombre acusado en este caso fue detenido el pasado 27 de marzo en horas de la noche, cuando circulaba a bordo de su vehículo en la ciudad de Zapala. Al no poder argumentar el por qué de su salida al personal de la Policía Federal que lo interceptó, intentó fugarse del lugar y finalmente fue aprehendido.

La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia avaló el acuerdo entre las partes y concedió la suspensión de juicio a prueba para el acusado, por el término de un año y bajo las condiciones expuestas por la fiscalía. Sobre esta línea, cabe destacar que, además de la donación, el incumplidor queda sujeto a los requerimientos de no cometer nuevos delitos y será sometido a controles de la dirección de población judicializada durante los próximos 6 meses.

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