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Tras el reclamo de los gremios, Economía les mostró los números neuquinos

El ministro de Economía, Guillermo Pons, brindó detalles y cifras de la situación financiera de la provincia.

A partir de los reclamos de los gremios por reabrir las negociaciones paritarias, el gobierno neuquino citó a los principales referentes de ATEN, ATE y UPCN para blanquear la situación financiera que atraviesa la provincia, en un contexto de abrupta caída de los ingresos a partir de la baja en las regalías y una depresión de la actividad económica que impacta en los niveles de recaudación impositiva.

En una reunión privada, el ministro de Economía e Infraestructura de la provincia, Guillermo Pons, ofreció una presentación en filminas para brindar detalles y cifras específicas sobre la situación financiera de la provincia. Según explicó, desde marzo ya se notó una importante reducción de los ingresos provinciales, en una caída que recién se amesetó a partir de septiembre.

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Si bien los gremios reclaman por un nuevo esquema de recomposición salarial, imitando acuerdos previos que preveían incrementos trimestrales en base a los índices de precios al consumidor, desde la provincia informaron que la suspensión de este tipo de actualizaciones a partir de la pandemia de coronavirus les significó un ahorro de casi 830 millones de pesos.

El ahorro se da un contexto de agravamiento del estado deficitario de las arcas provinciales, que registran un déficit que llegó, en septiembre, a los 10 mil millones de pesos y que tuvo registros previos de unos 7 mil millones mensuales.

El ministro explicó que la provincia tuvo que echar mano a recursos extraordinarios para sostener el pago de gastos corrientes. La cancelación de la última cuota del aguinaldo para los estatales, por ejemplo, se financió con unos 657 millones de pesos que llegaron gracias a los dividendos hidroeléctricos de Villa El Chocón. En estos meses de pandemia, el gobierno neuquino también recurrió a la venta de títulos, la venta de áreas de exploración hidrocarburífera y un pago que se liquidó en relación al rendimiento productivo por parte de YPF.

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“Son todos recursos extraordinarios, pero se nos están acabando los conejos de la galera”, se sinceró Pons. En ese escenario, el gobierno provincial lanzó un plan de reestructuración financiera basado en tres etapas o premisas.

En primer término, se propuso un plan de ajuste, que implicó una reducción de las partidas ministeriales del orden del 20%, a lo que se sumó la suspensión de créditos y la reducción en la contratación de bienes y servicios.

En el ámbito de las obras públicas, el gobierno propuso “un aplanamiento en la curva de ejecución para poder afrontar las erogaciones en los avances de obra”, según explicó Pons. También se suspendió el inicio de todas las obras nuevas que se pagaran con la renta general de la provincia, mientras que sólo se avanzó con aquellas que estaban sostenidas por el financiamiento de organismos externos.

Como segunda etapa, se apuntó a la búsqueda de financiamiento en un mercado difícil, atravesado por la incertidumbre en relación a la reestructuración de la deuda nacional y la falta de confianza en la economía argentina. En ese marco, se produjo una emisión de LETES por 4 mil millones de pesos, pagaderas en un año de plazo. A eso se sumó un préstamo del gobierno nacional de 5 mil millones de pesos. Como resultó insuficiente, se solicitó un nuevo préstamo por 3 mil millones, del que ya se recibió el primer desembolso, por la mitad del valor. Se estima que en noviembre se hará el segundo pago, por mil millones, y en diciembre el tercero, por 500 millones.

El gobierno neuquino también recurrió al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en donde colocó letras por otros mil millones de pesos. “Pasados a dólares, se generó una deuda total de 80 millones de dólares, a los que se suman otros 37 millones del último préstamo”, detalló Pons.

Como tercera y última etapa, el gobierno se propone iniciar una serie de negociaciones para aplazar el pago de sus compromisos financieros y recuperar parte de las regalías que hoy se destina a fideicomisos para el pago directo a los acreedores, sin posibilidad de que el gobierno pueda acceder a esos fondos.

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En ese sentido, Pons aclaró que la deuda en pesos se refinanció con el canje por nuevos títulos que “nos permitieron sacarnos la soga del cuello” y aplazar los vencimientos a septiembre de 2021, y con otros plazos en 2022 y 2023.

En relación a la deuda internacional, el ministro aclaró que ésta se canaliza por tres títulos externos y un crédito, y que casi el 80% del total está garantizada. Según explicó, hay porcentajes de las regalías que no ingresan a las arcas provinciales sino que se destinan a un fideicomiso para el pago cuatrimestral a los acreedores. Desde el gobierno se busca estirar el pago a los bonistas para que ese dinero esté disponible para que la provincia afronte gastos corrientes.

Aunque estos montos representaban unos 577 millones en abril, para septiembre ya implican un valor total de 1140 millones de pesos en concepto de regalías, pero que no pueden ser utilizados por la provincia para afrontar gastos. “Lo que queremos es que vuelvan a entrar a la provincia”, recalcó Pons.

Con relación a la deuda sin garantía, el gobierno ya afrontó el pago de los últimos vencimientos y tiene otro plazo de pago el 27 de octubre. “Es deuda como la que tienen otras provincias, donde la decisión de pagar o no es nuestra”, dijo Pons y aclaró que en los próximos 30 días se definirá si el gobierno paga o entra en default en esos bonos.

Por otro lado, señaló que la pandemia por coronavirus también motivó un incremento en el nivel de gastos en materia de salud pública. El sistema público de salud demanda cada vez más insumos, equipamiento y contratación de personal. “Salud tracciona muy fuerte en el gasto”, declaró Pons y aclaró que, en un principio, los pagos se afrontaban con aporte de petroleras y el Consejo Federal de Inversiones, pero que luego se tuvieron que cubrir con las rentas generales del Estado.

Con esos datos compartidos, Pons se sumó al ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo en una reunión con los principales referentes gremiales, que reclaman por una actualización de sus salarios atrasados en relación a la inflación.

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