Usaban dos tachos de basura para sacar armas bajo custodia judicial

La justicia de San Isidro mandó a secuestrar los dos grandes tachos de basura situados en la esquina de los tribunales, donde fueron encontradas dos armas de fuego que debían estar bajo custodia judicial. Varios testigos dijeron que era habitual que se arrojaran, en ambos contenedores, objetos vinculados con expedientes penales.

A partir del secuestro de los contenedores, además de evitar que se sigan arrojando efectos que deben estar bajo custodia judicial, el representante del Ministerio Público a cargo de la investigación intenta establecer si eso tachos eran utilizados como una posta donde alguien dejaba armas, chalecos antibalas y municiones y había otras personas que los retiraban.

Según declararon varios testigos a los investigadores, a pesar del escándalo provocado por el hallazgo de las dos armas en los contenedores de basura instalados en la esquina de Ituzaingó y Acassuso, en los días siguientes vieron que los cartoneros que revisaban los tachos encontraron otros efectos que debían estar guardados en el depósito de efectos del subsuelo de los Tribunales.

Los testigos afirmaron que en los tachos fueron hallados, entre otras cosas, chalecos antibalas y bolsas con municiones.

A partir de estas declaraciones, la Justicia comenzó a investigar si alguien con acceso a los tribunales y a los recursos policiales sustraía armas y otros efectos, los vendían o alquilaban a bandas delictivas y acordaban que la entrega se haría "al paso" en el contenedor, en una modalidad también conocida como "take away".

Hasta el momento, en la investigación encarada por el fiscal Matías López Vidal, no se pudo determinar quién fue el responsable de sacar las armas afectadas a expedientes penales del depósito del subsuelo del edificio de Ituzaingó 340 y arrojarlas en los dos contenedores.

Además de convocar a una serie de testigos, los investigadores ordenaron secuestrar ambos contenedores, que fueron retirados de la calle y trasladado a pocos metros, en la playa de estacionamiento de los funcionarios que trabajan en el edificio.

Debido a que en los tachos de basura siguieron apareciendo efectos cuya disposición debía concretarse mediante la aplicación de un protocolo, los investigadores judiciales emitieron un oficio a todos los juzgados y fiscalías en el que remarcaron que "bajo ningún concepto se podrán arrojar en los contenedores desechos de causas, efectos o elementos que tengan relación con la función jurisdiccional". El escándalo involucra a un grupo de no más de dos funcionarios judiciales que tienen a su cargo la responsabilidad operativa del edificio y a tres empleados.

Todo comenzó el 5 de diciembre pasado cuando un cartonero que revisaba los contenedores de basura alertó al número de emergencias 911 sobre el hallazgo de dos pistolas, una calibre 9 mm y otra calibre 22. La primera de esas armas cargada con dos proyectiles y lista para ser disparada.

Además, de las pistolas, el cartonero encontró municiones, cartuchos de escopeta calibre 12/70 y 50 chapas patente. Tres de los vehículos a los que correspondían esos números de patentes tenían pedido de secuestro activo y pertenecen a rodados modeles 1989, 1992 y 1994. Todos esos efectos debían estar guardados en el recinto instalado en el subsuelo de los Tribunales. Se trata de una sala enrejada a la que en el edificio de Ituzaingó 340 conocen como "jaula de efectos".

Hasta el momento ninguno de los investigadores pudo establecer quién fue el responsable de trasladar esos efectos desde el recinto del subsuelo hasta los tachos de basura, instalados a veinte metros.

Tampoco se sabe si ese empleado que depositó los efectos en los contenedores de basura actuó por cuenta propia o por orden de un superior jerárquico.

Sí se sabe que varios testigos vieron en los días siguientes al hallazgo de las dos armas, los cartuchos y las patentes, aparecieron en los contenedores bolsas con municiones y chalecos antibalas como los que utiliza la policía bonaerense.

Esos testigos ya declararon en la fiscalía que investiga el hecho. Debido a que seguían arrojando elementos afectados a causas penales, desde la fiscalía se ordenó secuestrar ambos tachos. Dicha medida se fundó en la posibilidad de que se tratara de una modalidad que tuviera como fin que esas armas fueran a manos de alguna banda delictiva. El hallazgo de las patentes no fue un dato menor. Las chapas robadas constituyen el primer paso para la elaboración de automóviles mellizos, una de las clásicas estafas sobre ruedas.

FUENTE: La Nación