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La Mañana Máximo Kirchner

Juicio a CFK: los mensajes que involucran a Máximo Kirchner con los negocios de obra pública

Se tratan de mensajes que el hijo de la vicepresidenta (cuando aún no tenía un cargo público) intercambió con José López, ex secretario de Obra Públicas.

En el juicio en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser la jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado en 46.000 millones de pesos, este viernes, la fiscalía encabezada por Diego Luciani involucró a Máximo Kirchner, como una persona más que importante para que se realizarán las maniobras.

En este sentido, hizo hincapié en la licitación número 51 (la pavimentación de 100 cuadras en Río Gallegos) de todas las que ganó el grupo Austral en Santa Cruz, la cual, a su criterio, cierra un circuito que perduró durante doce años y que “de manera sistemática funcionó para direccionar obra pública a favor de Lázaro Báez”.

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Para hablar de ese contrato, Luciani expuso mensajes del celular de José López-ex secretario de Obras Públicas-, con un hombre de confianza de Máximo Kirchner y con el mismo hijo de la vicepresidenta, quien aún no ocupaba ningún cargo público “pero tenía un intervención y conocimiento sobre lo que se licitaba en la provincia a favor de Báez”.

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Lo que la fiscalía calificó como “una marcada intervención” del hijo de la vicepresidenta ocurrió a finales de 2014.

Para probarla, Luciani volvió a exponer ante todos los imputados algunos de los 26.000 mensajes del celular de José López que fueron analizados. Justamente, el fiscal seleccionó mensajes referidos a la última licitación que el holding de Báez ganó en suelo santacruceño: “debían apurarse en direccionar el contrato y pagar rápidamente todo, se aproximaban las elecciones presidenciales”.

Se trató de un plan de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos, financiada con fondos nacionales que demandaron un desembolso de 87 millones de pesos, “pero contó con un avance del 27% y al igual que otras obras, fue abandonada, nunca le importaron las obras pero sí direccionar fondos a favor de Báez”, según concluyó Luciani.

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“Pese al argumento reiterado de la vicepresidenta de que todo fue avalado por las leyes de presupuesto, este plan de pavimentación no pasó nunca por el Congreso. No tenían crédito legal pero no podía caerse porque era el último tramo de gobierno de Cristina Kirchner”, expresó el fiscal.

El contrato avanzó, y respecto de esa obra hubo varios intercambios de mensajes de texto que “muestran la intervención directa” de Máximo Kirchner.

En la primera de las capturas de pantalla compartidas por Luciani en su alegato, José López, entonces secretario de Obras Públicas, se comunica con el amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial, Matías Bezi, preguntándole si “había hablado con Maxi y si había decidido cuál sería la ubicación de las 100 cuadras”.

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La respuesta fue: “Sí, algo definimos” y contó que se iba a reunir Roberto. La fiscalía indicó que se refería a Roberto Gómez, una persona que trabajaba para Austral Construcciones y fue el responsable de diseñar la obra de 100 cuadras de pavimento.

“El secretario de obras públicas del municipio de Río Gallegos, según se vio en los mensajes de texto, le da explicaciones a Matías Bezi sobre las demoras de la licitación. Bezi persona de confianza de Máximo Kirchner”, relató Luciani.

Todos ellos “ya estaban hablando con el personal de Austral y aún no existía ninguna licitación”, remarcó el fiscal.

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Este intercambio de mensajes, en el que un funcionario nacional como José López solicitaba que Máximo Kirchner -que no era funcionario- decidiera adónde se iban a realizar las cuadras de pavimento “que iban a terminar en manos de Báez”, añadió el fiscal, muestra “que las licitaciones se arreglaban con anterioridad y no queda ninguna duda de que era así, porque no había ninguna licitación y la gente de Austral Construcciones ya sabía de la obra”.

Después continuaron unos mensajes de José López directamente para Máximo Kirchner: “Tengo el trabajo y las fotos de las obras en la provincia y quería hacerte un comentario por esto y por el video de las represas”, se leyó que escribió López. En otro mensaje, el secretario de Obras Públicas le dice “Hola (Máximo) me encantó el proyecto del Lago Ortíz , cómo hacerlo estoy viendo y quiero preguntarte”.

El ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, imputado en este caso, también intercambió mensajes con José López respecto de las obras para Santa Cruz. “Esos intercambios mostraron que Máximo Kirchner recorría las obras con Matías Bezi, tenían conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”, indicó Luciani. “Sabían y manejaban lo que pasaba en Santa Cruz”.

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¿Qué respondió Fatala? “Hola (José López) ayer estuvo Máximo acá en Piedra Buena y después fue a Puerto Santa Cruz, volviendo a la noche a Gallegos. Nos había pedido las obras y las estuvo recorriendo”.

En función de ese mensaje, la fiscalía insistió: “Sin ser funcionario, Máximo Kirchner intervenía en las obras que se direccionaban en la provincia a favor de Báez”. “López era el que reportaba siempre a Máximo Kirchner avisándole cómo avanzaban los convenios y los proyectos para Santa Cruz”.

Uno de los mensajes dirigido a Matías Bezi, nuevamente, dice: “Decile a Maxi que está encaminado lo de las viviendas en El Calafate , el miércoles firma el convenio”.

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Estas comunicaciones, expresó el fiscal Luciani, “muestran la coordinación que había entre todos ellos, sobre licitaciones que se llevaron a cabo en Santa Cruz” con fondos nacionales.

El fiscal volvió a referirse entonces a la obra de las 100 cuadras de pavimentación en Río Gallegos. "Estas decisiones de las obras, de la urgencia para realizar la obra y adjudicar a Lázaro Báez, todo esto emanaba de los más altos cargos del Poder Ejecutivo. Hubo una orden de arriba, de mucho poder, para que se licitaran con urgencia”, sostuvo Luciani.

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Una vez más, dijo la fiscalía, “se trató de una simulación de licitación pública para que termine en manos de Lázaro Báez. Como no tenía crédito legal específico para la obra como lo exige la ley de obra pública”, se le pagó a la empresa Kank y Costilla, que se quedó con la obra pese a varias observaciones sobre el proyecto y oferta presentados.

En función de los intercambios de ese y otros mensajes, la fiscalía dio por probado que “antes de la convocatoria ya estaban hablando con integrantes de la empresa de Lázaro Báez: un direccionamiento claro y evidente”.

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