La Corte Suprema le pidió una opinión a Gils Garbó sobre los aumentos

Se trata de un dictamen que no es vinculante, pero es uno de los pasos previos antes de que el máximo tribunal dé a conocer su posición.

La Corte Suprema de Justicia pidió hoy a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que emita un dictamen sobre el aumento en las tarifas de gas dispuesto por el Ministerio de Energía, cuya aplicación fue suspendida por la Cámara Federal de Las Plata.

Si bien el dictamen no es vinculante, éste es uno de los pasos previos que da el máximo tribunal antes de dar a conocer su posición sobre el tema.

El envío del expediente a la jefa de los fiscales fue resuelto en la habitual reunión de acuerdo que se realiza los días martes y de algún modo oficializa que la Corte Suprema ya tomó en sus manos la causa enviada por el tribunal de segunda instancia platense.

Gils Carbó no tiene plazo para emitir su dictamen pero se estima que no será muy largo el plazo daba la gravedad institucional del tema, ya que el fallo en vigencia retrotrajo las tarifas a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería.

Mediante esas resoluciones, el gobierno dispuso a partir de marzo la suba de hasta un 2.000 por ciento según el tipo de consumidor y la región en la que reside, según denuncias de los usuarios.

Tras el fallo de la Sala II de la Cámara platense, el 7 de julio pasado, ese mismo tribunal habilitó la apelación del gobierno pero mantuvo el efecto suspensivo de su medida hasta el fallo de la Corte.

Ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipó que el Poder Ejecutivo realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo” y consideró “muy grave” que la Corte no avale los aumentos.

Todos los amparos concedidos por decenas de jueces y tribunales en contra del tarifazo, tanto en el gas como en la electricidad, se basan en la ilegalidad de haberlos dispuesto sin una audiencia pública previa prevista en los contratos de concesión.

El primer amparo contra el aumento del gas fue gestionado por el gobierno de Chubut pero luego se sucedieron medidas suspensivas en todo el país.

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