La reforma electoral sigue trabada en la Legislatura

Neuquén

La boleta única electrónica y las listas colectoras son hoy los dos temas clave para destrabar la reforma electoral, que se está analizando hace cuatro meses en la Legislatura. El MPN busca los votos para imponer los comicios con sistema digital, un compromiso que tiene con Nación, y también está negociando cambios en la eliminación de las candidaturas múltiples, por un reclamo que le hicieron sus propios aliados.

El tema de la boleta única electrónica dividió aguas ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Mario Pilatti (MPN). El oficialismo y el PRO se enfrentaron con las fuerzas afines al kirchnerismo, que quieren un sistema con papel. Finalmente, el punto no se sometió a votación y postergaron la definición una semana más.

La mayoría de los bloques acuerdan con una boleta única para todos los partidos, pero no coinciden si debe ser electrónica o impresa. Unos denuncian que el sistema digital permite fraudes y otros señalan que el peligro es el papel. En este tema, el MPN tiene los votos justos y necesita más que nunca de sus tres colectoras, que no acompañarán mientras no les aseguren que pueden seguir acompañando al oficialismo en los comicios.

Es que el proyecto de reforma que presentó el gobernador Omar Gutiérrez habla de eliminar todas las candidaturas múltiples, lo que dejaría en una situación complicada a sus aliados del FRIN, PAN y UP-UNA.

Sacar la reforma sin la boleta única electrónica sería un desplante del MPN al presidente Mauricio Macri. Ayer, el diputado provincial del PRO, Damián Canuto, remarcó que el sistema de votación digital “es uno de los pilares más importantes del cambio electoral”, y se quejó de que “se lo está dilatando demasiado en la comisión”.

“Todas las semanas, algún funcionario de la Provincia habla de la boleta electrónica, pero se termina el año y el tema se está quedando afuera”, advirtió preocupado el legislador macrista.

A un paso de ser ley

Vía libre al acceso a la información

La Comisión de Asuntos Constitucionales emitió despacho ayer para una ley de acceso a la información pública, que obligue a los funcionarios a difundir los datos que pidan los ciudadanos.

También hubo consenso para avanzar con la regulación del cannabis medicinal.

Ambos proyectos se votarían en sesión a fin de mes.

Para la ley de acceso a la información, el MPN hizo algunos cambios menores al proyecto oficial, que le permitieron llegar al despacho. El texto prevé que, cuando un ciudadano pida información a un funcionario, habrá 15 días de plazo para que le respondan.

El punto flaco, que varios diputados opositores señalaron, es que no contempla un mecanismo si las autoridades no responden. Sólo se indica que el interesado puede presentar un amparo judicial, cosa que ya ocurre hoy.