Las licencias psicológicas cuestan 11 millones por mes

Es lo que se le va al Poder Judicial en los salarios de los afectados.

Guillermo Elía

policiales@lmneuquen.com.ar

Neuquén.-Las licencias psicológicas le cuestan 11 millones de pesos por mes al Poder Judicial. Son 53 los casos en la actualidad entre magistrados, funcionarios y empleados. Ahora, analizan cada uno de los casos para determinar si hay “pícaros” utilizando estos recursos.

Desde que el Ministerio Público Fiscal (MPF) elevó un informe al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar las licencias psicológicas que hacen resentir el servicio de justicia, estalló el escándalo en los pasillos de la Ciudad Judicial.

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Hay al menos unos 17 magistrados, fiscales y defensores que tienen licencias extendidas que superan los 35 días, de los cuales hay 10 que tienen certificados que van de los 100 a los 835 días.

Este es el bloque más crítico porque son funcionarios de gran responsabilidad dentro del Poder Judicial y al estar de licencia, sus pares se ven recargados en las tareas, lo que genera gran malestar interno.

Salud ocupacional del Poder Judicial analiza los casos a partir del pedido que realizó el titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, la semana pasada.

Sus salarios están por encima de los 120 mil pesos y escalan hasta los 220 mil. En total, este grupo le significa a la Justicia una erogación mensual que ronda los 5 millones de pesos.

Los 36 pacientes restantes son profesionales, administrativos y personal de maestranza que también están con certificado psicológico y psiquiátrico y le representan otros 6 millones de pesos mensuales al Poder Judicial.

53 empleados judiciales con licencia psicológica

La cifra duplica al personal que está en la actualidad con licencia física. Del total de los pacientes psicológicos, 17 son jueces, fiscales y defensores que cobran entre 120 mil y 220 mil pesos.

“Hasta ahora, Salud Ocupacional no ha detectado ningún patrón que se repita, de manera sospechosa, en las licencias psicológicas y psiquiátricas extendidas que están vigentes”, dijo Germán Busamia, Presidente del TSJ

Escala de descuento

Durante el tratamiento extendido, todos los integrantes de la Justicia cobran su salario de forma íntegra, pero por reglamento interno todo tiene un límite.

Durante los dos primeros años se cobra todo el salario, al tercero se les descuenta el 50 por ciento y al cuarto año ya no perciben sus haberes.

En el caso de magistrados, fiscales y defensores designados por la Constitución, cuando se reintegren a sus funciones, se deberá corroborar su idoneidad psicofísica para ejercer el cargo, en caso contrario se podrá activar el mecanismo de jury para desplazarlos y así iniciar el proceso para una nueva designación con la intervención del Consejo de la Magistratura.

El problema

Actualmente, Salud Ocupacional del Poder Judicial tiene el problema de que hay profesionales tratantes que se niegan a informar sobre la historia clínica, diagnóstico y tratamiento del paciente. Esto abre la puerta a que los profesionales de la Justicia puedan citar a la persona para hacerle un informe con datos científicos y objetivables sobre su situación. Pero hasta ahora no ha ocurrido.

La oportunidad de crear un protocolo

La puesta en escena de esta problemática abre al TSJ y al Consejo de la Magistratura la posibilidad de crear un protocolo para evaluar bien a cada uno de los magistrados y funcionarios que se vayan a designar.

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