El tribunal de Revisión integrado modificó la situación de los dos imputados en la causa por las estafas con planes sociales. ¿Qué pasó con Pablo Sanz?
A cuatro días de que la jueza de garantías Estefanía Saulí diera lugar al pedido de la fiscalía de Delitos Económicos y prorrogara la prisión preventiva de Ricardo Soiza, Marcos Ariel Osuna y Néstor Pablo Sanz, al considerar que su libertad o detención domiciliaria constituye un riesgo de entorpecimiento para la investigación de las estafas o maniobras de corrupción con planes sociales, este martes el Tribunal de Revisión confirmó la decisión de la magistrada en lo ateniente a la situación procesal de los dos primeros, pero resolvió que dicha extensión sea por dos meses a partir de su vencimiento y no por seis meses, tal como se había dictaminado en primera instancia.
De esta manera, el ex director de Planes Sociales y propietario del restaurante Faraón podría quedar en libertad los primeros días de enero, al igual que el ex jefe de Gestión de Programas.
Por mayoría, el tribunal -integrado por los jueces Gustavo Ravizzoli, Juan Pablo Encina y Dardo Bordón- entendió que la decisión tomada por la jueza de garantías fue debidamente fundada, ajustada a derecho y tomada sobre la base de la información con la que se contó durante la audiencia en relación con los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación, por ocultar información o influir sobre testigos continúan vigentes.
No obstante, modificó el plazo de la medida de coerción a dos meses al entender que es aconsejable la revisión regular de la misma. Cabe comentar, que uno de los jueces votó por otorgarles la detención domiciliaria.
Estafas con planes sociales: ¿en qué situación quedó Sanz?
De momento, Néstor Pablo Sanz continúa tras las rejas en la Comisaría 1 aguardando una audiencia que se realizará este viernes 17 de noviembre donde se decidirá si continúa o no con prisión preventiva, si queda en libertad o si se morigera dicha medida cautelar con una prisión domiciliaria o un acortamiento del plazo de su detención, tal como se dictaminó hoy para Soiza y Osuna.
La situación procesal de Sanz no pudo resolverse este martes porque su abogado, Gustavo Palmieri, debía estar presente en otra audiencia -prevista con antelación- que se realizó en el mismo horario.
"Como no podía participar, desdoblaron la audiencia con el mismo tribunal. No fue una situación estratégica de la defensa, surgió así", expresó Palmieri en diálogo con LMN.
Este 10 de noviembre se cumplía el plazo de vencimiento de la medida cautelar dictada por el juez Cristian Piana en julio de este año. Por eso, el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, solicitaron una prórroga de seis meses para los tres detenidos, acusados del delito de asociación ilícita en carácter de jefes con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real; cargos que también pesan sobre Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración y el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca (quienes se encuentran en libertad).
Al solicitar la extensión de la medida coercitiva la fiscalía señaló que los tres exfuncionarios continúan constituyendo un riesgo de entorpecimiento de la investigación. En ese sentido, recordaron los operativos que montaron estando en libertad, antes del 10 de julio pasado, para manipular y ejercer presión hacia otros imputados en la causa y ocultar pruebas.
Una de las principales expectativas en torno a esta audiencia era si Sanz podía lograr la prisión domiciliaria, luego de la declaración que brindó ante los representantes del Ministerio Público Fiscal asumiendo su participación en las maniobras de corrupción, aportando detalles de las mismas y nuevos nombres de personas involucradas, además de señalar que el dinero era destinado a acciones de campaña política y enriquecimiento personal de funcionarios de primer nivel y mandos medios.
Para los fiscales el testimonio no agregó "nada nuevo ni sustancioso" a la investigación ya que solo confirmó información que ya habían obtenido a través de documentos y otros imputados que declararon hace unos meses, motivando las prisiones preventivas.
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