La Fiscalía tiene 90 días para definir si archiva o no la causa de estafa de una mutual vinculada a Levi

La Justicia neuquina le impuso al Ministerio Público Fiscal (MPF) un plazo de 90 días para definir su postura en una investigación por presunta administración fraudulenta vinculada con la Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos, la mutual liderada por el referente de UOCRA, Juan Carlos Levi, que apuntaba a desarrollar viviendas en Añelo.

Pese a que la causa inicial había sido archivada por la figura de presuntas presiones para afiliarse a la mutual, a principios de 2026 se reactivó la investigación con una nueva hipótesis: estafa y eventual administración fraudulenta, a partir de transferencias de la mutual hacia empresas vinculadas a socios de la entidad, algunos de ellos familiares.

Ahora, un juez de garantías impuso un plazo de tres meses para que la fiscalía definiera si correspondía archivar el legajo o avanzar con una formulación de cargos, entre las alternativas previstas por el Código Procesal Penal. Pese a que los fiscales consideraron que se trata de una trama compleja para investigar, la Justicia consideró que el plazo era razonable para sentar una postura.

La investigación está orientada a determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos de la mutual y si esas maniobras podrían constituir el delito de administración fraudulenta.

El análisis comprende, entre otros elementos, movimientos de ingresos y egresos de la entidad y determinados pagos realizados a proveedores, a partir de información contable y bancaria incorporada al legajo.

La investigación sigue en curso

Parte de la documentación está siendo analizada por Gendarmería Nacional y cinco dispositivos ingresaron al circuito de análisis el pasado 10 de agosto. La fiscal señaló que, en estas condiciones, todavía no es posible adoptar una decisión, porque resta incorporar y evaluar información relevante para la investigación.

La fiscal del caso Rocío Rivero explicó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que todavía resta analizar una importante cantidad de información. Precisó que, luego de una serie de allanamientos realizados en enero, fueron secuestrados documentación y dispositivos electrónicos que actualmente son objeto de pericias.

Sebastián Fariña Petersen

Ante pedidos de las defensas, el juez de garantías Raúl Aufranc consideró que, si bien la investigación presenta una complejidad que requiere contemplar el análisis de documentación y dispositivos electrónicos, ya transcurrió el plazo legal inicial de la investigación preliminar.

Por ese motivo, entendió razonable establecer un plazo judicial de 90 días, durante el cual la Fiscalía deberá adoptar alguna de las decisiones previstas en el artículo 131 del Código Procesal Penal.

A su vez, el juez rechazó el pedido de la defensa de excluir a la querella del caso. Según explicó, en esta etapa aún es prematura definir la condición de víctima de las personas representadas por los querellantes.

Sebastián Fariña Petersen

Por eso, la solicitud será analizada recién cuando el MPF reúna más elementos para saber si eventualmente se formaliza la investigación.

Devolución de documentación personal

Por otra parte, el juez ordenó la devolución de documentación personal secuestrada durante los allanamientos, entre ella partidas del Registro Civil y pasaportes.

Para concretar la medida estableció un plazo de 15 días, a fin de determinar dónde se encuentra esa documentación y ponerla a disposición de quienes corresponda.

La postura de la mutual

El abogado defensor de Levi, Sebastián Perazzolli, remarcó que los fondos cuestionados estarían invertidos en la obra de Añelo: un edificio de cinco niveles, con una construcción contigua que incluiría oficinas, albergues y otros servicios. Según estimaciones de mercado, dependiendo de la zona, el costo puede oscilar entre 1.800 y 2.500 dólares el metro cuadrado.

“Si uno ve la evolución patrimonial de la mutual, la hipótesis de administración fraudulenta se descarta. Esto no es más que una exposición de pesca de la Fiscalía. No hay ningún fundamento serio para justificar semejante afectación a la intimidad de las personas investigadas”, afirmó.

El expediente original había sido archivado cuando se analizaba la figura de compulsión asociativa. No obstante, tras nuevas medidas impulsadas por la fiscalía, la causa fue desarchivada y reconducida hacia una presunta estafa vinculada al manejo de fondos de la mutual.

“Del análisis objetivo de las evidencias recolectadas hasta ahora no hay una hipótesis de delito que justifique una investigación formalizada. Si la Fiscalía actuara con objetividad en el caso, debería disponer el archivo del legajo”, expresó el abogado.