Planes sociales: ¿Por qué el polémico abogado Alfredo Cury está libre, si es uno de los imputados?
El fiscal Vignaroli explicó por qué está en libertad, siendo imputado en la causa y denunciado por ejercer presiones y esconder pruebas. También aclaró por qué no hay restricciones para Di Luca y Siengentharler, si están acusados de ser jefes de la banda.
Este jueves, luego de que concluyera la primera parte de la audiencia en la que se definió la prórroga de la prisión preventiva para el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza; el exjefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna; y el ex director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz; se dieron a conocer los motivos por los cuales - y a diferencia de estos tres imputados-, el extitular de esa cartera, Abel Di Luca, Tomás Siengentharler (coordinador Provincial de Administración) y el polémico abogado Alfredo Cury se encuentran en libertad. La explicación fue brindada por Pablo Vignaroli, jefe de la fiscalía de Delitos Económicos que investiga las maniobras de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social.
La pregunta tuvo lugar en una rueda de prensa, minutos después de que en el recinto los abogados defensores de Soiza, Osuna y Sanz hicieran ese planteo frente a la jueza de Garantías Estefanía Saulí, quien este viernes a las 8:30 terminó dictaminando la extensión por seis meses de la medida coercitiva para estos tres exfuncionarios, tal como solicitó la querella y la fiscalía.
El primero en hacer el comentario fue Gustavo Palmieri, el abogado de Sanz, quien esperaba que los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaran la prisión domiciliaria para su cliente valorando como un cambio de actitud la explosiva declaración que realizó la semana pasada asumiendo su participación en el desvío de fondos de subsidios de desempleo, aportando detalles de las maniobras y nuevos nombres de personas involucradas.
Al hacer referencia al argumento de la fiscalía (en cuanto a que Sanz, Osuna y Soiza siguen constituyendo un riesgo de entorpecimiento de la investigación), Palmieri recordó que en la audiencia de reformulación y ampliación de cargos de fines de octubre (en la que quedaron 31 personas imputadas), la fiscalía no solicitó ninguna medida cautelar para las 28 personas que al día de hoy están en libertad.
Entre ellas se encuentran Di Luca y Siengentharler, sindicados -al igual que los tres detenidos- como los principales responsables de la maniobras de corrupción; y Cury, quien participó en los operativos de eliminación de pruebas y aprietes, según contaron cuatro imputados (Lucía Mariel Soto, Analía Griselda Scherer, Cristian Javier Vergara, Paula Gabriela Zeballos) cuyos testimonios motivaron las prisiones preventivas impuestas en julio de este año.
"¿A usted le parece razonable que de 31 personas, 28 no tengan ningún compromiso con el entorpecimiento de la investigación? Los cuatro supuestos 'arrepentidos' que declararon, también sentían temor respecto a lo que estaban involucrados en la maniobra. Lo más absurdo de la situación: en la audiencia de formulación de cargos se le atribuyó al abogado que intervenía en representación de los señores una participación", señaló Palmieri haciendo referencia a Alfredo Cury. "Para ese, que era el abogado que avisó de allanamientos por una filtración, que pasó por las casas a buscar celulares y computadoras y que está imputado en esta causa, no pidieron ninguna medida de restricción", agregó.
Acto seguido remarcó que los tres exfuncionarios detenidos lo están por presiones políticas y porque el Ministerio Público Fiscal no quiere mostrar signos de debilidad.
A su turno, Fernando Diez y Esteban Sampayo, patrocinantes de marcos Ariel Osuna y Ricardo Soiza respectivamente, hicieron planteos similares. Uno de ellos hizo hincapié en la ausencia de restricciones para Di Luca y Siengentharler, también acusados del delito de asociación ilícita con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real, todo en carácter de jefes.
Corrupción con planes sociales: la respuesta de la fiscalía
Cuando la audiencia pasó a un cuarto intermedio, el fiscal Vignaroli explicó -en diálogo con la prensa- cuáles son los criterios a partir de los cuales solicitan medidas de restricción como una prisión preventiva. "Esta basada en riesgos, los riesgos son personales, no se extienden a terceras personas. Nosotros lo que tenemos acreditado por el momento es que quienes ejercieron actos de influencia sobre estas cuatro personas son los que están en prisión preventiva, son las personas que en ese momento se encontraban imputadas", dijo haciendo referencia al 10 de julio pasado, cuando el juez Piana dictó la mencionada medida cautelar para Soiza, Osuna y Sanz.
"A la fecha en la que se dictó la prisión preventiva, el doctor Cury no estaba imputado en el hecho. Fue incluido como imputado con posteridad. Ese es el motivo por el cual hay tres personas con prisión preventiva y no más. Si posteriormente, o a lo largo de la investigación, surge que hay otro imputado que lleva adelante actos de entorpecimiento, nosotros como fiscalía tomaremos las decisiones que correspondan", agregó.
En ese sentido, Vignaroli dijo que el hecho que Cury esté imputado actualmente "no cambia la situación". "Entendemos que ha demostrado que estando en libertad no ha entorpecido, no ha habido información hacia la fiscalía de parte de las personas que están en libertad que haya querido influirlas o que haya querido tener algún tipo de contacto con ellos", concluyó.
Corrupción con planes sociales: ¿Quién es Alfredo Cury?
Cabe recordar que Cury fue señalado Soto, Scherer, Vergara, Zeballos ante la fiscalía como intermediario de Ricardo Soiza. En coincidencia con lo que expuso Isabel Montoya (pareja de Sanz, también imputada en la causa) frente a las cámaras de televisión, contaron que el abogado que patrocinó en en un momento a la primera tanda de acusados hacía reuniones para llevar tranquilidad respecto al desarrollo del proceso judicial diciendo que "iba a quedar en la nada". Al igual que Soiza, les pedía que no buscaran a otro representante legal.
De acuerdo a estos testimonios, Cury anticipaba los allanamientos que se iban a hacer en el marco de la causa y daba directivas a los involucrados en torno a que "limpien sus casas" para eliminar elementos de prueba. Asimismo enfatizaron que solicitaba de manera intimidante que no hablen.
Por otro lado, hace unos años, Cury fue acusado del delito de coacción agravada por un apriete que protagonizó en un lavadero de autos del barrio Santa Genoveva.
El violento episodio ocurrió en enero de 2019 en el lavadero de calles Río Dulce e Illia donde el entonces abogado de la UOCRA había ido a exigir que le devolvieran el dinero y un par de lentes que había dejado en el BMW que había dejado para lavar. Al no encontrar nada, con una requisa, volvió el día siguiente con cinco personas. Mediante amenazas de arma de fuego e insultos, uno golpeó a un empleado, robó $1000 y otro, un celular. Todo quedó filmado por las cámaras del lugar. Tras el inicio de un proceso judicial, el letrado recibió una suspensión de juicio a prueba.
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