Un juez ratificó el desalojo mapuche en Villa La Angostura pese al llamado al diálogo de Provincia
Rechazó suspender la medida y desoyó al ministro Jorge Tobares, que pidió abrir una mediación. Las comunidades siguen en alerta.
El conflicto por las tierras que habitan las comunidades mapuche Quintriqueo y Melo en Villa La Angostura sumó esta semana un nuevo capítulo de tensión por la orden de desalojo. A pesar de que el Ministerio de Gobierno de Neuquén pidió abrir una instancia de diálogo, y de que hay una medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el juez Francisco Astoul Bonorino ratificó el lunes 19 de mayo que la orden de desalojo sigue en pie.
En una resolución firmada ese mismo día, Bonorino rechazó el planteo de hecho nuevo presentado por la comunidad, que incluía la nota oficial del ministro Jorge Tobares donde se exhortaba a suspender el procedimiento hasta cumplir con los protocolos que exige la ley provincial 2302 y otras normas de derechos humanos.
“Lo expresado y el documento acompañado no se adecúa a los presupuestos del artículo 365 del Código Procesal Civil y Comercial ni resulta procedente este instituto en el proceso de ejecución”, escribió el juez en una nota. Para él, el ofrecimiento del Ministerio no modifica nada.
El ministro Tobares había planteado por escrito, el 13 de mayo, que el desalojo no podía ejecutarse sin antes cumplir con una serie de pasos esenciales: diagnósticos sociales, identificación de niños, niñas y personas mayores, trabajo interdisciplinario y una mediación entre las partes.
Comunidades mapuche en alerta
También había recordado que el Lof Kinxikew cuenta con personería jurídica desde 2006 y con reconocimiento formal del Instituto Nacional de Asunto indígenas (INAI) sobre la ocupación tradicional, actual y pública del territorio, otorgado en diciembre de 2023 mediante la resolución 332/2023.
Ante la falta de respuesta judicial, este lunes 19 de mayo el Ministerio volvió a reiterar su ofrecimiento: abrir un espacio de diálogo facilitado por la Subsecretaría de Gobierno, a cargo de Juan "Jony" Grandi, quien había iniciado un diálogo informal con el abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, para intentar descomprimir la situación.
Pese a los gestos del Ejecutivo, el juzgado mantiene firme la orden de lanzamiento. Por eso, desde las comunidades mapuches advierten que la amenaza de desalojo sigue latente y que podrían ejecutarla en cualquier momento, sin aviso previo.
“La orden sigue firme, más allá de que hay una mesa ofrecida. Bonorino quiere el desalojo. Por eso estamos en estado de alerta permanente”, dijeron dese las comunidades.
En su fallo, el juez Bonorino además relativizó la presencia de niños y niñas en el territorio, señalando que ya había recibido un dictamen de la Defensoría del Niño. Y respondió de forma escueta a las presentaciones del SERPAJ y otras organizaciones de derechos humanos: “Téngase presente”, escribió, sin más.
El caso está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde fue presentado un recurso de queja contra la sentencia provincial que habilitó el desalojo. También se tramita una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por las comunidades con el acompañamiento de la Confederación Mapuche del Neuquén.
El mismo día que Bonorino firmó la resolución rechazando el nuevo planteo, el oficial de justicia realizó un trámite técnico, desglosó el mandamiento de desahucio para tenerlo listo.
La situación en Villa La Angostura es una bomba de tiempo, pero que tiene el aval para un freno político. Por un lado, un juez que insiste en aplicar una sentencia pese al reconocimiento oficial de la ocupación indígena. Por otro, un gobierno provincial que intenta abrir una vía política de resolución, pero que no tiene el control directo del proceso judicial.
¿Se frena o no el desalojo?
Las comunidades no descartan que se ordene el lanzamiento por la fuerza en los próximos días. Por eso, mantienen la protesta, los recursos judiciales y el pedido urgente de intervención de organismos internacionales.
“El diálogo está ofrecido, pero el juez quiere el desalojo. Lo que pase de acá en más será responsabilidad del Estado”, advirtieron desde el Lof Kinxikew.
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