Descubren más fraudes insólitos en el otorgamiento de pensiones por invalidez laboral

En medio del ajuste fiscal y el reordenamiento del Estado, el gobierno de Javier Milei inició una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Bajo la dirección de Diego Spagnuolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el objetivo es depurar un sistema que, según las autoridades, arrastra años de descontrol y otorgamientos discrecionales.

Hasta ahora, se suspendieron más de 80 mil beneficios. En total, se calcula un ahorro mensual superior a los $23 mil millones. Sin embargo, esto sería solo el comienzo: la proyección oficial estima que podrían darse de baja al menos 250.000 pensiones en los próximos meses.

La auditoría reveló situaciones que rozan el absurdo: personas fallecidas que seguían cobrando, presos que percibían el beneficio desde la cárcel, y hasta un caso en el que una mujer se presentó disfrazada para suplantar a su marido. En otros expedientes se detectaron radiografías repetidas y diagnósticos por dolencias menores, como pie plano.

En Neuquén hay 9916 pensiones activas, según se informó desde Nación.

Solo en esta primera etapa se suspendieron 65.230 pensiones por diversas irregularidades. A otras 8.207 personas se les aceptó la renuncia voluntaria, posiblemente para evitar sanciones judiciales. Además, se eliminaron 6.643 beneficios porque sus titulares habían muerto, aunque un familiar seguía percibiendo la asignación.

Las autoridades calculan el monto suspendido mediante la fórmula de $ 289 mil mensuales por pensión: $219 mil del beneficio regular, más un bono adicional de $70.000. Multiplicado por la cantidad de suspensiones y bajas, el impacto fiscal alcanza los $23 mil millones por mes.

Un sistema bajo sospecha

El Gobierno atribuye buena parte de este colapso administrativo a las gestiones kirchneristas. Entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones por invalidez laboral se multiplicó por más de diez, pasando de 80.000 a 1.050.000. Durante el último mandato de Alberto Fernández, se sumaron otras 200.000, alcanzando un total estimado de 1.250.000.

Desde la Casa Rosada sostienen que el otorgamiento masivo respondió a intereses políticos y no a necesidades reales. Según testimonios y causas judiciales en curso en provincias como Chaco y Salta, existieron actos públicos donde se repartieron cientos de pensiones sin cumplir los requisitos médicos.

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Durante el último mandato de Alberto Fernández, se sumaron otras 200.000 pensiones.

Spagnuolo fue tajante: “Estamos desarmando una red clientelar. La pensión es un derecho para quien lo necesita, no una herramienta de campaña”.

Nuevas reglas y mayor control

Con el Decreto 842/2024, el Ejecutivo rediseñó por completo el sistema. Entre otros puntos, se creó un nuevo Cuerpo Médico Evaluador y se impuso la reinscripción obligatoria de todos los beneficiarios. Además, la ANDIS recibió facultades ampliadas para auditar, suspender o dar de baja pensiones, incluso de forma preventiva.

También se reforzó el cruce de información con organismos como ANSES, AFIP, PAMI y el Ministerio de Justicia. De esta forma se detectó, por ejemplo, que:

• 212 personas privadas de libertad seguían cobrando pensiones.

• 331 prófugos de la justicia figuraban como beneficiarios activos.

• Un solicitante presentó cuatro diagnósticos distintos y fue acompañado por un abogado a su cita médica.

• Varios beneficiarios mencionaron haber accedido al subsidio “por recomendación del Movimiento Evita”.

Según las nuevas reglas, quedarán excluidas aquellas personas que tengan ingresos superiores al límite legal, posean otros beneficios incompatibles, estén detenidas o tengan causas pendientes con la justicia.

Más allá del ajuste

El mensaje oficial es claro: no se trata de un recorte indiscriminado, sino de una depuración que busca restaurar la legalidad y la confianza en el sistema. Spagnuolo aseguró que no perderán el beneficio quienes lo necesiten de verdad y puedan demostrarlo.

Sin embargo, la medida generó preocupación entre personas con discapacidad que temen perder una ayuda vital por motivos burocráticos o fallas en las convocatorias. Organizaciones civiles reclaman mecanismos de apelación accesibles y un trato digno durante las evaluaciones.

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Mientras tanto, el gobierno mantiene su rumbo. Desde el 12 de febrero se enviaron miles de cartas documento convocando a auditorías presenciales. Quienes no respondan son intimados nuevamente y, si persiste la inasistencia, enfrentan la suspensión. Solo regularizando la situación podrán evitar la baja definitiva.

El proceso recién empieza y promete abrir una nueva etapa en la gestión de las pensiones por invalidez en Argentina, marcada por el rigor y la transparencia. El desafío será garantizar que la justicia social no se sacrifique en nombre del ajuste.