Así lo indica un informe de la Fundación Capital que considera que la baja del IPC que hubo hasta ahora se logró postergando aumentos en tarifas y combustibles.
El proceso de desinflación que se viene produciendo desde el inicio de año llegaría a su fin en el tercer trimestre, debido a que el gobierno deberá poner en marcha aumentos tarifarios que viene postergando.
Así lo indica un reporte de la Fundación Capital, el cual plantea que “con ajustes de precios relativos pendientes, la desinflación encontrará un freno en el tercer trimestre”.
“Si bien el mes de mayo habría cerrado en torno al 5% mensual, siendo el menor registro desde 2022, esto ocurrió en un marco de postergación de los ajuste tarifarios (-2,3 puntos) que difícilmente se sostenga muchos meses dado el objetivo de déficit fiscal cero de las autoridades”, advierte el trabajo.
El estudio sostiene que “con salarios que podrían comenzar a empardar a la inflación, una brecha cambiaria que no puede descartarse que vuelva a mostrar algún signo de tensión, aumentos de combustibles ya pautados, posibles subas en tarifas de servicios regulados y efectos de segunda ronda, luce complejo quebrar el registro de inflación general del 4% mensual hacia el segundo semestre”.
“Prevemos que la inflación suba un leve escalón durante el tercer trimestre, aportando los regulados dos puntos mensuales”, anticipa el estudio.
El trabajo indica que “de retomar los aumentos de tarifas en el tercer trimestre, le podrían adicionar al menos dos puntos de forma directa al IPC mensual (dependiendo de la magnitud de las subas)”.
Así, el trabajo elaborado por el director de la Fundación Capital, Carlos Pérez, plantea que “la inflación se ubicaría en torno al 5,7% mensual en el tercer trimestre, aunque si se decidiera no seguir avanzando con ellos en el último trimestre, podría retornar a los niveles previos”.
“De esta forma, prevemos que la inflación termine el año entre el 146% y el 190% en la medición diciembre/diciembre, en nuestros dos escenarios de mayor probabilidad de ocurrencia (gradual y transición, respectivamente) dependiendo de la magnitud de corrección de precios relativos”, estima el reporte.
Advierte en ese sentido que “el riesgo es el de enamorarse de un sendero de desinflación, a costa de desandar la iniciada corrección de precios relativos”.
En mayo se aplazaron los ajustes en tarifas de electricidad y gas para residenciales de mayores ingresos y sectores productivos (comercios e industrias) que estaban programadas para el quinto mes (115% y 25%, respectivamente) y de esa manera se postergaron 1,8 puntos de inflación.
Aumentos difíciles de afrontar por delante
El estudio sostiene que los hogares de ingresos medios (N3) y bajos (N2) pagan actualmente menos del 5% de los costos de energía eléctrica y menos del 30% del de gas.
El gobierno eliminó por decreto la semana pasada los límites de aumentos en base a la evolución de los salarios del año previo. Las subas a los hogares de bajos ingresos no podían exceder el 40% del incremento de salarios del año previo y para aquellos de ingresos medios, el 80%.
En ese decreto que establece el mecanismo para la quita gradual se subsidios se habilita a aplicar a los usuarios del Nivel 2 el mismo límite de consumo subsidiado que ya rige para los del Nivel 3.
Actualmente, los usuarios afrontan el costo total de generación sobre el consumo de energía eléctrica excedente a los 400 kWh/mes (pagando en promedio el 24% del costo de generación).
“Sólo a modo de referencia, de aplicarse éste límite al N2 y asumiendo que el consumo de ambos grupos es similar (supuesto fuerte), la factura de energía para el promedio de estos usuarios podría más que triplicarse (240%) y pasarían a cubrir el 19% del costo”, sostiene el reporte.
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