La CGT pide la nulidad del fallo que reactivó la reforma laboral

La batalla judicial entre la CGT y el Gobierno por la reforma laboral sumó este lunes un nuevo capítulo. La central obrera presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que apunta directo al corazón del proceso: pedir que se aparten dos jueces y que se declare nulo el fallo que le dio aire al Ejecutivo la semana pasada.

La presentación, firmada por el abogado de la central, Pablo Arnaldo Topet, cuestiona la sentencia del 23 de abril de la Sala VIII, que restituyó la vigencia de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802) que permanecían suspendidos.

Con ese fallo quedó sin efecto la cautelar del juez de primera instancia Raúl Horacio Ojeda, que había frenado la aplicación de la norma mientras la Justicia discutía el fondo del conflicto entre los sindicatos y la Casa Rosada.

Los jueces recusados por la CGT

Uno de los ejes del escrito es la recusación del juez Víctor Arturo Pesino. Según la CGT, el magistrado no podía intervenir en una causa donde estaba en juego la posición del Ejecutivo, porque ese mismo Gobierno había iniciado, a través del Ministerio de Justicia, el trámite para extenderle el mandato más allá de los 75 años.

Para la central obrera, la coincidencia no es casual ya que ambas partes habrían salido beneficiados de la misma jugada. "Beneficios mutuos en desmedro de la sociedad y la división de poderes", dice el escrito, que también señala una contradicción con el acuerdo firmado a principios de 2026 entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que contemplaba no promover nuevas designaciones ni prórrogas en el fuero laboral salvo casos excepcionales.

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La segunda recusada es la jueza María Dora González, a quien la CGT acusa de prejuzgamiento: los magistrados habrían adelantado criterio al sostener, sin mayor fundamento, que los trabajadores afectados no se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para el sindicato, esa conclusión contradice la naturaleza alimentaria de los derechos laborales y desconoce la ley de medidas cautelares contra el Estado.

Pedido de nulidad

Más allá de las recusaciones, la CGT plantea una nulidad absoluta por dos causas: la violación del principio de competencia funcional y la afectación del derecho de defensa.

Este pedido surge debido a que la Sala VIII no era la que correspondía intervenir. Según la central obrera, la Sala I ya había prevenido en causas acumuladas relacionadas y debía ser ella la que siguiera entendiendo en el expediente. La irrupción de la Sala VIII se habría dado sin el traslado correspondiente y con una velocidad que impidió a la CGT advertir y señalar esa incompetencia en tiempo y forma, lo que afectó su derecho de defensa.

"No hay libertad ni discrecionalidad: la regla de competencia es vinculante para todas las salas", sostiene el escrito, que cita jurisprudencia de la propia Sala VIII para reforzar el argumento.

El caso podría llegar a la Corte Suprema

Como vía alternativa, la CGT interpuso un recurso de reposición, argumentando que el fallo carece de fundamento y que no hay otras vías procesales ordinarias disponibles para corregirlo. La presentación advierte que recurrir a la Corte Suprema es una opción de acceso "notoriamente incierto" y que no garantiza una respuesta oportuna para los trabajadores afectados.

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El escrito reserva también la posibilidad de llevar el caso ante organismos internacionales —la OIT y otros de derechos humanos— si la Justicia argentina no da respuestas satisfactorias. Los derechos en juego, según la CGT, incluyen la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección frente a despidos y el principio de progresividad en materia laboral, todos con rango constitucional.