Patricia Bullrich cruzó a Irán tras declarar terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó duramente al régimen de Irán luego de que el gobierno de Teherán declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas. La decisión fue anunciada este miércoles por la Cancillería iraní y representa una represalia directa contra la administración de Javier Milei, que había incluido a la Guardia Revolucionaria Islámica en el listado argentino de organizaciones terroristas.

“Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió Bullrich en su cuenta de X, en respuesta a la decisión del gobierno iraní.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado profundizó sus críticas y apuntó contra las autoridades de Teherán por las violaciones a los derechos humanos y su responsabilidad en los atentados cometidos en territorio argentino.

“Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, sostuvo la exministra de Seguridad.

Por qué Irán declaró terroristas a dos fuerzas militares argentinas

La decisión iraní alcanza a dos de las tres fuerzas armadas de la Argentina: la Armada y la Fuerza Aérea. El Ejército quedó excluido de la declaración.

La medida fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que calificó la decisión del Gobierno argentino de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria como un “acto hostil” y sostuvo que contradice los principios fundamentales del derecho internacional.

Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en respuesta a una decisión del gobierno de Javier Milei.

Desde Teherán explicaron que la respuesta se basa en el principio de reciprocidad y en una ley aprobada en 2019, que establece la posibilidad de aplicar represalias contra países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Además, las autoridades iraníes lanzaron una advertencia contra la administración libertaria: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”.

Sin embargo, no precisaron qué consecuencias concretas podría tener la declaración ni anticiparon posibles acciones contra la Argentina.

Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, en el centro del conflicto

El enfrentamiento diplomático tiene como antecedente la decisión del gobierno de Javier Milei de declarar organizaciones terroristas a las Fuerzas Quds y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La medida quedó formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores. A partir de esa disposición, las organizaciones iraníes fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Para justificar la decisión, la Casa Rosada señaló que existían informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales y la participación de esas estructuras en atentados terroristas cometidos en la Argentina.

En particular, el Gobierno vinculó a la Guardia Revolucionaria con los ataques contra la Embajada de Israel, en 1992, que dejó 29 muertos, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, donde fueron asesinadas 85 personas.

La Justicia argentina atribuyó responsabilidades por el atentado contra la mutual judía a funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, organización libanesa respaldada por Teherán.

La decisión de Milei también se inscribe en su política de alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, dos países enfrentados con el régimen iraní. Washington incorporó a la Guardia Revolucionaria a su listado de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.

A comienzos de 2026, la Unión Europea también adoptó una decisión similar, luego de la represión de las protestas antigubernamentales en territorio iraní.