UNICEF pide una ley de Justicia Penal Juvenil en Argentina acorde a estándares internacionales

En medio del debate por bajar la edad de imputabilidad a 13 años en Argentina, UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) fijó su postura sobre la Justicia Penal Juvenil y remarcó la necesidad de sancionar una ley acorde a los estándares internacionales.

El organismo planteó que el país debe contar con un sistema especializado que garantice el debido proceso, el acceso real a la justicia y medidas graduales orientadas a la prevención del delito, la reducción de la reincidencia y la incorporación de enfoques restaurativos que contemplen a las víctimas y a los adolescentes en conflicto con la ley.

Seguridad y derechos: claves del debate sobre justicia penal juvenil

La discusión sobre la justicia penal juvenil en Argentina se inscribe en un eje central: cómo garantizar la seguridad ciudadana respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. La seguridad es un derecho humano básico y, al mismo tiempo, su ejercicio debe compatibilizarse con normas que aseguren el respeto por las garantías individuales y el desarrollo integral de las personas más jóvenes.

En ese sentido, organismos internacionales recuerdan que cualquier reforma debe alinearse con la Convención sobre los Derechos del Niño y con evidencia científica sobre el desarrollo adolescente.

Derechos del Niño

Edad de responsabilidad y sistema especializado

El Comité de los Derechos del Niño sostiene que la madurez cognitiva y emocional continúa en desarrollo durante la adolescencia, lo que limita la comprensión plena de las consecuencias de los actos y de los procesos penales. Por ello, recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal sea de al menos 14 años y que los países que la fijaron en niveles más altos no la reduzcan. En Argentina, donde la edad se mantiene en 16 años, se plantea la necesidad de consolidar un régimen penal juvenil especializado, con garantías procesales, medidas graduales y un enfoque que contemple la evolución y el contexto de cada adolescente.

El sistema propuesto debe incluir mecanismos de responsabilización acordes a la edad, reparación a las víctimas y alternativas que favorezcan la inclusión social. También se subraya la importancia de fortalecer el sistema de protección integral para detectar a tiempo factores de riesgo como el abandono escolar, la violencia o el consumo problemático.

Prevención, reinserción y uso excepcional del encierro

La privación de la libertad debe ser el último recurso y por el período más breve posible. Distintos estudios en la región y en otros países muestran que el encarcelamiento de adolescentes suele aumentar la reincidencia y dificultar la reinserción educativa y laboral.

En cambio, las medidas alternativas —como la mediación, la libertad asistida, el acompañamiento psicológico o el trabajo comunitario— presentan mejores resultados en términos de reintegración y reducción del delito.

Baja de la edad de imputabilidad

Especialistas remarcan que una respuesta eficaz al delito juvenil requiere intervenir sobre las causas estructurales y ofrecer oportunidades reales de inclusión. El objetivo es evitar nuevas víctimas y cortar la vinculación de los adolescentes con redes delictivas.

Datos y recomendaciones para Argentina

Las estadísticas oficiales indican que la participación de adolescentes en delitos es significativamente menor que la de adultos y que la mayoría de los casos se vinculan con delitos contra la propiedad. A su vez, la tasa de homicidios en Argentina se ubica por debajo de la de otros países de la región que tienen edades de imputabilidad más bajas, lo que alimenta el debate sobre la eficacia de endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal.

En sus observaciones recientes, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a Argentina sancionar una ley integral de justicia juvenil compatible con los estándares internacionales, mantener la edad mínima de responsabilidad penal, promover la justicia restaurativa y priorizar medidas alternativas al encierro. El desafío, coinciden los especialistas, es avanzar hacia un sistema equilibrado que combine sanciones proporcionales, reparación, prevención y políticas públicas sostenidas. Una justicia juvenil moderna y basada en evidencia, sostienen, puede contribuir a reducir la reincidencia, prevenir nuevas víctimas y fortalecer la seguridad ciudadana.