Ushuaia: los automovilistas que choquen y generen destrozos tendrán que pagar los daños

Una ordenanza que entró en vigencia en Ushuaia determina que aquellos automovilistas que provoquen daños en la vía pública debidos a un choque deberán hacerse cargo del costo de la reparación, en caso de dar positivo en el control de alcoholemia. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y ya entró en vigencia en la capital de Tierra del Fuego.

A través el Decreto Municipal Nº1197/2024, el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, promulgó la nueva disposición que había sido aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante luego del debate en comisión.

La Ordenanza Municipal Nº 6355 agrega una serie de nuevos aspectos a tener en cuenta, que se suman a la norma de “alcohol cero" -prohibición de conducir vehículos con tasa de alcoholemia superior a 0 gramos por litro (g/l) de sangre- que ya regía.

Qué es lo nuevo en Ushuaia

A partir de la promulgación de la ordenanza, cuando se registren casos de alcoholemia positiva, el Gobierno local podrá reclamarles a los conductores y las compañías aseguradoras en las que esté registrado el vehículo, el resarcimiento por daños a bienes municipales como cartelería, mobiliario urbano y otros, además de aplicar la sanción económica correspondiente a la infracción de tránsito y proceder al incautamiento del vehículo.

Según indica la norma, se establece formalmente que “pondrán en peligro la seguridad pública las personas que conduzcan vehículos en estado de alcoholemia positiva; bajo la acción de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas; y/o de manera imprudente”, por lo cual se suman estas penalidades a las que ya surgían de los controles correspondientes tal como ocurre en la actualidad.

Entre los nuevos aspectos a tener en cuenta, el más destacado es precisamente el que indica que cuando “como consecuencia de conducir con alcoholemia positiva” se produzcan accidentes que generen daños a bienes municipales, el Ejecutivo “deberá cuantificar el costo de reparación integral del daño y reclamarles a los responsables de los mismos, al propietario del vehículo y a la correspondiente aseguradora, el resarcimiento de las sumas correspondientes, en sede administrativa y/o judicial”.

Esta taréa estará a cargo de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio.

La multa puede llegar a casi $6 millones

En tanto, se mantiene el régimen de sanciones por alcoholemia positiva. Todos los conductores deben someterse al test ante el requerimiento de la autoridad de control (ante la negativa, evasión o agresión, se incurrirá en falta por obstaculizar la inspección).

En caso en que se detecte algún nivel de alcohol en sangre, por mínimo que sea (0 gramos por litro de sangre es lo que indica la reglamentación vigente), el vehículo de quien haya incurrido en la infracción será incautado y se retendrá la licencia de conducir. Además, se establecerán multas que podrán ir de 2 mil a 6 mil “unidades fijas a aplicar “(UFA).

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Las multas por alcoholemia, con incautación de vehículo y de licencia de conducir, continúan vigentes.

La UFA, es la base de cálculo que se emplea para determinar el valor de las sanciones por infracciones de tránsito. Se actualiza de manera semestral, y la última vez que esto se hizo fue en junio, estipulándose un valor unitario de $726 que regirá hasta diciembre inclusive.

De acuerdo con esta cifra, las multas por alcoholemia positiva van de $1.452.000 a poco más de $4.300.000, pero en los hechos esta suma podría ser aún mayor.

Es que, además, se suma la retencion de la licencia de conducir, y la inhabilitación para conducir que podrá ir desde 3 meses hasta 6 en casos agravados de quienes sean sancionados por primera vz, y en escala creciente, hasta un año para reincidentes.

Los infractores, además, deberán obtener un certificado de aptitud psicofísica, acreditar la realización de un curso de reeducación vial y abonar la nueva licencia además de un cargo extra de 2 mil UFA, otros $1.452.000 que se deben agregar indefectiblemente a la multa, por lo cual el importe a pagar por los infractores parte de más de $2.900.000 y llega a casi 6 millones de pesos.

La flamante ordenanza también prevé una campaña masiva de difusión y concientización sobre los alcances de la normativa.