Algunas casi se van a la quiebra. Un régimen mal pagador. El problema de las coimas de la brasileña Odebrecht y varias expropiaciones.
Mientras en Venezuela la dictadura chavista se consolida en el poder algunos empresarios argentinos pueden recordar que los negocios con la patria del “socialismo del siglo XIX” no fueron de las mejores decisiones en su vida.
Al menos dos empresas de las grandes argentinas quedaron la borde del cierre por bancarrota total, mientras que una de ellas tuvo que soportar el “Expropiese” que solía gritar a las cámaras de TV el ex lider el régimen Hugo Chávez.
La reciente venta de las acciones de la empresa mendocina IMPSA a una empresa norteamericana es uno de los casos de aquellos que terminaron mal.
Las turbinas de IMPSA
En los primeros años del kirchnerismo, Enrique Pescarmona, solía integrar las comitivas de Julio de Vido a Caracas. Allí pudo conseguir un negocio para la proveer turbinas de energía para una represa.
La empresa quebró en 2014. El régimen no le pagó. Se sumaron a ello la coyuntura argentina y la baja participación de Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA en la obra pública local fue demasiado para la empresa. La principal proveedora de turbinas y soluciones energéticas de la Argentina entró en cesación de pagos. Entonces, envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que reconoció que no podría hacer frente a un pago de intereses previsto por $42 millones y US$23 millones.
Entre las dificultades más significativas que tuvo entonces, se encuentran una deuda que el gobierno de Venezuela generó con Impsa por la central de Tocoma. En Brasil aseguran que fue víctima del escándalo de las coimas de Odebrecht, la constructora que coimeó a todos los gobiernos de entonces para ganar obras públicas.
La expropiación de Sidor
Otro empresario que tiene malos recuerdos de Venezuela es Paolo Rocca, el presidente del Grupo Techint. En la primera década del siglo la principal productora de caños de acero sin costura para la industria del petróleo había adquirido Siderúrgica de Orinoco (SIDOR). La estrategia era adquirir empresas en la región para evitar que entraran capitales chinos y así mantenerlos lejos del espacio local.
Pero en 2009, Chavez decidió estatizar la empresa. La expropió y acordó con Techint un plan de pagos a tres años. Con el pago, Techint dio por resuelta la disputa pendiente con Venezuela que había motivado una demanda ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.
Venezuela expropió Sidor a principios de 2009. En ese momento, Hugo Chávez pactó que le pagaría u$s1.970 millones a Ternium por el 59,7% que tenía en esa acería. Hacia fines de 2010, el grupo argentino esperaba cobrar la última cuota de esa operación, que –en ese momento– ascendía a US$255,6 millones. Pero eso no sucedió. Así, comenzaron una renegociación que duró más de un mes. Finalmente, el holding que comanda Paolo Rocca logró acordar con el gobierno venezolano la reprogramación del saldo que estaba en mora por la expropiación.
En más de una ocasión y cuando las relaciones entre el Gobierno y Techint atravesaban un buen momento, la admistración kirchnerista terció para que el grupo lograra cobrar por la nacionalización de Sidor. El encargado de esas intervenciones no oficiales fue el ministro de Planificación, Julio De Vido.
Además de Sidor, el gobierno de Chávez también se quedó con otras dos siderúrgicas de menor tamaño que Techint tenía asentadas en Venezuela. Se trata de Tavsa (tubos) y Matesi (briquetas) que pertenecen a Tenaris. Por esta última empresa, Techint también inició una demanda ante el Ciadi.
El caso de Sancor y Venezuela
La tercera empresa que sufrió en carne propia al chavismo fue la cooperativa Lactea Sancor, a cual casi quiebra y desaparece del mercado, tras haber sido por años una de las dos jugadores mas importantes junto a La Serenísima.
SanCor registró en 2016 su peor desempeño financiero, debido a las cuantiosas pérdidas originadas por el incumplimiento de pagos del gobierno de Venezuela, país al que proveía de leche en polvo.
SanCor presentó pérdidas superiores a los $1.500 millones en el primer trimestre de 2016, según pudo comprobarse en los balances que envió la Comisión Nacional de Valores (CNV), el órgano de control bursátil. El principal motivo de ese rojo operativo corresponde a la deuda de u$s150 millones contraída por el gobierno de Nicolás Maduro, equivalentes a unos $2.200 millones al tipo de cambio actual, monto que le hubiera permitido compensar el desequilibrio de sus cuentas.
Para resolver su quiebra la cooperativa tuvo que desprenderse de unidades de negocios y de lineas de producción al tiempo que pudo acordar un plan con sus acreedores.
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